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Cambiemos planea que las FF. AA. intervengan en el combate al narco y el "terrorismo"

Cambiemos analiza cómo sortear el obstáculo de la una ley de Seguridad Interior que prohíbe a las FFAA actúen puertas adentro del país. La reunión del G-20 podría acelerar la decisión.

Martes 31 de octubre | Edición del día

El anuncio se volvió a reiterar en medio que la comunidad mapuche es señalada como terrorista por reclamar sus derechos. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, retomó la agenda de quien lo precedió en la Cartera. Analiza junto a miembros del gabinete reestructurar las Fuerzas Armadas.

Entre aquellos cambios que evalúan realizar, el más polémico es autorizar la participación de las tres fuerzas ante agresiones externas y la lucha contra el narcotráfico.

La reforma que prepara Aguad, fue anticipada hace unas semanas atrás en la Ciudad de Córdoba, cuando en el marco de un acto de gobierno (recibió cuatro aviones Texan II adquiridos en Estados Unidos por una cifra millonaria anunciaba que elabora un proyecto de reestructuración que "redefinirá el rol de las fuerzas militares".

Tras la victoria amarilla en las pasadas elecciones, el Gobierno buscará avanzar en estas medidas. Para eso estudia modificar el decreto que reglamentó la ley que limitaba la función de las Fuerzas Armadas. Según ministros del gabinete nacional, el decreto sancionado bajo la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, excedió lo dispuesto en la ley de defensa nacional, de 1988, que reservaba el instrumento militar a los ataques externos, no sólo de una fuerza estatal.

La otra alternativa legal que manejan es modificar la Ley de Seguridad Interior que les otorgue a los militares la potestad de intervenir en la seguridad del país. Aunque esto es menos probable porque requiere de un acuerdo en el Congreso, hoy Cambiemos no sabe si lo podría conseguir, esto a pesar que contó hasta hora con las principales fuerzas políticas para promulgar las leyes que envió al Parlamento, entre ellos el Frente Renovador de Sergio Massa y el PJ.

La intención de modificar este decreto no es remota, sino que está en agenda de los ministros de las carteras de Seguridad, Defensa, Justicia, el jefe de Gabinete y los directores de la AFI. Esta política se volvió a evaluar en reuniones mantenidas la semana pasada entre el presidente Macri, el ministro de Defensa Oscar Aguad, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros.

Esta resolución podría acelerarse ante la proximidad de la reunión del G-20 en Buenos Aires, que convocará a los principales jefes de Estado del planeta en noviembre de 2018.

Ante el desprestigio creciente de la Gendarmería por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, aún después de que su cuerpo sin vida apareciera en circunstancias muy dudosas, existe en el Gobierno Nacional dudas de cómo garantizar el control del espacio aéreo y la seguridad de los jefes de Estado y delegaciones extranjeras durante la cumbre del G-20. Por este motivo equipar a las Fuerzas Armadas se ha convertido en un objetivo de primer orden para Cambiemos, que para esta cumbre analiza nuevas compras millonarias en armamentos, entre ellos lanzadores de misiles de corto alcance, cinco cazabombarderos, además de la provisión de materiales.

Entre otras de las preocupaciones de Aguad se encuentra la ciberdefensa, lo que señaló como la necesidad de "cuidar las fuentes de nuestras informaciones, datos y archivos". Para esto viene trabajando en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas el Comando Conjunto de Ciberdefensa, que también podría tener participación en el combate del terrorismo, a través de una acción coordinada con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Ministerio de Seguridad.

A partir de enero, además, se conformará un Comando Conjunto de Fuerzas Especiales, que coordinará distintas operaciones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El ministro, además, prometió a las uniformadas mejoras salariales y novedades en el equipamiento, aún más, de las tres fuerzas.

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Las Fuerzas Armadas en seguridad interior

Esta posibilidad se encuentra hoy prohibida a través de distintas leyes, hoy conocidas como las leyes de la democracia. Desde 1988 hasta hoy las Fuerzas Armadas tenían negado por ley intervenir en la vida interna del país. Bajo el gobierno de Raúl Alfonsín se sanciona la Ley 23554 de Defensa Nacional donde se establece que la función de las tres armas es enfrentar las agresiones de origen externo; en 199, bajo el gobierno de Carlos Menem sancionan la ley 24059 de Seguridad Interior, en la que se prohíbe que las FF.AA. actúen en dispositivos de seguridad interior; en 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, fue aprobada la ley de Inteligencia Nacional que prohíbe a los militares intervenir en estas áreas. En 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, se reglamentó por decreto la ley de Defensa. Bajo el decreto 727 limitó el empleo de las Fuerzas Armadas únicamente ante "agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados”.

Estados Unidos y el narcoterrorismo

Richard Nixon inventó el neologismo “narcoterrorismo”. Bajo su gobierno, en la década del 70, la guerra contra las drogas selló la militarización de esta política dentro y fuera de los Estados Unidos. A partir de entonces las políticas contra las drogas ilícitas tomó otra densidad: la seguridad nacional. Desde 1878 las fuerzas armadas de los Estados Unidos tenían prohibido por ley actuar dentro del país en actividades de orden público. Bajo la teoría de la seguridad nacional y de las nuevas amenazas públicas, durante el gobierno de Ronald Reagan se autorizó la participación indirecta de las fuerzas armadas en combate antidrogas.

En abril de 1986 Reagan firmó un decreto presidencial que declaraba a las drogas ilícitas una amenaza letal en la seguridad de los estados Unidos y amplió el rol de los militares en la lucha contra las drogas. A partir de allí Estados Unidos comenzó su intervención militar en países de Latinoamérica.

A pesar de esta militarización el negocio ilegal de sustancias creció y fortaleció poderosas organizaciones criminales que cuentan con el consentimiento y la colaboración de fuerzas de seguridad, el poder Judicial, político y financiero. La guerra contra el narcotráfico, que privilegió estrategias policiales y militaristas, sólo provocó violencia y vigorizó el crimen organizado.

El 19 de enero de 2016 Macri firmó el decreto 228 que declaró la “emergencia de seguridad pública”. Allí se estableció que el narcotráfico es una amenaza para la soberanía y que se deben “adoptar las medidas que permitan extremar el uso de los recursos del Estado Nacional en orden a enfrentar los flagelos señalados”.

Asimismo, estableció un protocolo para que las Fuerzas Armadas derriben aviones, cuando fueran sospechadas de transportar drogas. Con este decreto tomó estado jurídico “las nuevas amenazas” en nuestro país.

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Que el Gobierno de Macri acuda a viejas políticas que fracasaron en el mundo, muestra que la lucha contra el narcotráfico no es más que una excusa para otorgarle poder a los militares en la represión interna. La insistencia en mostrar a la comunidad mapuche como terrorista es un peligro aún mayor, porque le otorga al discurso de Cambiemos una densidad con el cual busca encontrar un consenso social a esta política. Pero cualquier decreto o ley que quieran modificar con este objetivo, tendrá que enfrentar a una sociedad que se moviliza, masivamente en todo el país, en marchas contra el 2x1 y por justicia para Santiago Maldonado.








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