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Cristina Fernández reconoce que no se debatirá una "verdadera" reforma judicial

La vicepresidenta defendió la necesidad de la reforma judicial por las persecuciones políticas del macrismo a través de los tribunales. Reconoció que la reforma no es tal cosa e invito a discutirla en el ámbito del Congreso nacional.

Facundo Aguirre

IG: @hardever // Twitter: @facuaguirre1917

Martes 25 de agosto de 2020 | 21:48

Cristina Fernández de Kirchner aseguró en un artículo en su página web que “en el Senado vamos a tratar un proyecto de ley titulado “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal”, enviado por el Poder Ejecutivo y por el cual se crean nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Además, se comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires”.

Aclaremos de entrada que el proyecto de reforma judicial despertó la viva oposición de una derecha reaccionaria que tiene enorme fuerza dentro del partido judicial porque ve peligrar sus posiciones actuales y teme el fortalecimiento de una fracción afín al oficialismo. Comodoro Py representa esa alianza entre jueces, fiscales y servicios de inteligencia que constituye la fuerza motriz de la Justicia Federal. La reforma, a lo máximo que aspira es a descentralizar esa concentración en los tribunales de Retiro.

La actual casta de funcionarios judiciales por su parte, desean mantener el status quo para ser ellos quienes corporativamente, frente a la crisis y probable debilidad de los partidos de la burguesía, ejerzan un poder de veto en defensa de los intereses particulares de la burguesía, en nombre de ser garantes últimos de la constitucionalidad. El poder de veto del partido judicial se pudo ver en el caso Vicentin, donde el juez actuó como agente de los intereses de la patronal vaciadora.

La amenaza velada de Eduardo Duhalde de que se puede dar un golpe de Estado si se avanza en medidas como la reforma en el ámbito de la justicia, habla del nivel de beligerancia existente. La vicepresidente hace una advertencia en su escrito sobre las “asonadas mediáticas y políticos apocalípticos”. El partido judicial ha venido actuando en América Latina como instrumento de los golpes blandos. Que en Argentina cumpla o no ese papel no es un tema que se vaya a subsanar dando más peso a otro sector de la casta, sino por las relaciones de fuerza más generales que sean impuestas por el desarrollo de la crisis y la movilización popular.

La reforma que no es

Ateniéndonos a las palabras de la vicepresidenta, la reforma judicial tiene por objetivo extender y reforzar el fuero penal, sobre todo, en la Ciudad de Buenos Aires; por ende se plantea generalizar el conjunto de privilegios de los cuales gozan los encargados de la aplicación de la justicia. Según señalan algunos analistas, la medida iría acompañada de la creación de nuevas fiscalías, que vendría a ser la parte acusatoria, pero no de nuevas defensorías que quedarían reducidas a su número actual. No asistimos entonces a un proceso democratizador de la Justicia Federal, o de ampliación de derechos para los ciudadanos que deben someterse al arbitrio de los tribunales.

En su escrito CFK describe cómo Cambiemos “Convirtió a la AFI en el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores”. Sin duda el gobierno de la derecha reforzó las relaciones entre los servicios de inteligencia y los jueces en el armado de causas y operaciones para perseguir opositores y salvar a los propios. Ciertamente el macrismo utilizó al Poder Judicial como instrumento de persecución política y armado de causas contra opositores, entre ellas la propia vicepresidenta. Ahí tenemos aún preso a Luis D’Elia por la toma de una comisaría en la Boca en respuesta al asesinato de un militante barrial, por un narco protegido por los policías. Extrañamente los que piden una reforma judicial, no dicen una palabra sobre la libertad del dirigente social.

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La vicepresidenta omite decir que la colonización de la justicia federal por los servicios de inteligencia fue algo que el kirchnerismo nunca se propuso cambiar, e incluso se valió de la misma. Recordemos la causa AMIA y el entronamiento por parte del gobierno de Néstor Kirchner del fiscal Alberto Nisman al frente de la investigación, junto a Jaime Stiusso, el oscuro jefe operativo de la SIDE. La misma fue armado de los servicios e inteligencia nacionales e internacionales, la CIA y la MOSSAD, para señalar la responsabilidad iraní en el atentado a la mutual israelí. Dicho nombramiento no fue una medida aislada, fue acompañada en su momento por la votación de la Ley Antiterrorista en el mismo período. El macrismo va a aplicar esta norma para justificar la represión que culminó con la represión de Gendarmería y la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Dicho sea de paso, en el marco de la reforma, nadie se plantea derogar la ley antiterrorista que en su momento fue votada para congraciar a George Bush Jr.

Negociación

El llamado de la vicepresidenta a discutir todo dentro del ámbito del Congreso de la Nación, habla más de la intención de negociar un nuevo armado judicial donde pueda ingresar un sector de la oposición, más que de plantear un cambio democrático. CFK reconoce que “sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”. A confesión de partes, relevo de pruebas, dicen los abogados.

En síntesis la reforma no es democratizadora, no se plantea terminar con el carácter oligárquico y el poder casi vitalicio de la casta judicial, mediante la elección por sufragio universal de jueces y fiscales, ni la constitución de juicios por jurados. Amplía además, el usufructo de los privilegios de una casta que vive muy por encima del conjunto del pueblo trabajador, en lugar de establecer que ningún funcionario judicial pueda ganar más que un director de escuela y no otorga nuevos derechos a los ciudadanos, ni se plantea junto al llamado a desmantelar la legislación represiva como la Ley Antiterrorista.







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