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REPRESIÓN CDMX

Amnistía por ataques a la paz pública es un logro de la protesta social, no del gobierno

La misma Asamblea Legislativa que aprobó la tipificación del delito de ataques a la paz pública anunció que otorgará amnistía a quienes hayan sido juzgadas por éste. ¿Qué implica esta reforma en tiempos electorales?

Miércoles 25 de abril | 16:24

Este martes la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) aprobó una reforma a la Ley que significa una amnistía por los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión motín, ataque y sedición, para más de 500 jóvenes que fueron detenidos, durante la represión a las protestas por policías y granaderos de Miguel Ángel Mancera, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015, de los cuales tres continúan presos y casi un centenar enfrenta bajo libertad condicionada algún tipo de proceso penal.

Estos delitos inconstitucionales, son muestra del autoritarismo y criminalización a la protesta social, equiparable a la represión ejercida por los gobiernos de Díaz Ordaz y Luis Echeverría en las décadas de los años 60 y 70 en México. 

Los detenidos políticos del 10 de junio de 2013, no olvidamos que la misma Asamblea Legislativa aprobó en 2002 la ley que permitió nuestra detención y criminalización, así como a cientos de jóvenes más. ¿Amnistía por ataques a la paz pública? No es un logro del gobierno. Si de la protesta social. Esta medida, no puede ser vista como un triunfo, sino como una distensión implementada por la Cámara de Diputados, que pueda ser capitalizada por el régimen, producto del descontento y el contexto electoral.

Quienes firmamos esta nota, detenidos políticos del 10 de junio de 2013, no olvidamos que la misma Asamblea Legislativa aprobó en 2002 la ley que permitió nuestra detención y criminalización, como a cientos de jóvenes más. Saludamos la liberación de los compañeros y reiteramos la denuncia contra el gobierno del PRD y al régimen que los mantuvo ilegalmente como presos políticos, al mismo tiempo que Miguel Ángel Mancera permanece en la impunidad.

Lo anterior es tan sólo una muestra del carácter reaccionario del régimen y de instituciones como la propia Asamblea Legislativa –que se pintan de “democráticas”– pero que siguieron reprimiendo la protesta social y durante años mantuvieron como “rehenes políticos” a los presos, a pesar de que se demostró la inconstitucionalidad de los delitos y las acusaciones como parte de una batalla legal encarnizada de la Liga de Abogados 1° de Diciembre, junto a otras organizaciones y la movilización social.

Fue durante 2002 que el gobierno del entonces jefe de gobierno de la ciudad, Andrés Manuel López Obrador, actual candidato a la presidencia por MORENA, avalaron entre otras reformas, la del Código Penal, con la tipificación del delito de terrorismo en el artículo 362. A cargo de la ciudad, sus intereses se movieron al compás de las necesidades de los empresarios y se "embellecen" de manera oportunista en tiempos electorales.

Un mes después de la aprobación de la reforma, el mismo AMLO solicitó la reclasificación del delito a ataques a la paz pública, aunque sin ninguna otra modificación de fondo. Endulzar la presentación del delito no aligeró las condenas, que iban hasta los 30 años de prisión.

Tras la brutal represión del 1° de diciembre de 2012 a las protestas que desconocían a Enrique Peña Nieto como presidente de México, la ALDF tuvo que recular. Aunque no se consiguió la derogación (una de las demandas centrales de las movilizaciones por la libertad de los presos políticos en la Ciudad), se redujo el rango de la pena de prisión, lo cual significó la libertad de muchos compañeras y compañeros.

Esta amnistía, que incluye a quienes fueron juzgados por ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, sabotaje y sedición, y que cancela órdenes de aprehensión pendientes y elimina antecedentes penales, tenía al menos tres años retenida.

En ese tiempo, cientos de personas, principalmente jóvenes, fueron golpeadas, criminalizadas y encarceladas, mientras la administración de Mancera, importante sostén del Pacto por México pintaba de rosa la Ciudad y sacaba a las calles a miles de policías. Las recomendaciones de la Comisión local de Derechos Humanos fueron siempre letra muerta en cuanto a reparación integral del daño y no repetición.

Fue hasta febrero de 2016, y tras tres años de deliberaciones, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de ataques a la paz pública por considerarla "violatoria de los derechos y la seguridad jurídica y dar al juzgador un amplio margen de interpretación y arbitrariedad". 14 años de criminalizaciones de la protesta y los movimientos sociales después.

Distintos partidos y sus medios de comunicación están presentando esta amnistía como un triunfo para la libertad de expresión y de manifestación, sin embargo, a la juventud se le sigue criminalizando y asesinando todos los días.

Ahí está Marco Antonio, secuestrado y torturado por la policía de Mancera al norte de la Ciudad de México en enero de este año. No olvidamos a nuestros compañeros de la UNAM y la UACM asesinados a principios de mes como parte de la oleada de violencia y descomposición social provocada por medidas como la militarización.

A la par de que sabemos que la libertad de los presos no es ningún obsequio del Estado, estamos convencidos de que quienes exigimos reparación integral del daño, en el caso particular de quienes fuimos detenidos el 10 de junio de 2013 y acusados de estos mismos cargos, continuaremos en la lucha contra el desgaste que nos quiere imponer el gobierno de la Ciudad.

Por ello, rechazamos sus intentos por aparecer como "democráticos" con medidas que buscan desmovilizar la exigencia de libertad inmediata, absoluta e incondicional de todas y todos los presos políticos, y reiterando la importancia de salir a las calles sin ninguna confianza en la justicia burguesa, contra la represión y la criminalización de la protesta y la juventud.

Alejandro Osorio, Gonzalo Arredondo, Jesús Pegueros, Nancy Cázares y Sergio Moissen, detenidos del 10 de junio de 2013.






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