Política

NACIONAL

Bullrich quiere legalizar la doctrina Chocobar

El Ministerio de Seguridad pretende legalizar, a través de una resolución, el uso de armas de fuego cuando la persona está huyendo. Es un intento de reglamentar la doctrina Chocobar.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Viernes 30 de noviembre de 2018 | 22:35

La resolución ministerial fue publicada el pasado 27 de noviembre y entrará en vigencia luego que sea publicado en el Boletín Oficial. La nueva disposición reglamenta el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad.

La resolución 956/ 2018 del Ministerio de Seguridad, que deroga disposiciones anteriores, habilita que un agente federal utilice armas letales y las dispare, entre otras circunstancias, contra una persona que huye.

Es un intento de legalizar la doctrina Chocobar, luego que hasta la Corte Suprema de Justicia fallará contra el agente Luis Chocobar y ratificará la calificación “de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento de un deber”.

Las evidencias contra Luis Chocobar lograron que hasta el oficialista presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, votara a favor. Es que las cámaras registraron cuando en diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, el policía Luis Chocobar disparaba por la espalda a un joven que huía luego de cometer un robo.
Pablo Kukoc de 18 años murió horas más tarde en el Hospital Argerich.

Las cámaras no solo registraron que el policía disparó contra el joven por la espalda, sino que además estaba en el piso. A pesar de estas pruebas Mauricio Macri lo recibió en la Casa Rosada y junto a la ministra Patricia Bullrich se fotografiaron con el asesino del joven Kukoc.

Una respuesta que tardó tres años en llegar

Desde que asumió la cartera de Seguridad Patricia Bullrich se desconocía cuál era el protocolo con el que intervenían las fuerzas federales de seguridad. A poco de asumir, el 16 de febrero de 2016, el Gobierno publicó un documento para regular la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.

Desde este momento la ministra Bullrich señaló en distintas oportunidades que el protocolo estaba vigente, sin embargo, el reglamento nunca se oficializó ni se publicó. Para la actuación de las fuerzas federales se necesita una resolución ministerial que lo apruebe. No hubo una resolución del Ministerio de Seguridad que pusiera en vigencia aquel protocolo ni tampoco se dispuso la derogación del anterior, aprobado durante la gestión de Nilda Garré, ministra de Seguridad durante el kirchnerismo.

Por este motivo la cartera que conduce Bullrich tuvo que responder cuál era el protocolo que usaban. En diciembre de 2017 el Ministerio de Seguridad respondía al Cels que las fuerzas de seguridad no utilizaban ningún protocolo, y que en caso de desalojos, actuaban como auxiliar de la Justicia.

Desde entonces se desconocían bajo que disposiciones actuaban las fuerzas represivas del Estado. Días atrás el secretario del Ministerio de Seguridad respondió al pedido de informes que solicitaron Myriam Bregman y Matías Aufieri, abogados y miembros del CeProDH, que representan legalmente al diputado Leonardo Grosso.

La causa se inició luego que manifestantes y legisladores fueran reprimidos por protestar contra la ley de reforma previsional; un perro lanzado al ataque por Gendarmería mordió al diputado, provocándole heridas considerables.

La querella solicitó que el gobierno responda cómo fue el operativo ordenado en las jornadas del 13 y 14 de diciembre. El secretario del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, tardó meses en responder el pedido de informes que los abogados del CeProDH presentaron ante el juez Torres. Por primera vez admiten que los rige la resolución 210/2011, que prohíbe que utilicen armas de fuego en manifestaciones.

Sin embargo, aun cuando rige la resolución 210, no la cumplen. El día que reprimieron la manifestación en la que se encontraba Santiago Maldonado, dispararon balas de plomo. Lo que obligó a que huyeran quienes se encontraban reclamando por las tierras para la comunidad mapuche. Por eso la muerte del joven es un crimen de Estado.

La nueva resolución del Ministerio de Seguridad no incluye específicamente cómo actuarán las fuerzas federales en las manifestaciones, como sí lo hicieron en el proyecto de 2016. Sin embargo, el actual, es tan amplio que podrá usarse bajo cualquier circunstancias, además que legitimará el gatillo fácil.







Comentarios

DEJAR COMENTARIO