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Bullrich no pisa la UBA por miedo a que le recuerden a Maldonado

La ministra y su par Garavano eran invitados centrales en un evento en la Facultad de Derecho. Estudiantes preparaban una ruidosa recibida. Por esa razón, no fueron y enviaron a ignotos subordinados.

Viernes 17 de noviembre | 11:22

Se trata de la presentación del proyecto de estatuto de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe (Copal) realizada ayer jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). A dicho evento habían sido invitados la ministra de Seguridad Patricia Bullirch y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, quienes decidieron pegar el faltazo para no enfrentar el repudio generalizado de los estudiantes por su accionar y el del Gobierno nacional en el caso Maldonado.

La comunidad estudiantil, a través de varias de las agrupaciones, entre ellas las referenciadas con el Frente de Izquierda, ya habían expresado su rechazo a la visita de los funcionarios nacionales por considerarlos responsables políticos de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, al mismo tiempo que encubridores de la Gendarmería Nacional, fuerza que comandó la represión en la comunidad Pu Lof en Resistencia en Cushamen el 1 de agosto, último día en que Santiago fue visto con vida.

Días anteriores circuló un comunicado emitido por Julián Asiner, presidente de la FUBA, en el que se afirmaba que “la actividad que las autoridades de Franja Morada organizan este jueves en la Facultad de Derecho de la UBA con la presencia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia, Germán Garavano y el diputado electo de Cambiemos, Fernando Iglesias es una provocación contra los miles de estudiantes que reclamamos Justicia por Santiago Maldonado”.

El comunicado agregaba que “Bullrich es la principal responsable política del operativo ilegal de Gendarmería, tras el cual murió Santiago Maldonado. Desde entonces, su ministerio, conducido por un abogado de genocidas como Pablo Noceti, que dirigió personalmente el operativo en el lugar, se dedicó a borrar pruebas, difundir versiones falsas y hasta delatar testigos de identidad reservada con el único propósito de encubrir a la Gendarmería y encubrirse a sí mismos. Su lugar no es la Facultad de Derecho sino el banquillo de los acusados”.

La presentación, que contó entre uno de sus principales organizadores al diputado de Cambiemos Fernando Iglesias, había sido planificada originariamente para el mes de septiembre. Sin embargo, en esa oportunidad debió ser cancelada por el mismo motivo.

Finalmente, las autoridades de la facultad de Derecho, cuyo Concejo Directivo se negó a pronunciarse por la desaparición de Santiago Maldonado, planificaron hacerla el jueves pasado, a pesar de la ausencia de Bullrich y Garavano.

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Garavano en su representación envió al subsecretario de Política Criminal de su cartera, Juan José Benitez, mientras que Bullrich fue reemplazada por Gastón Schulmeister, director de Cooperación Internacional del ministerio de Seguridad.

En el transcurso de la charla, mientras Iglesias estaba haciendo uso de la palabra, un nutrido grupo de estudiantes se hizo presente en el lugar para hacerse escuchar, mientras adentro del aula otros gritaban en voz alta: "“¡Santiago Maldonado, presente!”

Ante esta situación, Iglesias tuvo que admitir que el evento ya había sido cancelado en el mes de septiembre por el “tema tan penoso de este chico, Santiago Maldonado”, al mismo tiempo que se refirió a la ausencia de Bullrich y Garavano, al afirmar que "nos apena que hoy haya ausencia de gente que estaba prevista pero quizá fuimos ingenuos o no previsores. Lo organizamos en una sala que tiene una sola puerta, no fue la mejor forma".

Como ya habían denunciando estudiantes de esa facultad a este medio, el panel y el contenido de la charla estuvieron pensados en función del plan gubernamental de avanzar en una política represiva. Plan, que, con la justificación de combatir el "narcotráfico" y el "terrorismo", implementa métodos de control en la sociedad, de espionaje estatal, de aumentar el poder de las fuerzas represivas y de criminalización de la protesta social.








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