Economía

LONDRES

Brexit: la libre circulación de personas termina en 2019, según el portavoz de May

La afirmación del portavoz de May se contradice con las declaraciones del ministro británico de Finanzas, quien sostuvo que no habría cambios en las normas de inmigración. Continúa la incertidumbre.

Martes 1ro de agosto | Edición del día

"El libre movimiento acabará en marzo de 2019", aseguró el portavoz de May a periodistas y añadió que "otros elementos del sistema de inmigración post Brexit serán abordados a su debido tiempo, sería equivocado especular sobre qué forma podría tener o sugerir que el libre movimiento continuará como en la actualidad".

Las declaraciones del vocero de May se contradicen con las afirmaciones de la semana pasada del ministro británico de Finanzas, Philip Hammond, quien aseguró que no habría modificaciones en las normas de inmigración una vez que Reino Unido salga de la Unión Europea.

El portavoz de la primera ministra británica indicó que la posición sobre el Brexit seguía siendo la establecida por May en enero.

Además, agregó que los detalles de un período de implementación post Brexit eran un asunto a negociar, pero que Reino Unido no está buscando una solución "ya existente".

El resultado electoral afectó los planes iniciales de May

El vocero de la primera ministra británica afirmó que continúa la posición sobre el Brexit de May en enero, pero omite que en junio se convocaron elecciones con el fin de fortalecer su gobierno en las negociaciones de la salida de la Unión Europea para pactar un brexit duro. Sin embargo, los resultados le dieron una derrota a los conservadores, que perdieron su mayoría absoluta.

El resultado electoral presionó al Gobierno hacia un brexit más suave, porque quedaron en minoría los que pedían un brexit duro.

Las declaraciones del vocero de May parecen precipitadas cuando aún hay muchos aspectos en debate y cuando la primera ministra llegó debilitada y cuestionada, al inicio de las negociaciones de la salida del bloque con la Unión Europea, quien impuso jerarquizar en la agenda los costos del brexit que deberá abonar el Reino Unido a las cuentas comunitarias y el estatuto de los ciudadanos británicos que viven a un lado y otro del canal de La Mancha y la frontera de Irlanda del Norte, y de los de la Unión Europea.

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