Política

CÁRCELES DE LA MISERIA

Brasil: irrisoria “condena” a jueza que mandó a cárcel de hombres a una joven de 15 años

El Consejo Nacional de Justicia de Brasil sólo inhabilitó por dos años con goce de sueldo a la jueza Clarice de Andrade que hace diez años encerró a una joven en una celda con treinta hombres.

Mariano Alvarellos Diez

Estudiante de Derecho de la UBA / Miembro del CeProDH

Lunes 17 de octubre | 02:10

En 2007 una adolescente de 15 años fue detenida en el Estado de Pará por un supuesto intento de hurto de un teléfono celular. Fue entonces cuando la jueza Clarice de Andrade ordenó su detención y envío a una celda con más de treinta hombres. Allí fue violada repetidamente y torturada.

La policía a cargo de la celda, incluso, solicitó el traslado urgente de la joven debido a que su vida corría riesgo. Pero la jueza se tomó casi dos semanas para responder y cumplir con lo solicitado. Es justamente este hecho el que se consideró más grave para inhabilitarla.

En 2010 el Consejo Nacional de Justicia había ordenado remover de sus funciones a Andrade, que argumentaba que la demora se había dado por responsabilidad del personal a su cargo que había demorado en dar la orden, lo cual fue desmentido por otros funcionarios y empleados y comprobado por el Consejo. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal en el año 2012 anuló la condena y solicitó la revisión por parte del CNJ.

La Asociación de Magistrados Brasileros, que tiene a su cargo la defensa de Andrade, emitió un comunicado informando que recurrirán contra la sentencia, por considerarla “desproporcional y equivocada”. Además, sostiene que la responsabilidad le cabe al Poder Ejecutivo. Por su parte, el Tribunal de Justicia de Pará manifestó que no iba a posicionarse sobre el caso.

Siete años ya lleva el proceso por el que se evaluó a la jueza. Siete años para una sentencia ridícula, en comparación a lo que le costó a la joven de 15 años el supuesto robo de un celular.

La decisión respecto de la situación de la jueza es aberrante. No sólo porque en dos años puede volver a alimentar el podrido y deshumanizante sistema judicial con prácticas similares, sino porque además le mantienen el goce de haberes. Es lo más cercano a una licencia con goce de sueldo.

Cada vez más pobres presos

En el gigante sudamericano, entre los años 2000 y 2014 (lo cual incluye los mandatos de Lula y Dilma), la población carcelaria aumentó en un 167 %, llegando al total de 622.202 presos en ese año. De ese total, sólo el 60 % tenía condena.

Brasil es el cuarto país del mundo con mayor cantidad de presos, mientras que los funcionarios corruptos disfrutan de su libertad y del golpe institucional que dieron contra Dilma Roussef. De mantenerse el crecimiento de la avanzada punitiva a este ritmo, se calcula que para el año 2075, el 10 % de la población brasilera vivirá hacinada (como en la actualidad, pero peor) en cárceles.

¿Justicia de quién? ¿Quién te ajusticia?

El Poder Judicial, como en el resto de los países del mundo, se ubica como “árbitro” en la política. En el caso brasilero, desde allí se orquestó la causa judicial por la llamada “operación Lava Jato”. Sin embargo no cesa en demostrar que se defiende como corporación y que quiere mantenerse intacto.

La gobernadora de Parána Julia Carepa, sostuvo demagógicamente que una mujer no debería ser detenida en celdas de hombres, sin importar su edad. No obstante, hace meses otra mujer de 23 años fue encarcelada junto a 70 hombres durante un mes en una comisaría del mismo Estado.

No es posible sostener más un Poder Judicial tan nefasto, que obliga a mujeres a ser sometidas a las peores violaciones de derechos humanos, en las peores condiciones. Ni siquiera es necesario demostrar las contradicciones de este sistema penal, que se cae solo de ver la realidad en casos como éste, donde a las claras se ve que el concepto de justicia que se maneja, no es otro que la tortura y el no reconocimiento de múltiples derechos y garantías reconocidos internacionalmente.

Un sistema penal que perpetúa y profundiza este tipo de violaciones no puede terminarse sin modificar el carácter del Estado opresor que lo sostiene con el fin de amedrentar a los sectores populares bajo una constante amenaza de un futuro tras las rejas a quien ponga un pie fuera de la “norma”.

Pero la norma no salda las condiciones necesarias de supervivencia, y el capitalismo hace del delito contra la propiedad privada una industria de delincuencia en la que participan jueces, policías y civiles. Algún día la bronca de los pobres se levantará contra esta justicia de barrotes, que a tanta violencia y muerte los somete.




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