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CUT Y GOBIERNO

Brasil: Verdades y mentiras sobre el Programa de Protección del Empleo

La Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT) viene elaborando y discutiendo con el gobierno desde hace meses el llamado Programa de Protección al Empleo (PPE) – o Sistema de Protección al Empleo (SPE). El discurso de la burocracia sindical petista es el de preservar el empleo en momentos de crisis, pero en la práctica el proyecto tiene como objetivo mantener, en momentos de crisis, las ganancias patronales.

Leo Andrade

Campinas

Miércoles 10 de diciembre de 2014 | Edición del día

Foto: Vagner Freitas, Presidente de la CUT

¿Cómo funcionaría el PPE?

El programa todavía sigue en discusión con el gobierno y el Ministerio de Hacienda, que encabezará a partir de ahora Joaquim Levy, del banco Bradesco. La idea inicial propuesta por la Central Única de Trabajadores (CUT) y defendida también por Força Sindical, la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), la Unión General de los Trabajadores (UGT) y la Nova Central, es decir, por todas las burocracias sindicales, es que en momentos de crisis económica las empresas puedan reducir la jornada de trabajo con reducción salarial.

El programa se basa en el modelo alemán, un programa similar llamado kurzarbeit, que sería algo así como “jornada reducida” como afirma el presidente del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC (CUT), Rafael Marques: “El sistema alemán, conocido por kurzarbeit, es el más cercano a lo que podemos adoptar en términos de protección del empleo”.

En el programa alemán la reducción de la jornada implica una rebaja de hasta el 40% del salario, o sea, el trabajador recibe solo el 60% de su salario. La propuesta de las centrales sindicales todavía se está negociando pero la CUT habla de hasta el 30% de reducción salarial y la rebaja del salario podría aumentar dependiendo de las negociaciones con el gobierno.

El discurso de la CUT intenta desvincular el PPE del modelo de reducción de la jornada con reducción salarial o de suspensiones utilizadas actualmente por las automotrices, el lay-off, a partir de acuerdos firmados entre las cámaras patronales y los sindicatos dirigidos por la burocracia sindical.

Si es verdad que el PPE asegura más derechos que el lay-off, como por ejemplo la preservación del depósito del impuesto a las ganancias, cuestión que no ocurre en caso de suspensión del contrato por lay-off, por otro lado el PPE promete ser un programa de mayor extensión, que se generalizaría a toda la industria en tiempos de crisis.

Según el presidente de la CUT, Vagner Freitas, “El PPE es un instrumento que garantiza la preservación del contrato de trabajo y del empleo, al contrario del lay-off, que puede llegar hasta la suspensión temporal del contrato”. Pero veamos con más detalle: el lay-off está limitado y restringido, por ahora, al sector de las automotrices en la industria. El lay-off hoy puede ser utilizado en dos casos: a) por motivos de mercados, estructurales, o tecnológicos (es decir, por crisis de mercado localizado en alguna rama industrial); o b) en caso de catástrofes que afecten la cadena productiva. Pero en el primer caso, el lay-off no puede sobrepasar el plazo de 6 meses y en el segundo 1 año. Ya el PPE extendería el programa a toda la industria en momentos de crisis.

En el modelo alemán, en el cual se basa la CUT, la reducción de la jornada y del salario puede durar hasta 2 años, cuestión que aún no está clara en la propuesta del PPE.

El lay-off, en caso de reducción de la jornada, puede rebajar el salario como máximo en 25% y en el caso de las suspensiones, el trabajador recibirá el pago de su salario por el Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), un fondo impositivo destinado a programas como el Seguro-Desempleo, de Abono Salarial y el financiamiento de Programas de Desarrollo Económico, respetando el techo del seguro de desempleo.

O sea, los patrones son subsidiados con dinero público que debería garantizar derechos de los trabajadores y planes de obras públicas. ¿Será solo una coincidencia que entre las propuestas de ajuste anunciadas por el nuevo equipo económico, se considere la posibilidad de reducir el seguro de desempleo?

El recorte salarial sería, hasta ahora, de hasta el 30%, financiado por la empresa y el gobierno federal. Es decir, por más que existan algunas diferencias importantes, el PPE no es nada más que una extensión monstruosa de lo que hoy ocurre con el lay-off, alcanzando todas las ramas industriales, manteniendo el recorte salarial y, sobre todo, aumentando el tiempo de duración del programa.

¿Quién gana y quién paga entonces con el PPE?

En un artículo publicado en el site del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, la burocracia cutista no esconde nada: “las empresas evitan los costos de despidos y recontratación. Y el gobierno ahorra gastos, pues ampara a menos compañeros desempleados”.

Pero en el sistema capitalista no existe cuenta de suma cero: si alguien gana, otro tiene que perder. Por tanto, si la empresa y el gobierno evitan costos, el que paga es el trabajador.

Es clara la consonancia entre la burocracia y el gobierno para que los trabajadores paguen por la crisis en curso. Por un lado el gobierno ya está anunciando un amplio plan de ajustes y el nuevo Ministro de Hacienda del gobierno de Dilma, J. Levy, será el responsable de su aplicación. Por otro lado, la burocracia lanza un proyecto que en nombre de defender el empleo busca que los trabajadores paguen con sus salarios la crisis de los empresarios.







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