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Bonadio, el juez de la servilleta que tiene poder 21 años después

Un magistrado emblemático de la justicia adicta al menemismo aún conserva poder como para provocar un escándalo político. La necesidad de acabar con los privilegios de una casta privilegiada que se acomoda al poder de turno, como plantea el Frente de Izquierda.

Fernando Scolnik

@FernandoScolnik

Viernes 8 de diciembre | Edición del día

“La servilleta de Corach”. La expresión se hizo famosa en los años ´90 y pintó de cuerpo entero el entramado entre el poder judicial y el poder político.

Corría el año 1996 cuando el ex ministro de economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo, relató tras renunciar a su cargo que su ex par en el gabinete, Carlos Corach, había anotado en una servilleta los nombres de los jueces federales que respondían al presidente.

Para todo servicio, esos magistrados garantizaban la impunidad de funcionarios corruptos de la fiesta menemista, contrabandistas y evasores.

Entre esos nombres de la servilleta estaba, por supuesto, el de Claudio Bonadio, quien había sido nombrado juez por Menem en 1994.

En las más de dos décadas que siguieron a ese escándalo, Bonadio no solo continuó en su cargo sino que siguió haciendo de las suyas hasta convertirse en el juez más denunciado después de Norberto Oyarbide. De los magistrados en actividad, actualmente es el que más denuncias recibió en el Consejo de la Magistratura, organismo que tiene una particular capacidad para desestimarlas.

Este Consejo, creado con la Constitución del “Pacto de Olivos”, está compuesto por una mayoría de jueces, diputados y senadores nacionales, y en menor medida por un académico, dos abogados y un representante del Poder Ejecutivo nacional. El organismo hace un manejo arbitrario y a conveniencia no solo de los nombramientos de los jueces sino también de los tiempos de los casos disciplinarios para condicionar el accionar de los magistrados o bien protegerlos, según el caso.

Bonadío le debe una parte no menor de su sobrevida en el Poder Judicial a Miguel Ángel Pichetto, quien en 2005 presentó un dictamen que evitó que prospere un juicio político contra él en el Consejo de la Magistratura.

Durante el kirchnerismo, Bonadio prestó algunos servicios no desestimables al matrimonio presidencial, tales como el sobreseimiento de los secretarios Isidro Bouniney y Daniel Álvarezen en causas por enriquecimiento ilícito o en los expedientes contra Guillermo Moreno por “hostigamiento” contra el Grupo Clarín.

Clima de época

Sin embargo, mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces. Muy “sensible” a los poderes de turno, el poder judicial se acomoda rápidamente a los tiempos. Bonadio en particular tiene una desarrollada habilidad para procesar a funcionarios de los gobiernos pasados.

El “timing” del magistrado judicializando una decisión política como fue el memorándum con Irán, procediendo a detenciones arbitrarias, y pidiendo desaforar a una senadora electa por el voto popular por una causa floja de papeles, coincide con un hecho clave de la política exterior norteamericana, como es el anuncio de la mudanza de su embajada en Israel a Jesusalem, así como con las dificultades del macrismo (sea por orden del Gobierno o no) por la crisis del submarino o la necesidad de hacer aprobar las reformas previsional, laboral y fiscal en el Congreso Nacional.

En la misma sintonía, no extraña de un Poder Judicial que se acomoda, que al mismo tiempo no avancen las causas contra funcionarios macristas o el mismo presidente, tales como las relacionadas con Odebrecht o Panama Papers. O que las fuerzas de seguridad y los funcionarios políticos involucrados en los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, sigan gozando de impunidad y protección.

Esta facilidad del Poder Judicial para acomodarse a los poderes de turno es convenientemente “incentivada” por sueldos superiores a los $ 300.000, “carpetazos” con servicios de inteligencia de por medio para extorsionar, o mediante la incidencia del Poder Ejecutivo y los partidos del régimen en el nombramiento y destitución de jueces.

De los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es el único que no se elige por el voto popular. La Corte Suprema es la culminación de estos privilegios: integrantes vitalicios, abultadísimos sueldos intangibles que no pagan impuesto a las ganancias, elegidos por el presidente de turno con acuerdo del Senado.

Este año, la Corte se “distinguió” por la resolución del 2x1 a los genocidas, que concitó un amplio repudio popular. Pero no fue un fallo aislado. Desde el Poder Judicial se viene sosteniendo desde hace décadas la impunidad de los represores, la entrega nacional en los ´90, las privatizaciones, los ataques a los derechos obreros o más recientemente los tarifazos.

Solo la Izquierda plantea la elección directa por voto universal de jueces y fiscales, la revocabilidad de sus mandatos, que ganen el salario de un trabajador medio y la implementación de juicios por jurados, como pasos necesarios para acabar con una casta política al servicio de los poderes de turno.

Respecto de la causa AMIA, para el esclarecimiento del atentado hay que empezar por la apertura de los archivos de la ex SIDE sobre la causa, reclamo realizado bajo los gobiernos anteriores, y que conserva plena vigencia.








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