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Barcelona: denuncian participación de fuerzas de seguridad en desalojos ilegales

Los desalojos en los que participaron los Mossos y la Guardia Urbana, dejaron al desnudo los límites de la política de vivienda de Barcelona en Comú y la alcaldesa Ada Colau.

Arsen Sabaté

Barcelona | @ArsenSabate

Viernes 11 de agosto | 15:30

Esta fue una semana de desalojos y desahucios ilegales en Barcelona. Uno de los dramas sociales más acuciantes desde el inicio de la crisis económica en 2008 sigue golpeando con fuerza en la capital catalana, una de las ciudades del Estado español con más ejecuciones de desahucios por día. En los pasados días numerosas familias se han quedado en la calle en dos edificios situados en las calles Entença y Sugranyes, con la intervención de la policía autonómica y municipal según denuncian los afectados.

Los vecinos del número 151 de Entença han denunciado públicamente como el pasado martes los Mossos d’Esquadra (cuerpo de policía catalán) dieron cobertura a un desalojo sin orden judicial ni aviso previo. En un comunicado de prensa detallan los hechos. Varios empleados de la propiedad de la finca accedieron al interior de cuatro domicilios para en un primer momento llevar a cabo destrozos en su interior y posteriormente tapiar las puertas de las respectivas viviendas. Todo ello acompañado de los cuerpos de seguridad de la policía autonómica de Catalunya.

Los Mossos d’Esquadra niegan su participación en este desahucio y justifican su intervención en respuesta a un aviso de intento de ocupación por parte de un “responsable de la propiedad”. Sin embargo, los vecinos señalan que todos los desahuciados llevan tiempo viviendo en el edificio y denuncian que fueron retenidos en la calle por los propios agentes de policía, al tiempo que la situación iba agravándose y numerosas personas del vecindario acudían y se concentraban a las puertas del edificio en solidaridad con los afectados.

Los vecinos del inmueble han interpuesto una denuncia ante el juzgado de guardia por los hechos acontecidos sin que éste diera veracidad a su versión. Según cuentan el personal de guardia del juzgado afirmó literalmente que “si los Mossos d’Esquadra habían efectuado tal despliegue, con cuatro coches y tres furgonetas, es porque seguramente existe una orden judicial”. No obstante, la ausencia de orden judicial es un hecho, hasta ahora ninguna autoridad policial o judicial les ha presentado ninguna.

Por otra parte, varias familias del número 9 de la calle Sugranyes, en el barrio de Sants, fueron también desahuciadas la noche del miércoles. Los vecinos afectados señalan que la Guàrdia Urbana, el cuerpo de seguridad que depende directamente del Ayuntamiento de Barcelona, los echó a la calle a las tres de la madrugada.

El consistorio de Barcelona en Comú (BeC) desmiente la participación de la policía municipal, aunque tampoco ha anunciado que se vaya a abrir ninguna investigación para aclarar los hechos. La regidoría de Derechos Sociales del Ayuntamiento de BeC, que dirige Jaume Asens, quiere depositar toda la responsabilidad en la Generalitat. Desde este organismo se ha informado que se le están pidiendo explicaciones al conseller d’Interior, Joaquim Forn, por las intervenciones policiales y la falta de información pública previa de ambos desahucios.

Además, desde el consistorio aseguran que han activado los servicios de urgencias y emergencias sociales de Barcelona para atender a los afectados. Algunas de las personas desahuciadas han sido realojadas en pensiones. Sin embargo, este jueves, algunas de las familias afectadas seguían pendientes de reubicación. Una solución que, sin duda, queda muy lejos de las necesidades habitacionales, no solo de las personas que se han visto afectadas en estos dos casos, sino de las miles que dependen de una respuesta urgente y que siguen quedándose en la calle cada día.

En Barcelona, el número de desahucios desde la llegada de Barcelona en Comú al Ayuntamiento se mantiene en siete al día. Según la PAH, organización de la que proviene la alcadesa Ada Colau, la banca dispone de un parque de viviendas de más de 2.000 inmuebles vacíos. Pese a este stock que atesoran las entidades bancarias fruto de las ejecuciones hipotecarias, la única solución que sugiere del “ayuntamiento del cambio” en Barcelona para acabar con el problema habitacional es la negociación con la banca y los grandes propietarios de vivienda.

Los casos de Entença y Sugranyes ponen en evidencia los profundos límites de las propuestas del nuevo reformismo en materia de vivienda. Éstas se limitan a una construcción de vivienda pública a cuenta gotas -limitada por la Ley Montoro y el techo de gasto- y “convencer” en mesas de negociación para que los especuladores cedan una parte para su puesta en régimen de alquiler social. Acabar con el problema de la vivienda sin tocar los intereses y beneficios de estos capitalistas se muestra una auténtica utopía. Solamente luchando por la expropiación de sus viviendas sin indemnización y apoyando a los movimientos que vienen ocupando viviendas e inmuebles para las familias desahuciadas se podrá empezar a poner fin a uno de los grandes problemas sociales que azotan a los trabajadores y sectores populares en Barcelona y el conjunto del Estado.






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