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Bancos, empresarios y burócratas sindicales se suman a las Zonas Económicas Especiales

Avanza el gobierno en la implementación de las nuevas Zonas Económicas Especiales. La Asociación de Bancos de México, CTM, CROM, CROC, el Banco Mundial y empresarios se suman a la ofensiva.

Gabriel Bagundo

México | @g_bagundo

Viernes 7 de julio

El gobierno de México avanza en la implementación de las “Zonas Económicas Especiales” (ZEE) en las regiones de mayor pobreza del país. Este programa es impulsado a nivel global desde instituciones como el Banco Mundial y en México cuenta con todo el apoyo del gobierno federal.

En días recientes se ha sumado al proyecto la Asociación de Bancos de México (ABM). El plan del gobierno es establecer un “clúster de servicios” que atienda de manera integral las necesidades de los empresarios que inviertan con condiciones degradantes para los trabajadores y los recursos naturales de los lugares donde se lleguen a establecer estas ZEE. Los banqueros se han comprometido a diseñar servicios financieros y programas de crédito adecuados a los intereses del capital que llegue a invertir en el proyecto.

El gobierno de Peña Nieto también ha firmado en el último mes convenios de colaboración con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROC) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), todas ellas centrales sindicales burocráticas filiales al partido en el poder (PRI).

¿Qué son las Zonas Económicas Especiales?

Las Zonas Económicas Especiales es un proyecto que avanza a nivel mundial. La intención es crear zonas geográficas en donde operan una normatividad diferente a la del resto de un país, y su objetivo es brindar condiciones provechosas para la inversión de capital privado. Mediante leyes especiales precariza aún más las condiciones de trabajo, evita impuestos, opera con normas ambientales diferentes y recibe un tratamiento de apoyo especial por parte del Estado.

Las ZEE en México se aprobaron mediante la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, publicada el 1 junio 2016 en el Diario Oficial de la Federación. La Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y encabeza la planeación y establecimiento del proyecto. Es presidida por Gerardo Gutiérrez Candiani. Cuenta con la asesoría del Banco Mundial desde hace años.

La Ley Federal de ZEE señala que éstas se establecerán en alguno de los 10 estados con mayor pobreza del país. Lugares donde la inversión extranjera aún no se ha instalado de manera generalizada. Las primeras ZEE aprobadas se establecerán en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.

El estado mexicano considera a las ZEE como un área “prioritarias para el desarrollo nacional” y una “política de fomento y desarrollo industrial”. La Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales (CIZEE) está integrada por 15 dependencias federales en total entre las que destacan la SHCP –que la preside-, Gobernación, Recursos Naturales, Energía, Economía, Desarrollo Social y Educación.

Las ZEE brindará –según el gobierno- beneficios fiscales, un régimen aduanero especial, marco regulatorio ágil, atención especial en infraestructura y programas de apoyo. Todo esto mediante la instalación de “ventanillas únicas” que brinden todos estos servicios juntos a los capitalistas que decidan establecerse en las ZEE.

Por su parte, los secretarios generales de la CTM, CROM, CROC han firmado los acuerdos con el gobierno para que los contratos colectivos de trabajo que se celebren en las zonas y áreas de influencia se ajusten a los objetivos empresariales. En estos convenios, la AFDZEE se ha declarado mediadora de los conflictos laborales que pudieran surgir.

Resistencia contra la embestida patronal

La resistencia contra estos planes del gobierno y el capital ha surgido ya. En Oaxaca, donde la región del Istmo se ha declarado ya como ZEE, se celebró en junio un Foro sobre las ZEE convocada por más de 50 organizaciones sindicales, políticas y sociales y han alertado acerca de las consecuencias ambientales y para el tejido social que representa este proyecto.

El desarrollo humano y social de la población mexicana no debe condicionarse a los agresivos intereses del capital nacional e internacional que buscan aumentar sus ganancias a toda costa. Con los planes del gobierno no se creará trabajo de calidad ni bien remunerado. El gobierno en lugar de recaudar impuestos está decido a condonarlos y a continuar con la entrega de los recursos naturales. Seguramente enfrentará bastante más resistencia a estos proyectos.






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