Política

JUICIO AL V CUERPO DEL EJÉRCITO

Bahía Blanca: condenan a 21 genocidas en una nueva sentencia

El 4 de octubre pasado, en el tercer tramo de la causa V Cuerpo de Ejército, 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua, nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto, en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires.

Daniela Rodriguez

Docente y delegada Suteba | Bahía Blanca

Sábado 7 de octubre | Edición del día

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El 4 de octubre pasado, en el marco del tercer tramo de la causa V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca, 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua, otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto, en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires.

Como las anteriores, esta sentencia fue escuchada fuera del recinto de la Universidad Nacional del Sur en Colón 80 donde se vienen llevando a cabo estos juicios, por decenas de militantes de organizaciones políticas, sindicales y de DDHH.

Los jueces José Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava afirmaron que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívica militar. Asimismo, mandaron que las penas se cumplan en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal.

Al mismo tiempo, el tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo solicitado por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Por otra parte, los magistrados rechazaron otras medidas de reparación simbólica dirigidas a las universidades nacionales del Sur y del Comahue y a la Municipalidad bahiense.

Esta causa involucró a 105 víctimas, un tercio de ellas están desaparecidas. Varios genocidas hicieron uso del derecho a hablar antes del veredicto, pero ninguno rompió el pacto de silencio, ninguno dijo dónde están ni quiénes se apropiaron de los bebés nacidos en La Escuelita. Tampoco dónde están las compañeras y los compañeros detenidos desaparecidos.

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Solo uno de los guardias del campo de concentración que funcionó en Bahía Blanca, Arsenio Lavayén, declaró “que no presenció el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Romero y Raúl Metz. Afirmó que lo retiró un médico del V Cuerpo y que Santiago Cruciani manifestó que “un mayor y su esposa” se lo llevarían a Buenos Aires”. (efeme de la calle)

Las condenas a prisión perpetua fueron para los integrantes del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal y Osvaldo Lucio Sierra. Para Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Enrique José Del Pino y Víctor Raúl Aguirre del Destacamento de Inteligencia 181 y para los miembros de la Agrupación Tropas Julio Guillermo González Chipont, Pedro Ángel Cáceres y Carlos Alberto Ferreyra.

También tuvieron perpetua el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 Jorge Enrique Mansueto Swendsen y Alejandro Lawless, jefe de sección en dicha unidad militar; los guardias del CCDTyE La Escuelita Gabriel Cañicul, Raúl Artemio “el abuelo” Domínguez, Desiderio Andrés “perro vago” González, Arsenio “zorzal” Lavayén y José María Martínez; y los policías bonaerenses Pedro José Noel y Jesús Salinas.

Para el integrante de la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold, los jueces sentenciaron 14 años de cárcel; 10 años para el policía federal de Viedma Osvaldo Vicente Floridia y 9 para el jefe de la Policía Federal de Neuquén, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, y los militares de la Agrupación Tropas Miguel Ángel Chiesa, Jorge Horacio Rojas y Miguel Ángel Nilos.

Los jefes de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya y Andrés Reynaldo Miraglia recibieron castigos de 6 y 3 años de prisión, respectivamente. Y también 3 años recibió el comisario rionegrino Antonio Alberto Camarelli.

Fue absuelto el ayudante del comandante del V Cuerpo e integrante de la Agrupación Tropa, Alberto Magno Nieva. Y durante el juicio murieron Carlos Andrés Stricker, Hugo Jorge Delmé y Raúl Oscar Otero, todos condenados a prisión perpetua en juicios anteriores.

Estas históricas condenas producto de la movilización popular de décadas son muy importantes. Pero es necesario seguir exigiendo la cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas y responsables militares de la última dictadura, así como también Massot, Montezanti, Sierra y todos los cómplices civiles y eclesiásticos.

Es vergonzoso que muchos de los genocidas consigan la impunidad biológica antes que una condena, mientras Facundo Jones Huala y Milagro Sala están presos y los trabajadores petroleros de las Heras tienen perpetua por luchar. Basta de juicios a cuentagotas y justicia a medias.

Hoy es necesario exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado y repudiar la impunidad de ayer y de hoy que los sucesivos gobiernos garantizaron. El gobierno de Macri hace campaña por reinstalar la teoría de los dos demonios y el negacionismo.

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Encubriendo la desaparición forzada de Santiago, Bullrich protege a la gendarmería que reprime a los trabajadores como en PepsiCo y ataca con brutalidad a las comunidades originarias. Pero el kirchnerismo durante sus gobiernos permitió la impunidad de los cómplices civiles como Blaquier y propició la reconciliación con Milani al frente del ejército.

Es fundamental exigir la inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura, por eso impulsamos en Bahía Blanca la conformación del Encuentro, Memoria Verdad y Justicia. Para dar la pelea a fondo contra la impunidad que sostuvieron todos los gobiernos desde el 83 hasta hoy, peronistas y radicales.

Desclasificar esos archivos secretos, además de permitir el castigo a los culpables, protegería a los testigos claves para que no haya más desaparecidos como Julio López. También haría que cientos de hijxs y nietxs puedan recuperar su identidad.

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