Sociedad

Tras conocer la autopsia de Débora Pérez Volpin denuncian al Poder Judicial y a la clínica

Los datos oficiales confirman que la muerte fue por una perforación instrumental en el esófago. Su familia y figuras cercanas denunciaron al Poder Judicial por la demora en la investigación e irregularidades.

Jueves 12 de abril | 00:00

Ayer a la tarde se presentó el informe definitivo de la autopsia de Débora Pérez Volpin y algunos datos indican que murió de una perforación en el esófago combinada con el suministro de aire, durante la práctica de la endoscopía o en las maniobras de reanimación. Esto quiere decir que no había lesiones anteriores a la endoscopía que causaran su muerte.

La familia de la periodista dio una conferencia de prensa este miércoles a las 15 horas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde difundió las últimas novedades. Allí dio a conocer detalles sobre el informe final de la autopsia, documento que firmaron los peritos de las partes.

Existirá una tercera instancia de la autopsia, que puede demorar un mes y medio más, en la que los médicos del Cuerpo Forense, junto a las partes, analizarán cómo se produjo la perforación.

A su vez, desde su programa "Sábado Tempranísimo" emitido por Radio Mitre, Marcelo Bonelli, amigo y compañero de Pérez Volpin, acusó al magistrado de no actuar como corresponde y de cometer “varias irregularidades”. Sostuvo que el juez Ghirlanda "permitió que de la autopsia participen los peritos de Galeno, que es dueña de la clínica Trinidad, pese a que no son parte del proceso penal. Lo hizo en pos de salvaguardar sus derechos en un posible reclamo civil que aún no existe".

Las fuentes cercanas a la familia habían indicado que desde los allanamientos realizados en La Trinidad pocos días después de la muerte de la periodista y diputada, casi no se realizaron diligencias importantes en la causa y algunas de ellas se estaban demorando sin que se entendiera por qué.

La Trinidad es uno de los imperios de la salud prepaga nacional y está expandiendo su negocio a las finanzas. Comenzó su negocio en 1982 y empezó a crecer a través de una agresiva política de adquisiciones. La desregulación del sistema de obras sociales en los años 90 les permitió aliarse con sindicatos para que los empleados derivaran sus aportes a cubrir planes privados.

Se trata de un negocio de la salud sostenido por el aparato del Estado que utiliza la justicia para favorecer sus propios intereses empresariales. Además, su titular, Julio Fraomeni, se encuentra cercano al presidente Macri y se pronunció públicamente a favor de su candidatura en 2015.








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