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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Audiencia ante la Comisión Interamericana: fuertes denuncias al Gobierno de Macri

Centrales obreras, sindicatos y organismos de derechos humanos denunciaron hoy al Gobierno de Macri ante la Comisión Interamericana, por la violación de los derechos laborales.

Matías Aufieri

Abogado | CeProDH

Miércoles 25 de octubre | 08:46

En el día de ayer, tuvo lugar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Montevideo, la audiencia pública sobre la situación de los derechos laborales y sindicales en la Argentina, solicitada a este organismo por distintas organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos, centrales sindicales, la Asociación de Abogados Laboralistas y jueces de dicho fuero.

Esos sectores han sufrido en los últimos tiempos distintos tipos de persecución y ataques por parte del Gobierno de Cambiemos, tal como fue manifestado en la exposición de los solicitantes.

Introdujo la presentación conjunta el abogado del Cels Diego Morales, cuyo organismo es uno de los solicitantes de la audiencia. Denunció el “cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la intervención de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores, en un contexto de ajuste y ataques al pueblo trabajador, en el que ha crecido el desempleo, los salarios reales pierden valor, crece la precarización, y más personas viven bajo la línea de pobreza y de indigencia”.

A continuación, la Asociación de Abogados Laboralistas, que tuvo como orador a su presidente, Matías Cremonte, pasó revista a los condicionamientos que desde el Poder Ejecutivo se han venido planteando contra el ejercicio profesional de los abogados que defienden a los trabajadores, por ejemplo con resoluciones de entes administrativos que dispusieron la confección de listas con los datos de aquellos profesionales que accionen legalmente contra la última y cuestionada reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo, que ha significado un claro retroceso contra los trabajadores, en beneficio de los empresarios y aseguradoras de riesgos del trabajo.

Mención especial mereció la instalación por parte del presidente Macri, del concepto de “mafia de los juicios laborales” para señalar como “enemigos del país” a los abogados que inician reclamos judiciales junto a los trabajadores.

Prosiguió la jueza Lucía Assef de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), quien pasó revista a los pedidos de juicio político realizados por diputados y funcionarios de Cambiemos contra jueces del fuero en distintos puntos del país. La razón: fallos que reconocen la pretensión específica de trabajadores contra los deseos del gobierno y empresarios. Una persecusión poco republicana para el discurso oficialista, con un claro objetivo aleccionador para el conjunto de los magistrados. Los efectos están a la vista: actualmente muy pocos jueces aceptan demandas de trabajadores contra la reforma de febrero de este año a la mencionada LRT. Vale recordar que parte de dicha reforma, retrotrae al contenido de la ley 24.557 de los años ’90, y que fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, jurisprudencia que unánimemente fue receptada por los jueces inferiores durante más de una década. Un claro reflejo del veloz cambio en las relaciones sociales que se propone el gobierno nacional.

Hugo Blasco de la CTA y de la Federación de Trabajadores Judiciales, se refirió a la intervención de distintos sindicatos por parte del gobierno en los últimos meses. Se expuso también la campaña brutal de demonización contra los docentes en el marco de la dura lucha de este año tras el cierre por decreto de las paritarias por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal. Además de la CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, se hizo presente la Corriente Federal que integra la CGT

Algunas otras organizaciones presentes fueron los dirigentes docentes de Tierra del Fuego (SUTEF) reprimidos y judicializados desde 2013 por el gobierno provincial, los judiciales de Mendoza, el sindicato del SUBTE, distintas seccionales de ATE, la Federación de Aceiteros, y el SOEAIL del Ingenio Ledesma, que también sufre represión, multas, intervención, y judicialización de sus dirigentes pro parte del gobierno jujeño de Gerardo Morales, a pedido de su dueño, el genocida Carlos Blaquier.

Miembros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), hicieron referencia a la criminalización que sufren muchas de las luchas emprendidas por los trabajadores cuando responden a ataques patronales. Delegados de los periodistas se aprestan a ser juzgados acusados de afectar la libertad de expresión al ejercer el derecho a huelga en el diario Perfil al igual que en Diario Uno de Mendoza. En Clarín-AGR fueron despedidos todos los trabajadores de la planta Zepita. En Tiempo Argentino, la gestión de los trabajadores fue atacada de madrugada por patotas del patrón vaciador. Párrafo aparte ameritaron la represión y detenciones que sufrieron los trabajadores de prensa cubriendo movilizaciones como las de Ni Una Menos y por la Aparición de Santiago Maldonado.

También se expuso el caso testigo de la multinacional Pepsico, donde sus trabajadores fueron reprimidos bestialmente por centenares de policías tras la permanencia en la planta para resguardar los puestos de trabajo. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y su abogada Myriam Bregman, patrocinan a esos luchadores y han sido solicitantes de la audiencia realizada en el país oriental.

De conjunto, se puso de relieve ante la CIDH la situación de debilitamiento de los mecanismos de protección de los trabajadores en la región, sin omitir el contexto de la feroz reforma laboral antiobrera aprobada recientemente en Brasil, situación que mereció también la convocatoria a otra audiencia por parte del organismo continental.

Por parte de los funcionarios del Gobierno argentino, esperablemente primaron las respuestas formales y vagas apelaciones al “diálogo”, sin responder ninguna de las numerosasdenuncias concretas que efectuaron las organizaciones sindicales.

Los presentes, solicitaron que la CIDH tenga particularmente en consideración la denunciada situación de los trabajadores a nivel regional, con énfasis en la protección de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga, como parte de un reconocimiento de los derechos laborales como derechos humanos fundamentales.

A continuación, compartimos el petitorio que la delegación denunciante entregó a los miembros de la Comisión Interamericana:

1. Que el Estado argentino garantice la no regresividad en materia de derechos laborales y de seguridad social.

2.El Estado debe garantizar el principio de autonomía sindical y abstenerse de intervenir de manera directa o indirecta en la vida de los sindicatos. Debe respetarse la competencia exclusiva de la justicia Nacional de Trabajo.

3.Garantice la libertad de negociación colectiva, que es el instrumento de los trabajadores para la discusión de sus derechos y su participación en la riqueza, y se abstenga de interferir en su desarrollo.

4.Cese la criminalización de los dirigentes sindicales como represalia por el ejercicio de su función de representantes de los trabajadores y en particular por el desarrollo de acciones como la huelga y la protesta.

5.Cese el ataque y estigmatización de los abogados laboralistas, que constituye un agravio en nuestro carácter de defensores de los derechos humanos y afecta a los trabajadores en su derecho fundamental de acceso a la justicia.

6.Retire los pedidos de juicio político a los magistrados laborales por el contenido de sus sentencias, se abstenga de promoverlos en el futuro, y garantice expresamente la independencia de los magistrados laborales en el ejercicio de su función.








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