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HONDURAS

Asesinos de Berta Cáceres pertenecían a Inteligencia y recibieron entrenamiento en Estados Unidos

Se trata de un veterano de fuerzas especiales, un francotirador y un teniente exempleado de DESA, la empresa a cargo del resistido proyecto hidroeléctrico, cuyo presidente es agente retirado.

Roberto Andrés

@RoberAndres1982

Domingo 5 de marzo | 08:00

Una investigación del periódico británico The Guardian reveló que, según el expediente jurídico, el asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres habría sido una ejecución extrajudicial planificada por especialistas en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales de este país y entrenados en Estados Unidos.

Los datos se corresponden con el testimonio del mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la líder indígena, quien apunta contra el Estado hondureño como responsable.

Berta Cáceres era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y lideraba la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos SA, propiedad de la poderosa familia Atala. Este proyecto vaciaría el río Gualcarque dejando sin agua al pueblo indígena local lenca. Su activismo le valió a Cáceres el Premio Medioambiental Goldman en 2015.

Pero la noche del 2 de marzo de 2016 algunos sujetos bajaron de un Volkswagen gris, ingresaron a su casa y le dispararon. Cáceres había recibido previamente más de 33 amenazas de muerte y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las amenazas.

Hasta el momento han sido detenidos y señalados como sospechosos ocho personas, entre ellos tres militares con entrenamiento militar en Estados Unidos.

Mariano Díaz Chávez es un veterano de las fuerzas especiales hondureñas, exmayor del Ejército, que desde el 2015 estaba al frente de los servicios de inteligencia militar del país. El teniente retirado Douglas Giovanny Bustillo, exempleado de la empresa, habría recibido entrenamiento antiterrorista en 2005 en el país del norte. El tercer militar sería el sargento Henry Javier Hernández Rodríguez, un francotirador miembro de las fuerzas especiales que operó bajo el comando de Díaz Chávez y que al retirarse en 2013 se convierte en informante de la inteligencia militar.

De acuerdo a los registros telefónicos, los tres militares habrían visitado en varias ocasiones el pueblo de La Esperanza, en donde residía Berta Cáceres.

También fue detenido Sergio Rodríguez Orellana, ejecutivo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El presidente de Desarrollos Energéticos SA sería Roberto David Castillo Mejía, miembro retirado de los servicios de inteligencia militar de Honduras.

Según las investigaciones el gerente de DESA pidió ayuda a uno de sus jefes de seguridad para que organizara el homicidio, en concreto a Giovanny Bustillo, a quien Cáceres ya había denunciado públicamente por amenazas.

Los otros detenidos son Emerson Eusebio Duarte Meza, por ser quien tenía en su poder el revólver calibre 38 utilizado en el crimen, y los autores materiales del crimen Edilson Atilio Duarte Meza, capitán retirado y hermano gemelo de Emerson, Óscar Aroldo Torres Velásquez y Elvin Heriberto Rápalo Orellana.

La ONG Global Witness denunció el año pasado que desde el golpe de Estado contra el expresidente Miguel Zelaya, en 2009, al menos 120 militantes han sido asesinados en Honduras. El país fue declarado por el organismo como el más peligroso para los militantes ecologistas, denunciando una relación entre políticos, empresarios, represión y asesinatos.

Aunque inversores holandeses y finlandeses y la empresa pública china Sinohydro anunciaron ambiguamente su retirada del proyecto debido al caso, la concesión se mantiene intacta en manos de los Atala a pesar de los nexos entre altos cargos de la empresa y la muerte de la ecologista.

“Detrás de la muerte de Berta están las elites económicas de Honduras que son las más interesadas en mantener esos proyectos que amenazan a las comunidades indígenas. A medida que se han visto los vínculos con el ejército se ha opacado más la investigación”, señaló Gustavo Castro.

Por su parte, la hija de 25 años de Cáceres, Berta Isabel, señaló insatisfecha que “sólo se ha detenido a cargos intermedios mientras que los culpables de ordenar el asesinato de mi madre siguen en la calle. No se han investigado las causas que provocaron su muerte”, denunció.






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