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SE ACELERA LA CRISIS POLÍTICA

Asamblea Nacional nombra magistrados al Tribunal Supremo y éste pide acciones de coerción contra diputados

Los diputados de la MUD confrontaron al TSJ al nombrar magistrados, el Tribunal llamó a las autoridades militares a ejercer coerción contra los parlamentarios, a días de la Constituyente de Maduro, acelerándose la crisis.

Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Sábado 22 de julio

Fotografía: EFE

La Asamblea Nacional eligió este viernes a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una decisión no reconocida por el Gobierno y por los jueces en ejercicio del actual TSJ, cuya legitimidad ha dejado de reconocer el mismo Legislativo. Una designación realizada por dirigentes de la oposición aglutinados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) como parte de su plan de arrancada de lo que llaman “hora cero”, como una manera de ejercer mayor presión al gobierno de Maduro.

Como parte de su hoja de ruta, la MUD ya había ya anunciado este miércoles su plan de conformación de un “gobierno de unidad nacional”, el jueves convocando a un “paro cívico nacional” que no fue otra cosa que un verdadero lock out patronal impulsado por los partidos de la burguesía de la oposición por lo que, una vez realizado, los diputados de la MUD declararon abiertamente “gracias a los empresarios por cerrar sus empresas”, y este viernes la designación de nuevos magistrados al TSJ, convocando para el sábado a marchar hacia la sede del TSJ en Caracas.

Con la ausencia habitual de los diputados del chavismo, los parlamentarios de la MUD aprobaron por unanimidad el nombramiento de los nuevos magistrados en una sesión celebrada al aire libre en una plaza del este de Caracas, zona de control por parte de la oposición. La decisión de no hacerlo en la propia sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el centro de Caracas, controlada por el chavismo, de acuerdo a los dirigentes de la MUD, fue en función de las acciones que grupos del chavismo protagonizaron actos de asedio y ataque en la sede del Legislativo en varias ocasiones.

Los dirigentes de la MUD no reconocen a los 33 magistrados en ejercicio del TSJ por supuestas irregularidades en su nombramiento en diciembre de 2015 por parte de los integrantes de la Asamblea Nacional saliente en manos del chavismo, justo días después del triunfo de la MUD en las legislativas del 2015 y que le diera la actual mayoría en el Legislativo y antes de que ésta tomara posesión en el Parlamento.

De acuerdo a dirigentes de la MUD, los magistrados designados por la Asamblea contralada en su momento por el chavismo en 2015 "fue un proceso ejecutado a trocha y mocha, como lo vieron todos los venezolanos", y que una vez en sus cargos estos jueces emitieron "pronunciamientos nefastos" que en su opinión “desconocen la voluntad popular”, como la sentencia con que el TSJ declaró "en desacató" a la Asamblea Nacional, tomando más cuerpo lo que se llamó en su momento “un conflicto de poderes”. Además de señalar otras sentencias del TSJ, como a las dictadas a finales de marzo por el máximo tribunal para asumir atribuciones de la propia Asamblea Nacional por el "desacato" del Legislativo, una decisión revocada después parcialmente, considerada como un retroceso de Maduro pero no pudo evitar que abriera la actual crisis política desde el 1 de abril. Pues con tales sentencias el chavismo terminó desatando una de las mayores crisis e, incluso, avivando fuerzas políticas que aún no se habían manifestado, y que hasta el momento se le ha hecho difícil conjurar.

Pero a las pocas horas de la juramentación de los nuevos magistrados por la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional del actual TSJ pidió “a las autoridades civiles y militares” que se apliquen "acciones de coerción" contra los integrantes del Legislativo por cometer delitos de "usurpación de funciones" al designar a nuevos magistrados del máximo tribunal. El presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza declaraba que "Ante los actos declarados nulos de evidentes ánimos subversivos, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional", sin especificar a qué tipo de medidas de coerción se refería.

La Sala Constitucional ya había anulado apriori este jueves, el proceso de designación de los magistrados por parte de la Asamblea mediante una sentencia en la que declaraba "la nulidad por inconstitucionalidad" del acto a realizarse, indicando que con dicho proceso "se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados" advirtiendo de "consecuencias jurídicas".

En tal sentido, este viernes, el presidente de la Sala Constitucional recordaba la "advertencia" dirigida a los parlamentarios dos días antes del "írrito" comité de postulaciones y a las personas "que se pretendan investir en el cargo de magistrados", que "tal conducta incurre de manera flagrante en el delito de usurpación de funciones", remarcando que "Incurren en los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, en particular en los delitos de traición a la patria y contra los poderes nacionales y de los estados". Aunque evitaba responder si con dicho pronunciamiento que habla de “acciones de coerción” estaban ordenando detener a los jueces nombrados, reiteraba que dichas "medidas de coerción" se aplica a quienes cometieron "delitos en flagrancia".

Es de destacar que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, ya había criticado este miércoles la acción que se proponía la Asamblea Nacional de nombrar a los 33 nuevos magistrados para el TSJ, al tener en cuenta que hay otros jueces que presiden el Poder Judicial en la actualidad, aseverando que “Ese es el mismo problema que la designación de la vicefiscal al margen de la ley. Ahora se designan otros magistrados. Yo lo que creo es que el Estado hay que ordenarlo, la gente lo que quiere es seguridad y orden”. La Fiscal General se refería al caso de Katherine Haringhton, vicefiscal nombrada por el TSJ, quien fue rechazada por el Ministerio Público. Luisa Ortega Díaz, una disidente más importante que ha tenido el gobierno de Maduro, ha venido buscando tener un papel de árbitro en los dos bandos en pugna, el chavismo y la oposición, en un eventual proceso de transición. Su posición política con respecto a este acto de la oposición confirma este papel, luego de venir cuestionando duramente a Maduro por su política en la usurpación de poderes y con respecto a la represión gubernamental con las manifestaciones.

En este marco, la confrontación entre el Poder Judicial (controlado por el gobierno) y el Legislativo en manos de la MUD, se profundiza en medio de la crisis política que se arrastra en el país, que se ha visto sacudida por una oleada de protestas desde hace casi cuatro meses que han dejado a su paso al menos 100 víctimas mortales, y centenares de heridos y detenidos. Nos encontramos a pocos días de la realización de la farsa de Constituyente convocada por Maduro. La MUD había anunciado su agenda política, en el marco de su “hora cero” hasta esta semana alardeando la “escalada definitiva” contra el gobierno, se entra ahora en la última semana hasta el 30 de julio, día de las elecciones de la Constituyente que el gobierno sostiene que mantendrá y se esperan días de mayor virulencia política, pero que aún no se descarta algún tipo de negociación a último momento o una escalada mayor de la crisis.

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