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Arranca la carrera electoral en un México atravesado por múltiples crisis

El domingo 5 de abril arrancaron oficialmente las campañas electorales en México. Con 2,179 cargos de elección popular en disputa, se trata del proceso electoral de mayores dimensiones del que se tenga registro en el país, y uno de los más cuestionados.

Maestro Arturo Méndez

Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Jueves 9 de abril de 2015 | Edición del día

El 7 de junio se elegirán 500 diputados federales, 993 presidentes municipales, 575 diputados locales en 16 estados y 9 gobernadores, además de síndicos y regidores. Contienden 10 partidos políticos y, por primera vez, 22 candidatos independientes (de los 52 que solicitaron su registro).

Durante las campañas, que concluirán el 3 de junio, se espera que sean emitidos 16 millones de spots en 2,800 señales de radio y televisión. Junto a los emitidos durante las precampañas, sumarán más de 43 millones de spots. Esto significa no sólo condenar a la ciudadanía a escuchar y ver hasta la náusea el cinismo y las mentiras de los candidatos, sino un gasto millonario con cargo al erario público aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tan solo en el Distrito Federal y el Estado de México, el valor comercial de estos anuncios asciende a 15.814 millones de pesos mexicanos (más de mil millones de dólares). Esto mientras el gobierno recorta el presupuesto para la educación, la salud y el campo.

Del mal mayor al mal menor

A pesar del fuerte cuestionamiento al gobierno federal por los casos Tlatlaya, Ayotzinapa y la Casa Blanca, según encuestas el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aparece como el partido con mayor intención de voto y, junto con su partido satélite, el Partido Verde Ecologista de México, se perfila para conformar una mayoría simple en la Cámara de Diputados. De todas maneras teme perder la mayoría absoluta y varias gubernaturas, identificando como uno de sus principales problemas la mala imagen de Peña Nieto.

El segundo lugar en intención de voto lo ocupa el Partido Acción Nacional (PAN), que en esta coyuntura electoral ha optado por dejar para después la pugna interna entre maderistas y calderonistas. Esto no impidió, sin embargo, que en las elecciones internas de los candidatos se denunciara robo de urnas. Más allá de sus diferencias superficiales con el PRI, en lo esencial el PAN acuerda con éste, como lo mostró el Pacto por México y la “guerra contra el narco”, y pondrá los cargos de elección popular que obtenga al servicio de los empresarios y las transnacionales.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) -integrante en su momento del Pacto por México- enfrenta una crisis histórica luego de que el perredista José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, fuera vinculado directamente con el crimen organizado y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Como consecuencia, los últimos meses han renunciado numerosos militantes y hay amplias probabilidades de que el PRD pierda su lugar como tercera fuerza electoral.
Ante el hundimiento del barco perredista, el Morena (organización encabezada por Andrés Manuel López Obrador) se propone capitalizar el hartazgo social expresado en las calles los últimos meses, emergiendo como el nuevo partido de contención de masas y desvío del descontento. Expresión de ello son las declaraciones de López Obrador en contra de quienes llaman a repudiar las elecciones, como los padres de Ayotzinapa, abonando así al intento de legitimación y fortalecimiento de los partidos y las instituciones del régimen a través de las elecciones.

Una reforma electoral restrictiva

Con la antidemocrática reforma electoral aprobada en 2014, se restringen aún más las posibilidades para preservar el registro como partido político, al aumentar el requisito del 2 al 3 por ciento de la votación.

Así, tanto los derechistas del Partido Encuentro Social y Partido Humanista, de reciente creación, como los “izquierdistas” Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, además del Partido Nueva Alianza, impulsado por la burocracia charra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, están en riesgo de perder su registro.

Con esta medida, y las diferencias abismales tanto en el presupuesto otorgado como en los espacios de radio y televisión, los grandes partidos buscan deshacerse de los pequeños para aumentar su parte del pastel. Y no es que alguno de los partidos en riesgo represente una alternativa para los explotados y oprimidos, sino que esto expresa el carácter restrictivo de la democracia degradada mexicana.

Ni hablar del impedimento para las organizaciones de trabajadores y de izquierda para obtener su registro como partido, como lo expresó la negativa del INE a otorgarlo a la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, impulsada por el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Las posiciones independientes y la respuesta del régimen

Ante la respuesta insatisfactoria por parte de las autoridades sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los padres de los 43 vienen desde hace meses recorriendo el país llamando a repudiar las elecciones.

Como parte de esta política, tanto en Guerrero como en Oaxaca, el magisterio junto a sectores populares han anunciado que boicotearán las elecciones. Junto a ello, otros sectores, como el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, llaman a una campaña activa por la anulación del voto, inscribiendo en la boleta electoral “Faltan 43”. Se espera además un alto índice de abstencionismo, principalmente entre la juventud, como expresión de rechazo al proceso y los partidos contendientes. Esto sumado a la baja participación que regularmente se registra en las elecciones intermedias (42% en promedio).

Frente a ello, la respuesta del régimen va desde los spots del INE y los mensajes de Peña Nieto induciendo a votar, hasta la exigencia de partidos de garantizar la realización de las elecciones y declaraciones autoritarias de funcionarios ante los posibles escenarios de boicot.

Al respecto, Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal, declaró que las fuerzas federales elaboraron un plan con el INE para garantizar –con la participación de la Gendarmería- la realización de los comicios en Guerrero y Oaxaca, y que "hay un gran trabajo de coordinación con la secretaría de la Defensa, la Marina, la PGR y el Cisen".

Preparando la represión, el cuestionado régimen mexicano se dispone a imponer las elecciones a toda costa.







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