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MEMORIA HISTÓRICA

Aragón aprueba el borrador de su Ley de Memoria Democrática

Ahora se abre un plazo de 2 meses para que los partidos políticos y entidades sociales puedan presentar enmiendas a la misma para su tramitación parlamentaria antes del verano.

Jorge Calderón

Historiador y Profesor de Secundaria, Zaragoza

Viernes 5 de mayo

Foto: EFE

“Abordar de manera serena y madura la relación con el pasado traumático vinculado a la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Construir la Memoria Democrática a partir del recuerdo de ese pasado es el modo más firme de alimentar nuestra democracia...". Este es el enunciado del borrador de anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática que la semana pasada aprobaba el gobierno aragonés de coalición (PSOE-CHA).

Se trata de un proyecto coordinado por la Consejería de Presidencia, elaborado también por las Consejerías de Vertebración Territorial y de Educación y Cultura.

Ley más avanzada que la ley de Zapatero

Esta ley autonómica, contiene algunas novedades con respecto a la Ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno de Zapatero en Julio de 2016, aunque sigue adoleciendo de los mismos males que esta: amnistía para los verdugos franquistas y reparación simbólica de las víctimas. Las principales novedades hacen referencia a los símbolos franquistas y a la consideración de victimas. En cuanto al primer aspecto, el texto aprobado incluye excluir de recibir subvenciones y ayudas económicas autonómicas a los municipios que se nieguen (como esta ocurriendo en muchas localidades aragonesas) a eliminar placas, escudos, insignias, inscripciones y otros elementos de homenaje a la sublevación fascista y la posterior dictadura.

También habla de otros elementos, no físicos, de exaltación fascista, como actos de homenaje a alguno de ellos, como por ejemplo, el mantenerlos como alcalde perpetuo o hijo predilecto. Para hacer cumplir esta normativa, por primera vez, (y esto si es un gran avance con respecto a lo que había) se establecen multas de 2.001 a 10.000 euros (para las sanciones graves) que, en caso de reincidencia, se elevarán a una horquilla de 10.001 a 150.000 ya que pasarían a ser “muy graves”.

La otra gran novedad es lo que hace referencia a la consideración de víctima. El anteproyecto define el concepto legal de víctima, que incluye a las personas desaparecidas, bebés robados, quienes sufrieron privación de libertad o represión, los condenados por tribunales ilegítimos, los exiliados, presos en campos de concentración, guerrilleros y miembros de partidos políticos o sindicatos ilegalizados, así como familiares inmediatos de víctimas directas. Aquí nos encontramos con otro aspecto positivo de este nuevo texto ya que algunos de estos colectivos, nunca había sido incluido como tales. También prevé varios instrumentos para ayudar a lo localización de las victimas como: un censo de desaparecidos y víctimas de la guerra civil y el franquismo, la ampliación del mapa de fosas y enterramientos clandestinos, protocolos de exhumaciones de fosas y de muestras de ADN, y por ultimo un Plan Estratégico de Memoria Democrática. Se habla de las víctimas, de localizarlas e identificarlas, de resarcirlas simbólicamente, pero en ningún momento de castigar a los culpables o a sus herederos políticos, de lo ocurrido.

Por último, la ley hace referencia a varios aspectos específicos de la realidad de la Guerra Civil en Aragón. Habla del al Consejo de Defensa de Aragón de Caspe, como el único Gobierno libertario de la historia o del frustrado Estatuto de 1936 como antecedentes democráticos de la actual comunidad autónoma. También pretende instaurar como "Día de la Memoria Democrática de Aragón", que se dedicará a reconocer y homenajear a las víctimas de la dictadura y a mantener su recuerdo, el 3 de marzo de cada año. La fecha no es escogida al azar, ya que un 3 de marzo de 1938, se produjo el sangriento bombardeo de Alcañiz en 1938. Este atroz episodio de la guerra civil, silenciado durante años, llevado a cabo por la aviación legionaria italiana causó entre 300 y 500 muertes y más de un millar de heridos, la práctica totalidad civiles.

Por una Memoria histórica de los vencidos, no impuesta desde arriba por los traidores de la Transición

Aunque reconocemos que ley contiene algunos avances importantes, con respecto a la existente, nosotros como herederos políticos, como hijos y nietos de los represaliados por el franquismo o por la burguesía republicana (con la colaboración activa del estalinismo), no podemos ni debemos fiarnos. Decimos esto, porque la ley está impulsada por el gobierno de coalición PSOE-CHA, el mismo gobierno que durante años se ha negado a obligar a muchas instituciones aragonesas a retirar sus símbolos franquistas. El PSOE nos obliga a ser desconfiados, ya que con Zapatero en el gobierno, aprobó una ley de memoria histórica totalmente injusta, que igualaba a víctimas y verdugos, y que solo buscaba contentar a todos/as, (a franquistas y anti-franquistas), y lo que consigo, fue no contentar a nadie.

La ley también habla de fortalecer los contenidos educativos sobre estos temas en la ESO y Bachillerato, pero luego reducen su importancia en la calificación final, y no contemplan ninguna aplicación horaria para ello. Contenidos, que en su mayoría, solo buscan, "falsear" la historia, con argumentos como: “todos mataron”, “todos lo hicieron mal”, "guerra entre hermanos", etc. Con esto la mayoría de historiadores lo único que buscan es esconder la revolución española que se dio tras el 18 de julio, cuando los obreros y campesinos tomaron las armas para hacer frente al fascismo.
Cuando tomaron las fábricas y las tierras y las pusieron bajo control obrero y campesino, para hacer así, de una vez los cambios que la II república, les había prometido falsamente en el 31. No les interesa, que se sepa que esa revolución, fue “ahogada en sangre” primero por el estalinismo y finalmente por el fascismo. No interesa que se sepa, que durante unos meses hubo una alternativa real a este sistema capitalista de opresión.

Estamos en contra de cualquier intento de lavar la cara al Régimen heredero del Régimen franquista. Régimen, basado en la "Amnistía" y el "Pacto de Silencio" de la Transición que los franquistas impusieron y el PSOE la mayoría de las organizaciones a su izquierda (fundamentalmente PCE y sus organizaciones acolitas) aceptó y que sigue dando sus "frutos". Solo una ley que cuente con la participación de las asociaciones de víctimas y de memoria histórica, y que no esté realizada y dirigida por los que apoyan el régimen del 78, podrá dar demanda a la petición de ¡Verdad, Justicia y Reparación! de estos colectivos.






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