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MEDIO AMBIENTE

Aprobada Ley de Biodiversidad que avala explotación minera en áreas protegidas

El Partido Verde Ecologista de México presenta ante la Cámara de Senadores la Ley de Biodiversidad y con la resolución aprobada el pasado viernes que no prohíbe la explotación minera en áreas protegidas, indispensables para el país y las comunidades que viven ahí.

Miércoles 20 de diciembre de 2017 | 20:03

Junto con la Ley de Seguridad Interior en México y esta nueva ley, se manifiestan las duras críticas de los ambientalistas y generando una fuerte polémica, por lo que grupos activistas como Greenpeace y Cemda hacen una fuerte denuncia, la cual plantean que es una forma privatización de los recursos naturales, por lo que exigen modificaciones a dicha Ley antes de ser aprobada.

El pasado viernes de forma acelerada 88 Senadores en el calor de la Ley de Seguridad Interior, aprobaron la Ley y pasará a la Cámara de Diputados para su ratificación.

La Senadora Ninfa Salinas Sada, de dicho partido político, el 25 de octubre del 2017, presentó la iniciativa para revocar la Ley General de Vida Silvestre, además de rectificar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

En una entrevista Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace, expresó que dicha legislación debe ser discutida, a debate y a la información de todas las partes involucradas y que se puedan emitir opiniones para su construcción:

”Sólo cuando todas las partes hayan sido consultadas y exista consenso ante la Ley de Biodiversidad, entonces podremos hablar de una real mejora, de lo contrario sigue siendo una Ley aprobada a puerta cerrada y a oscuras que hace sospechar sobre cuáles son los objetivos que tiene” explicó.

También denuncia que no se hizo el análisis e investigación tanto con expertos como la sociedad civil que se verá mayormente afectada.

Tras la suspensión de la Ley General de Vida Silvestre, organizaciones civiles hacen la denuncia, por lo que se cancela el Protocolo de Nagoya, un acuerdo internacional que permite compartir información genética para la conservación ecológica y el aprovechamiento sostenible de sus elementos, y con esta ley a su vez deja desprotegidos los bienes de recursos naturales y la información en la conservación de uso de las biodiversidad.

Por lo que productores en Conferencia de Prensa, expertos de diversas universidades, investigadores y productores, en el Centro Nacional de Comunicación Social, acusan a la nueva Ley de que dejara vulnerable muchos bosques y por ende, serán despojados de comunidades indígenas y campesinas.

También omite la prohibición de la explotación de mineras en las Áreas Naturales Protegidas, y al Senado “se les fue ese detalle”.

“El 44% de los 895 proyectos en nuestro país, son en Selvas y Bosques”.
Los estados más afectados se encuentran en el norte del país como es el caso de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango y Jalisco, que cubren entre todos un total de 8.4 millones de hectáreas, y alcanzan una superficie forestal del 40% de cada estado.

“Sin consulta el partido verde saqueara y robara los derechos de campesinos e indígenas”, comentan ONGs y Greenpeace.

La Ley tiene muchos vacíos e incongruencias en tanto a sus propuestas, de las cuales solo los empresarios nacionales y extranjeros serán beneficiados sin importar lo que tiene de por medio, afectando a los pueblos originarios, que tanto protegen estas áreas naturales como su tradición cultural.

Algunos en cuanto a comentarios intentan decir cosas positivas de la ley, pero no se marca la realidad que viene con esto, diciendo que hay que afinar los estatutos y hacer modificaciones, haciendo a un lado, que ni las mineras ni el gobierno son propietarios de dichas tierras.

El Partido Verde lo que tiene de nombre lo tiene de saqueo ambiental, solo una revelación del fuerte negocio a corto y mediano plazo que puede hacer las mineras. Generan una total atropello y erosión a los suelos y subsuelos, la tala descontrolada de especies protegidas, provocando así la muerte de animales y plantas endémicas, también las enfermedades por metales pesados en las comunidades indígenas, el desabasto del agua y la facilidad de vender hectáreas de suelos para trasnacionales.






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