Política

MANIOBRAS PRO(GENOCIDIO)

Aprender 2016: Macri quiere que los estudiantes justifiquen la dictadura

Camuflada de pregunta con “multiple choice” el Gobierno metió en la prueba nacional una pregunta en la que la mayoría de las respuestas posibles relativizan e incluso justifican el accionar genocida.

Daniel Satur

@saturnetroc

Federico Puy

Docente, Congresal UTE-CTERA

Martes 18 de octubre | Edición del día

En el Operativo Aprender 2016, que se está realizando con fuertes críticas a nivel nacional, aparece una pregunta cuyo objetivo no puede ser otro que justificar la existencia y proliferación de los centros clandestinos de detención que poblaron el país durante la última dictadura cívico-militar.

Como se viene denunciando, las preguntas fueron elaboradas por burócratas del Ministerio de Educación de la Nación (comandados por Esteban Bullrich), pero fueron orientadas por consultoras internacionales y por el mismísimo Banco Mundial.

La pregunta en cuestión está mezclada con otras referidas a cuestiones de historia y ciudadanía, dirigidas a estudiantes de quinto y sexto años de la Educación Secundaria. Ubicada en el “modelo 4” de Ciencias Sociales, dice: “¿Qué finalidad tenían los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura cívico militar?”

Y tiene cuatro opciones de respuesta, sobre las que los estudiantes deberían elegir una.

“a) Tribunales ilegales de justicia para aplicar el debido proceso”

“b) Dependencias militares y policiales para encarcelar a quien no cumpliera la Constitución Nacional”

“c) Dependencias militares y policiales en todo el país donde sólo eran interrogados los detenidos-desaparecidos”

“d) Lugares de tortura que funcionaron como un primer mecanismo de deshumanización de las víctimas”

Como se puede apreciar, las tres primeras respuestas posibles apuntan directamente a justificar, de una u otra manera, la existencia de esos centros clandestinos de detención. La sola posibilidad de que esos antros de secuestro, tortura, desaparición y muerte de decenas de miles de personas, planificados por quienes ejecutaron uno de los más brutales procesos de exterminio social y político del Siglo XX en América Latina, sean considerados “tribunales” de aplicación de “debido proceso”, o lugares para “encarcelar” a quien no cumpliera con la Constitución, o donde sólo se “interrogaba” a personas, demuestra el objetivo distorsionador y falsificador por parte de quienes pensaron la prueba.

Obviamente, como no le resulta posible al Gobierno en una instancia como ésta ir totalmente en contra de la historia verdadera, algo relacionado con los hechos debía haber. Por eso pusieron una cuarta “opción” de respuesta. Pero aquí también hay una maniobra nada inocente. Relacionar a los CCD con instancias de “deshumanización” de víctimas, sin contextualización alguna ni mucho menos explicación política de la razón de ser de esas cuevas esquiva deliberadamente una dimensión fundamental: la de esos centros clandestinos de detención como herramienta indispensable de los genocidas para perpetrar su plan político, económico y social.

Así formulada por los funcionarios de Educación, la cuarta opción de respuesta avalaría una caracterización meramente “deshumanizante” de la represión, cuando en realidad (sin desvalorizar ese aspecto) de lo que se trataba era de eliminar a una porción de la población, usando previamente la tortura para arrancar “confesiones” e información a las víctimas y así proseguir con el plan genocida.

Además de (como lo ha demostrado la historia de estos cuarenta años de “democracia”) dejar a una cantidad de sobrevivientes “aleccionados” en el terror. Algo que fue vencido a lo largo de los años por muchas y muchos ex detenidos desaparecidos gracias a las convicciones y la organización colectiva, motorizando juicios y relatando la verdad de los hechos. Vale recordar que, en esa lucha, las y los sobrevivientes combatieron no sólo a los genocidas impunes sino a sus cómplices radicales y peronistas, quienes montaron la nefasta teoría de los dos demonios, avalaron durante décadas las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final y los indultos y se negaron hasta el día de hoy a abrir todos los archivos que hay en poder del Estado, de las grandes empresas y de la Iglesia para que se pueda juzgar a todos los genocidas, saber el destino de todos los compañeros desaparecidos y recuperar a más de 400 niñas y niños apropiados que siguen esperando por saber su verdadera identidad.

Como dato complementario vale mencionar que ni siquiera existe aquí una opción del tipo "otros", donde las y los estudiantes puedan expresar alguna idea que no se corresponda con ninguna de las cuatro que propone el Ministerio de Educación macrista.

Sin dudas esta pregunta mezclada entre otras, en el marco de una supuesta “prueba educativa”, va en línea con los intentos de Cambiemos de montar un relato acorde con los deseos de las clases dominantes argentinas que pergeñaron y sostuvieron a la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Esa pregunta redactada desde el Ministerio de Educación seguramente fue sugerida por “cerebros” como el del Presidente Mauricio Macri, quien llegó a decir en algunas entrevistas, muy suelto de cuerpo, que no tiene “ni idea” ni tampoco le “interesa participar del debate” sobre el saldo nefasto del genocidio. “No sé si fueron 30 mil o 9 mil, es una discusión en la que no voy a entrar”, soltó el empresario cuya familia se enriqueció de forma exponencial gracias a los negociados con el Estado durante el régimen comandado por las juntas militares.

Varios directivos, congresales y delegados de sindicatos docentes como los Suteba combativos y UTE ya denunciaron este hecho ante organismos de Derechos Humanos y se proponen denunciar al Gobierno de Mauricio Macri ante el Congreso de la Nación y organismos internacionales.




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