Sociedad

CUARENTENA

Anuncios y retrocesos del Gobierno rionegrino: ninguna medida para salud

En el día de ayer, la Gobernadora Arabella Carreras, informó la vuelta a la fase 1 para todo el Departamento de General Roca ante los contagios que no paran de crecer. El anuncio generó protestas por parte de comerciantes y empresarios, a raíz de lo cual la mandataria tuvo que postergar la medida mientras que la inversión en salud sigue en último plano.

Lunes 24 de agosto | 19:46

La gobernadora de Río Negro resolvió en el día de ayer pasar a Fase 1 a todo el Departamento de General Roca, del cual forman parte Cipolletti, Fiske Menuko, Villa Regina y otras ciudades del Alto Valle. El crecimiento de los contagios en la zona y las casi nulas inversiones en el sistema de salud para hacer frente a la pandemia, hicieron que Fiske Menuco esté sin camas para cuadros graves, mientras Cipolletti ya está trasladando pacientes a Neuquén.

La medida demuestra que tanto el Gobierno Provincial como el Nacional nunca hicieron de la cuarentena un período para “ganar tiempo” e ir preparando la infraestructura sanitaria para momentos como el actual de elevado aumento de contagios. Los trabajadores de la salud sufren las mismas condiciones que desde el principio de la pandemia y las inversiones en camas y respiradores fueron insignificantes.

Rápidamente después del anuncio se generaron protestas de sectores de comerciantes, empresarios y otros sectores que se movilizaron en varias ciudades, incluida una sonora protesta hasta altas horas de la madrugada en la casa del Intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella. Esto obligó a la Gobernadora a anunciar la revisión y postergación de la medida, buscando llegar a acuerdos con intendentes y cámaras empresariales, pero desoyendo los reclamos de los sectores más postergados o de los propios trabajadores y trabajadoras de salud.

Por su parte María Emilia Soria se opuso a la vuelta de la fase 1 a través de sus redes sociales. La intendenta que desde el principio de la pandemia ha exigido el despliegue de Gendarmería para el control social, postea que “está comprobado que los focos de contagio no están en las actividades laborales, comerciales… sino en las reuniones sociales y almuerzos familiares”. Esto es falso, desde el inicio de la pandemia los más afectados son los sectores de trabajadores no exceptuados y esenciales.

Ese es un problema crucial que omiten ambas mandatarias, los focos de contagio se dan sobre todo en los lugares de trabajo; son conocidas las situaciones como los sanatorios y hospitales, de Pollolín en Cipolletti, empresas de empaque, de transporte; que no solo han obligado a trabajar a empleados que manifestaron haber tenido contacto estrecho con casos positivos de Covid-19, sino que también se descontaba del salario ante los contagios y la imposibilidad de asistir a los puestos de trabajo. No existen protocolos de seguridad sanitaria para evitar contagios, para trabajadores esenciales, o las patronales no los cumplen. Los despidos también fueron una constante que expresa la impunidad de la clase empresarial de la región.

Más allá de los cruces entre el Frente de Todos y Juntos Somos Río Negro, ambas fuerzas políticas coinciden en responsabilizar a los individuos, sobre todo cuando se trata de sectores populares. Este discurso de responsabilidad individual que comparten quienes gobiernan, va acompañado indefectiblemente de una política de control social represiva que fortalece y envalentona a las fuerzas policiales que dejan como resultado un muerto por día de los sectores populares.

Las redes sociales se llenaron ayer de un mismo interrogante “¿qué se hizo todo este tiempo?”. Lo cierto es que, desde el comienzo de la emergencia sanitaria, no ha existido política alguna para revertir la crisis del sistema de salud público de la provincia. El irrisorio número de camas disponibles para 700.000 habitantes es de 157, mientras que el aumento escaso de camas en el Alto Valle fue de 16 a 37 en los hospitales. La cuarentena se mantiene casi como el único recurso junto con la fuerte presencia policial frente a la pandemia.

La referente del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Laura Santillán, desde Fiske Menuko, manifestó "planteamos que era necesario unificar los sistemas de salud privado y público para ser centralizados desde el Estado, por otro lado exigimos un IFE de $30.000 en base a impuestos a las grandes fortunas y así evitar salir de casa, porque es imposible cuidarse del virus cuando no se tienen nada para comer” además criticó la política de aumento represivo “a la gente nos cuida el personal de salud, por eso en vez de destinar presupuesto a control policial, hay que invertir en sanidad”. Finalizó “esta situación, sumada a la precariedad que se vive en muchos barrios de los cuales en gran parte de ellos no se accede siquiera al agua potable, dejan en evidencia la inexistencia de un verdadero plan de supresión de la pandemia”.

Como denuncian desde la Izquierda, no se centralizó el sistema de salud público y privado, ni se declararon de utilidad pública los laboratorios, no se habilitaron hospitales de campaña como se había anunciado, no se realizaron testeos masivos. Medidas fundamentales para evitar el colapso anunciado del sistema de salud que durante años viene sufriendo el desmantelamiento por los recortes y falta de inversión sistemático de todos los gobiernos.







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