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Anulación de la Fiscal General y mayor bonapartización, camino a una Constituyente en crisis

El gobierno de Maduro avanza en su bonapartismo (autoritarismo), esta vez buscando otorgar, vía el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), atribuciones a la Defensoría del Pueblo que serían de competencia de la Fiscalía General, en el marco del distanciamiento que ha tenido la fiscal Luisa Ortega Díaz del gobierno, sus críticas a la actuación de este frente a las manifestaciones impulsadas por la oposición y su cuestionamiento abierto al llamado a la Constituyente.

Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Jueves 29 de junio | Edición del día

Es que el TSJ emitió una sentencia este martes en el que señala que el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el Ministerio Público y solicitar la realización de análisis forenses, entre otras atribuciones que correspondían hasta hoy a la Fiscalía. En el fallo se indica que la Defensoría del Pueblo "puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como: realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras". Además se señala que la Defensoría tiene la potestad de estar presente "en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y penal militar, incluidas las pruebas anticipadas, audiencias preliminares y de juicio", todo ello, "de manera autónoma".

Muchas otras son las atribuciones que el TSJ “aclara” que son de competencia de la Defensoría del pueblo, pero que de conjunto son consideradas como una decisión del Tribunal para restarle atribuciones a la Fiscalía y otorgárselas a Tarek William Saab. Una decisión que se produce dos semanas después que el Defensor del Pueblo solicitara al TSJ “aclarar las competencias” del organismo que él dirige para participar en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía por casos de supuestas violaciones de derechos humanos.

Esto ocurre cuando aún no son claros los hechos del caso del inspector de la policía científica (CICPC), que sobrevoló este martes la sede del TSJ en Caracas en un helicóptero de este cuerpo de seguridad con el mensaje "350 Libertad", y que pedía la renuncia de Maduro. El gobierno la ha calificado como parte de un plan golpista y ha vinculado a este funcionario policial con Miguel Rodríguez Torres, el general ex ministro de Interior y Justicia con quien el gobierno ha estado en abierto enfrentamiento en estos días, con cruces de acusaciones. El gobierno dice que Rodríguez Torres, opuesto activo al llamado a la Constituyente y hombre de confianza de Chávez durante largos años, es un agente de la CIA. Hecho que incluso el gobierno de Maduro utilizará para una mayor militarización del país en el marco del llamado Plan Zamora.

No son descabellados incluso los rumores de que dicha acción del inspector de policía haya sido planificado por el propio gobierno de Maduro para sacar el ejército a las calles aludiendo a “ataque terrorista” o a golpe, pues fue dudosa la manera en que fácilmente un helicóptero sobrevolara por varias zonas de la ciudad, incluyendo el TSJ –lanzando dos artefactos explosivos– y las cercanías de Miraflores, y luego se diera a la fuga a la vista de todos, que apenas en horas de la tarde de este miércoles se diera a conocer que el aparato había sido encontrado y que sus tripulantes se habían fugado. A todo esto se suman varios hechos, grupos civiles armados (colectivos del chavismo) atacaron la sede del Legislativo, lanzando bombas de estruendo hacia el interior del patio de la Asamblea Nacional, luego de que se produjera un choque entre algunos diputados y miembros de la Guardia Nacional dentro de la institución, ante la introducción por parte de los guardias de cajas con material electoral.

En cuanto a la sentencia del TSJ, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, afirmó este miércoles que hay un "proceso progresivo de desmontaje del Ministerio Público", asegurando que el TSJ pretende hacer con su institución lo mismo que hizo con la Asamblea Nacional, aunque recalcó que continuará con sus funciones. En una rueda de prensa la fiscal declaraba que "Lo que el TSJ hizo con la Asamblea Nacional ahora lo quiere hacer con el MP, es decir, continuamos en la ruptura del orden constitucional". Y como era de esperarse, rechazó la sentencia por considerar que está "inmotivada", pues aseguró que no señalan los motivos ni las razones de por qué los magistrados toman esta decisión. Por eso es que para la Fiscal esta sentencia en que el TSJ le otorga como competencias otorgadas al defensor del pueblo crean "inseguridad jurídica", pues la gente debe tener la certeza de quién la va a investigar.

Más aún, la Fiscal fue tajante en su enfrentamiento con el TSJ y el gobierno de Maduro, al considerar que “le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos", preguntando a los presentes en la conferencia de prensa: "¿Ustedes creen que puede haber una investigación penal seria e imparcial en los términos establecidos en esta sentencia?". Insistiendo que desconocerá las sentencias que han emitido "unos ilegítimos magistrados" del TSJ y pidió que esas sentencias sean “anuladas, pero en todo caso las desconocemos".

La fiscal además consideró que "hay una clara intención de anular al Ministerio Público con esta sentencia" y señaló que "esas acciones no son democráticas, desmantelan al Estado y más si analizamos otra sentencia donde destituyen al vicefiscal robándose funciones propias del MP". Es que el TSJ publicó también este martes otra sentencia en la que además de declarar inadmisible un recurso que la fiscal presentó contra la Constituyente, también anuló los actos del vicefiscal Rafael González Arias y anunció que designará uno de manera "temporal" debido a que su designación no contó con la autorización de la Asamblea Nacional. Pero se trata de una situación en que la AN estaría en “desacato” de acuerdo al TSJ, y como el Tribunal se busca arrogar competencias de la AN, por tanto la decisión final estaría en sus manos.

Para completar la búsqueda de anular a la Fiscal, el TSJ remató hacia la noche del miércoles, aprobando las medidas cautelares solicitadas por el diputado chavista Pedro Carreño contra Luisa Ortega Díaz, que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias. En un comunicado, el TSJ fijó además para el próximo martes 4 de julio, la audiencia oral y pública en la que iniciará el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general, que este mismo miércoles acusó al TSJ de mantener una "ruptura del hilo constitucional" y de estar "desmantelando el Estado”. El Supremo indicó que la decisión sobre la imposición de medidas cautelares a la Fiscal fue tomada por unanimidad por todos los magistrados del TSJ "en aras de garantizar el cauce procesal respectivo", señalando también que se le prohibió enajenar y gravar sus bienes.

Así, de la mano del TSJ, el gobierno va concentrando cada vez más poderes políticos, incluyendo aquellos que no son de competencia del Ejecutivo, a la par de una creciente militarización del país, en lo que denominamos una mayor bonapartización con el apoyo de las Fuerzas Armadas y toda una burocracia política, militar, corrupta y antipopular, en el marco de una gran debilidad política y la decadencia del propio chavismo. Hay que considerar que el llamado a Constituyente por parte de Maduro está en crisis, solo se ha inscripto el propio chavismo, y tiene un cuestionamiento del 67 %, según las últimas encuestas. En estas condiciones, la única manera de imponerla no puede ser otra que de la mano de un mayor autoritarismo, anulando de facto los otros poderes, pues se considera que tal Constituyente sería plenipotenciaria, lo que solo se puede leer como un autogolpe.

En este cuadro entran los constantes llamados a las Fuerzas Armadas por parte de la oposición aglutinada en la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) que buscan ejercer más presión para resquebrajarla o que le quiten el apoyo al gobierno, conscientes que los militares son uno de los pilares centrales sobre los que se sostiene el gobierno, lo que no es otra cosa que ir por una salida militar a la crisis.

Como escribíamos en un reciente artículo, los últimos movimientos de la oposición, desde su insistente llamado a los militares como sus pronunciamientos al desconocimiento del gobierno, no pueden dejar de leerse como una presión in extremis para negociar en mejores condiciones. En este sentido es que pueden leerse también los movimientos políticos del gobierno, que de la mano de una mayor bonapartización, busque negociar en mejores condiciones. Una salida negociada a la crisis está sobre el tapete, y no en vano son los diálogos “secretos” del gobierno con la oposición y Estados Unidos de los que Maduro habla.

Como hemos venido escribiendo, de surgir nuevos “diálogos” y “pactos”, los grandes perjudicados serán los trabajadores y el pueblo pobre, ya que las negociaciones que se estarían dando buscarían la forma de encontrar una transición hacia un gobierno más estable que pueda avanzar libremente en la aplicación de los ajustes y ataques actuales. Pero si es por la vía de la fuerza, con una acción militar, queriendo alzarse como árbitro, nada progresivo saldrá de ese sector, que no solo viene dejando pasar una brutal represión, y el estado de excepción, sino que se enriqueció en los últimos años en torno a la administración directa de las principales empresas y el control de los recursos del país. Ni Maduro ni la MUD representan los intereses de los de abajo, por eso se hace más necesario que nunca pelear por una salida política independiente de los trabajadores y el pueblo pobre.






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