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Antes de Pegasus existió Galileo: todo será confidencial hasta el 2027

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales asesoró al CISEN para modificar la argumentación jurídica que justifica la prohibición a ciudadanos de acceder a esta información hasta el 2027.

Yara Almonte

Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM

Miércoles 28 de junio | 15:12

El Gobierno mexicano es el principal comprador de la empresa italiana Hacking Team para engrosar la lista de programas invasivos disponibles para espionaje y siempre bien asesorado por el INAI, que ayudó a proteger todos los datos por una década.

Utilizado para espionaje, el spyware Galileo RCS implicó un desembolso de más de un millón de Euros por parte del gobierno mexicano a la empresa Hacking Team. Pésima inversión según reporta Wikileaks, pues la astucia de los funcionarios del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) solo alcanzó para una eficacia del 2%. De esta frustración deriva que el malware Pegasus haya sido adquirido a la empresa NSO Group por parte del Gobierno Mexicano un tiempo después.

No sólo es escandaloso el enorme presupuesto invertido en equipo de espionaje, cuyo uso exclusivo para capturar e investigar al crimen organizado ha sido desmentido por las denuncias de periodistas, activistas, luchadores sociales y defensores de derechos humanos contra el Gobierno Federal por identificar celulares y dispositivos móviles intervenidos.

Resulta que el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) asesoró al CISEN para modificar la argumentación jurídica que justifica la prohibición a ciudadanos de acceder a esta información hasta el 2027, avalando y fortaleciendo la intención del CISEN de ocultar los datos relaciones con la compra del malware Galileo y su uso en tanto que “puede poner en riesgo la seguridad nacional”.

Los documentos filtrados en Wikileaks tras el hackeo a la empresa Hacking Team describen una relación que se da en un “ambiente abierto y de colaboración” con el CISEN, que recibió órdenes operativas “de infectar 20 objetivos por semana -más de mil al año- de las cuales sólo se lograron realizar 18” y problematizando la crisis en torno a este “dato brutal” puesto que México ocupa una posición “estratégica en América” y para la empresa Hacking Team siendo “uno de las 3 principales contribuyentes históricamente”.

La preocupación por elevar la eficiencia del ataque y de los mecanismos de espionaje según Hacking Team buscaba evitar “un efecto dominó” de otras instituciones gubernamentales como “la Policía Federal y la Secretaría de Defensa Nacional” y mostrar las ventajas del malware ofertado por la empresa que también tiene programas de infección para computadoras aunque, a diferencia de la empresa NSO Group, tienen que ser instalados físicamente en los dispositivos a intervenir.

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Sí, el Gobierno mexicano espía. Hacking Team es considerada por el grupo Reporteros sin Fronteras como un peligro en internet por su intervención ilegal de comunicaciones privadas, pues es una forma de vigilancia que viola todos los derechos humanos.

Según Joan Smyth, del Global Journal Security, una ONG que imparte cursos sobre protección cibernética, el espionaje realizado por el gobierno mexicano a ciudadanos viola los acuerdos firmados con la empresa NSP Group al adquirir el malware Pegasus. Una vez infectado el dispositivo es imposible sanearlo, por lo que recomiendan medidas de encriptación y el uso de diversos dispositivos -uno común y uno “seguro”- para disminuir los riesgos de invasión.

El costo por la infección con spyware de espionaje en un dispositivo telefónico móvil asciende a los 65 mil dólares por teléfono, según una investigación publicada en el New York Times. ¿Quién puede financiar este irrisorio costo sino el Gobierno o los altos empresarios?

Es evidente que la intención gubernamental, como expresa la lista de periodistas y defensores de derechos humanos víctimas de espionaje, busca aprovechar estas tecnologías para hostigar, intimidar y reprimir para garantizar la poca gobernabilidad que pueda en un mar de deslegitimación y crisis política.

Esta es la respuesta del Gobierno responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la masacre de Nochixtlán, de la represión y tortura sexual de Atenco y de la implementación de las reformas estructurales que entregan nuestros recursos a las empresas e implementan los planes del imperialismo.

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