SEMANARIO

Ante una catástrofe sanitaria, social y económica: qué propone el PTS-Frente de Izquierda

Ilustración: Mar Ned-Enfoque Rojo
Infografías: Rebecca

Ante una catástrofe sanitaria, social y económica: qué propone el PTS-Frente de Izquierda

¿Cuáles son las primeras consecuencias y cómo será el mundo tras la pandemia? ¿Qué propone la izquierda para que esta crisis no la pague el pueblo trabajador? En este folleto (hoy versión online) te presentamos las propuestas del PTS en el Frente de Izquierda.

Cuando este folleto sale a la calle son cientos de miles las muertes en el mundo por la pandemia. Ese hecho lamentable no es un simple efecto de “la naturaleza”. Es el resultado de un sistema, el capitalista, que privilegia sus negocios sin importarle la vida humana ni la protección del medioambiente. Que destruyó la salud pública. Que desprecia a las y los adultos mayores. Que hace vivir en el hacinamiento y condiciones inhumanas a miles de millones de personas.

Nadie sabe cómo sigue la crisis sanitaria. Lo que está claro es que la pandemia aceleró los problemas que ya tenía la economía mundial. El FMI espera que 2020 termine con una caída que no se recuerda desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La Organización Internacional del Trabajo dice que en tres meses se perderán 300 millones de puestos de trabajo y los más precarios tendrán que elegir entre “enfermarse o morir de hambre”. En EEUU más de 40 millones pidieron seguro de desempleo.

Hoy vemos como comienzan en distintos países luchas obreras y populares contra los ajustes y el hambre, por ejemplo en Chile y Ecuador, y también en Europa. O rebeliones contra el racismo y la violencia policial como en Estados Unidos, donde la población afroamericana es la que más sufre también la pandemia y la creciente desocupación. En muchos países, la juventud precaria también está en la “primera línea” de las resistencias que empiezan a surgir. Algunos asesores empresarios ya alertan sobre “el peligro de rebeliones o revoluciones”.

En Argentina a fines de mayo casi 4 millones de trabajadores sufren despidos, suspensiones y ataques al salario, solo entre quienes están registrados. Según distintas encuestas, la mitad de las familias perdieron ingresos y además se endeudaron. Once millones de personas pidieron el ingreso familiar de emergencia (IFE) que alcanza para vivir pocos días. Dirigentes sociales cercanos al Gobierno pronostican un 50% de pobreza. En estos primeros meses el Estado puso fondos para evitar protestas del hambre y conflictos laborales. Además pagó en lo que va del año más de 5000 millones de dólares de deuda. La caída del PBI será del 10%. Es imposible que el Estado pueda seguir bancando a las empresas más tiempo.

Todo esto es solo una señal de lo que viene. Ellos, los ganadores de las últimas décadas, se preparan para descargar la crisis sobre el pueblo trabajador cuando termine la ayuda estatal. Por eso, una de cada tres empresas grandes ya confesó que este año piensa despedir. Y el número será mayor en las llamadas “Pymes”.

Está claro. En un país endeudado, en recesión y sin “viento de cola” de la economía internacional como tuvo a principios de este siglo, alguien tendrá que pagar los platos rotos. Estamos entrando en una de las crisis sanitarias, económicas y sociales más importantes de nuestra historia. Aquellos que creen que “después de la pandemia todo volverá a la normalidad”, que ya era dura, se equivocan. Se vienen momentos convulsivos. Los políticos de derecha quieren hacer como Bolsonaro o Trump, donde los muertos se cuentan por miles. El Gobierno dice que “nos cuida a todos” y “habrá que conformarse con lo posible”, pero en realidad administra la creciente miseria de los que vivimos de nuestro trabajo, mientras los ricos tienen sus enormes fortunas bien guardadas y subvencionadas por el Estado.

No podemos quedarnos de brazos cruzados. Está en juego nuestro futuro, el de las grandes mayorías, el de las futuras generaciones. Nos tenemos que preguntar: ¿Quién va a pagar la crisis? ¿La juventud que ya era descartable y la quieren precarizar más y más? ¿Las y los jubilados que hoy tienen que elegir entre el remedio y la cena? ¿Las mujeres que hacen un doble trabajo hoy recargado por la pandemia? ¿O todos trabajando más y en peores condiciones, por menos plata? No podemos resignarnos a vivir así.

Los grandes empresarios y sus gobiernos de todo el mundo quieren que la crisis la paguemos los trabajadores y nuestras familias. No podemos permitirlo. Son ellos o nosotros.

En estas páginas los y las socialistas presentamos una serie de medidas para salvar al país de la decadencia y que los trabajadores salgamos de la ruina, la miseria, y la permanente amenaza de estar cada vez peor. Esta propuesta va dirigida a todas las organizaciones de trabajadores, mujeres y jóvenes para pelear por ellas.

1. MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA DEFENDER LA SALUD Y CONDICIONES DE VIDA DEL PUEBLO TRABAJADOR

En nuestro país, los que ganaron millones y tienen fortunas incalculables, como Techint, McDonald’s, Clarín o la Sociedad Rural recibieron subsidios enormes del Gobierno para pagar los sueldos. Pero a esas empresas les sobra plata para pagarlos. Ese dinero debería ir para los millones que pasan hambre, para mejorar las condiciones de los barrios carenciados o para proteger como corresponde a los que trabajan en la salud.

Hay que invertir las prioridades y tocar los intereses de esos grandes empresarios, incluso para tomar las medidas elementales de emergencia.

Las vidas trabajadoras importan

Desde el PTS junto al Frente de Izquierda llamamos a movilizarnos para reclamar y conquistar:

• Comisiones o comités de higiene y salubridad en cada lugar de trabajo. Que sean electos por asamblea de trabajadores para controlar las condiciones sanitarias en que se trabaja y garantizar que todos tengan elementos de protección según un protocolo científico. Y exigir que sean reconocidos por los empresarios y el Gobierno. Ante el aumento de contagios en los lugares de trabajo se impone el aislamiento preventivo de los que tuvieron contacto con el infectado. Esto no se está cumpliendo en muchísimas fábricas del AMBA.

• Testeos masivos y aislamiento. Más testeos permitirían encontrar a las personas infectadas, saber en qué zonas se desarrollan más contagios y actuar con precisión. Además, proteger a las trabajadoras y trabajadores de “primera línea”, los esenciales que salen todos los días a trabajar. A pesar de los anuncios, nuestro país es uno de los que menos testeos ha hecho.

• Unificar la salud privada con la pública. Esto permitiría centralizar los recursos cuando llegue el pico de contagios y nadie se quede sin atención. Nadie debe especular con la salud de la población. La única forma de lograrlo es con la gestión de estos recursos por parte de los profesionales y trabajadores de todo el sistema de salud.

• Viviendas para las personas en situación de riesgo. Son millones quienes viven hacinados en villas o asentamientos, más expuestos al contagio o sin posibilidades de aislarse si lo necesitan. Hay que poner a disposición la gran cantidad de viviendas vacías que están en manos de especuladores inmobiliarios.

Contra el ajuste

• Pago del 100% de los salarios. Ningún despido ni suspensiones con rebaja salarial. Aunque el Gobierno sacó un decreto prohibiendo los despidos las patronales despiden igual. Y las suspensiones son habilitadas por el acuerdo de la UIA-CGT con rebaja salarial y avaladas por el Gobierno de Alberto Fernández.

• Trabajo genuino y con derechos para todes. Ninguna flexibilización laboral. Con la crisis que se agrava hay cierres de empresas y despidos en muchos lugares. Además los empresarios avanzan con sus medidas de flexibilización, recortando derechos adquiridos. Quieren perpetuar el teletrabajo y otras formas de precarización. Tenemos que luchar para que haya trabajo genuino y con plenos derechos laborales, que tanto nos costaron conseguir. Se puede. Si se rebajara la jornada laboral sin reducir el salario y a su vez se hiciera un plan de obras públicas habría trabajo para todos.

• Salario de cuarentena de $30.000. Para todas y todos aquellos que perdieron su trabajo o no tengan una licencia laboral paga. También para las y los jubilados que cobren menos que esa cifra.

• Impuesto a las grandes fortunas. El oficialismo habló durante meses de un impuesto a las grandes fortunas. Mientras tanto les daban todo tipo de beneficios a los grandes empresarios. Cuando el Frente de Izquierda-Unidad presentó su proyecto para afectar a las personas con mayor patrimonio del país, el Frente de Todos se unió al macrismo para votar en contra de que se tratara en la Cámara de Diputados. Según las encuestas, un “aporte extraordinario” de los más ricos tendría el apoyo de 3 de cada 4 habitantes.

• Contra la especulación empresaria: control obrero y popular de precios y de abastecimiento. No podemos permitir que los empresarios se aprovechen de nuestras necesidades, que suban los precios y falten productos. Son las y los trabajadores de todas las ramas esenciales (laboratorios farmacéuticos, alimentación, transporte, etc.) quienes deben controlar la producción y los servicios. Ellos pueden informar sobre el costo real de los productos de primera necesidad y las maniobras de las empresas. Además, necesitamos comités populares en cada barrio que controle los precios.

2. NECESITAMOS UNA SALIDA DE FONDO

La derecha neoliberal en la televisión, en las radios, en los diarios, dice todo el tiempo que hay que ajustar más. Que las mayorías sólo merecemos vivir en la miseria mientras los ricos viven en el lujo. Quieren convencernos de que el país no tiene recursos. Sin embargo existen los recursos para conquistar una vida mejor y que la crisis no recaiga de nuevo sobre nosotros. Nuestro país es saqueado en sus recursos como el petróleo, gas, minería, pesca y la renta agraria por una ínfima minoría. Por eso hay que tocarle el bolsillo a los que se enriquecen a costa de la explotación y la miseria de las mayorías. Ahí están los recursos para encarar transformaciones productivas profundas que nos permitan dejar de ser un país atrasado y dependiente de las grandes potencias y sus monopolios.

El Gobierno nacional, por el contrario, nos quiere convencer que el Estado capitalista puede garantizar derechos. Pero al mismo tiempo que dice eso, no se atreve a tocarle los intereses a los poderosos. Con la reestructuración de la deuda, a pesar de las tensiones, termina convalidando el negociado que hicieron unos pocos endeudándonos a todos. Lo mismo ocurre con los recursos que destina a la emergencia: el 70% va destinado a bancar a los empresarios (¡hasta a los gerentes les paga los sueldos!) y apenas el 30%, a la gente que más lo necesita a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) u otras partidas similares.

No pagar la deuda con el hambre y la salud del pueblo

La interminable deuda externa es una estafa que se profundizó con la dictadura cívico-militar. Los militares y sus socios civiles se endeudaron para sus negocios y al final estatizaron las deudas de las empresas privadas. Todos los grandes grupos empresarios sacaron créditos en dólares que después no quisieron pagar por la devaluación brutal como Techint, Macri, Clarín, Vicentin y otros. El Gobierno militar en nombre del Estado argentino, se hizo cargo de esas deudas privadas. Esa es la que todos los Gobiernos constitucionales reconocieron y pagaron, incluso sacando nuevos préstamos. Por eso decimos que el origen de la deuda es ilegal. La historia de la deuda de nuestro país con el FMI y los especuladores es la historia de una estafa. Cuando el país no podía pagar le daban nuevos créditos para cubrir los vencimientos y así cada vez se hacía más grande. Una bola de nieve como se ve en el gráfico.

¿Por qué se dice que la deuda es una estafa? Porque está plagada de fraudes. El juez Jorge Ballestero detectó 477 ilegalidades en el endeudamiento de la dictadura.

Todos los Gobiernos que vinieron desde el 83 renegociaron y pagaron. Cada vez que se renegoció se dijo que era la última vez, que el país finalmente había resuelto su problema de deuda, pero siempre vuelve a pasar lo mismo. El último episodio de estafar al pueblo trabajador con la deuda lo hizo Macri que pidió al fondo decenas de miles de millones de dólares y con ese dinero no se hizo ni una escuela, ni un hospital ni un plan de vivienda. Sino que sirvió para la fuga de capitales de los poderosos.

El Gobierno de Alberto Fernández se dispone a pagar sin investigar la estafa de Cambiemos. Mucho menos, toda la anterior. ¿Acaso las deudas no se deben pagar, nos dicen muchas personas honestas? Sí, pero no estamos hablando de una deuda cualquiera como cuando uno pide un préstamo para comprar una moto o una casa. Esta deuda es una estafa por donde se la mire. Hay que decir las cosas por su nombre: es una forma que tienen los países imperialistas para someternos. ¿Por qué habría que pagar esa estafa?

Un desconocimiento soberano (no pago) no es lo mismo que la aventura de un default, como el de Argentina en 2001. El default es una medida a la que recurren los estados capitalistas cuando se quedan sin recursos. Es una aventura porque es una medida aislada y circunstancial, que les permite a los grupos empresarios hacer lo que quieran, como fugar capitales o presionar para que suba el dólar. Y con la devaluación vale menos nuestra moneda y nuestros salarios.

Por el contrario, un desconocimiento soberano apoyado en la movilización popular, debe ser acompañado con una serie de medidas de defensa nacional que impidan la fuga de capitales y el caos económico que quieren generar los buitres. ¿Cuáles son esas medidas? La izquierda, los que nos reclamamos socialistas, proponemos entre otras, la nacionalización de los bancos y el comercio exterior. También la expulsión del FMI del país. Es que liberarse de la dependencia del capital financiero internacional es fundamental para reorganizar la economía orientándola al desarrollo y la atención de las necesidades sociales más urgentes. Toda América Latina sufre la opresión y saqueo por parte del imperialismo. No estamos solos, los pueblos hermanos del continente serán nuestros aliados en esa lucha por liberarnos.

¿Por qué es necesario que exista un banco público único bajo gestión de trabajadoras y trabajadores?

El sistema bancario ni siquiera cumple la función básica que se supone debe cumplir bajo el capitalismo ¿Cuál sería esa función? Concentrar los depósitos y el ahorro para otorgar préstamos al consumo y la producción. Toman el dinero a un interés determinado y lo prestan a otro mayor. De ahí saldría su ganancia. Pero hoy una gran parte del dinero no lo presta para el consumo y la producción, sino para la especulación financiera. ¿Qué consecuencias tiene esto? Eleva el costo de todo el crédito, como el robo que significan los altos intereses en las tarjetas de crédito y préstamos personales. Los pocos préstamos hipotecarios para vivienda que existen, los llamados créditos UVA, tienen con la soga al cuello a los que los tomaron porque las cuotas suben sin parar.

No te lo cuentan en la tele porque los bancos gastan muchísimo en propaganda, pero son ellos los que hace décadas se dedican a organizar la fuga de capitales a paraísos fiscales. ¿Qué es la fuga? Fundamentalmente, los dólares que mandan al exterior o fuera del sistema legal los grandes empresarios, las multinacionales y los ricos para esconder su patrimonio y pagar menos impuestos. ¿Quiénes fugan? Está comprobado que son Techint, Clarín, Macri, Vicentín entre otros poderosos los que fugan. Los lugares a donde envían los dólares son llamados paraísos fiscales. Existen investigaciones que indican que en 2001 el 80 % de la fuga fue organizada por el Citibank, Bank Boston, Banco Galicia y otros. Mientras vaciaban el país, al pequeño ahorrista lo bloquearon con el “corralito”.

La nacionalización del sistema bancario, con la expropiación de los bancos privados (pero no para apropiarse de los ahorros de los sectores populares, sino para preservarlos) y la conformación de un banco público único, bajo gestión de los trabajadores, es una necesidad para: Cuidar el ahorro nacional, financiar obras públicas (escuelas, hospitales, viviendas), otorgar créditos accesibles para los trabajadores y sectores populares, y ayuda para los pequeños comerciantes o productores arruinados por la crisis, y terminar con el vaciamiento del país vía la fuga de capitales.

Nacionalización del comercio exterior

Cincuenta grandes empresas, entre ellas muchas cerealeras, dominan las exportaciones del país a su antojo. Tienen puertos privados, como las multinacionales Cargill, Dreyfus o Bunge y las “nacionales” como Vicentín. Junto a los importadores hacen maniobras con sus facturaciones. Gracias a esa situación pueden quedarse con dólares que el país necesita para que la economía funcione. Además de que estos “señores” son formadores de precios de los alimentos que suben sin parar.

Una y otra vez los agroexportadores y los grandes estancieros retienen las ventas al exterior para evitar que entren dólares al país, presionando para que suba su cotización y así ganar aún más. Hay que terminar con este chantaje.

La nacionalización del comercio exterior también es una necesidad imperiosa, en un país donde se privatizaron hasta los puertos. Significaría que todos los exportadores entreguen lo que se va a exportar a una institución creada por el Estado quien es el que comercializa y toma la relación con otros países. Con eso se evitarían estafas como las que hizo Vicentín, entre otras. Lo mismo con las importaciones: permitiría, por ejemplo, priorizar en momentos como los actuales la importación de insumos médicos o los test del Covid en lugar de bienes de lujo para los ricos. Todo lo que entre y salga del país debe estar en función de las necesidades sociales, de lo que necesitamos para vivir. Y tener un estricto control realizado por los trabajadores de los grupos exportadores o importadores, de los puertos, de la aduana, de los bancos.

Expropiación de la gran propiedad agropecuaria

Un puñado de terratenientes y empresarios rurales concentran más de 80 millones de hectáreas, lo mejor de las tierras cultivables.

En las últimas décadas estos fueron parte de los grandes ganadores. Macri quitó o bajó las retenciones a las exportaciones del campo. Alberto Fernández las “actualizó” pero no las repuso a los niveles de 2015. Las devaluaciones sucesivas favorecieron más aún a los empresarios rurales.

Pero puntos más, puntos menos, las retenciones siguen sin afectar la propiedad y los privilegios de los grandes empresarios agrícolas. La expropiación de la gran propiedad agropecuaria, de las 4.000 más concentradas, es central para cualquier proyecto de transformación profunda de nuestro país.

Las tierras expropiadas podrían explotarse en base a un plan de producción agropecuaria racional, diversificando los cultivos y con métodos que cuiden el medio ambiente, y para cubrir las necesidades de las mayorías populares, con arrendamiento barato para campesinos pobres y pequeños chacareros que no exploten a peones.

Vivienda y servicios para todos: por una reforma urbana integral

La pandemia ha confirmado brutalmente las condiciones de vida en nuestro país y en el planeta.

Hoy hay en el país más de 3,5 millones de hogares con problemas de vivienda por la precariedad de su construcción o el hacinamiento. Son la mitad de los hogares argentinos. Además, millones no tienen acceso a los servicios de agua potable, gas natural o cloacas. En la sumatoria de villas y asentamientos del AMBA habitan aproximadamente 2 millones de habitantes. Son los más expuestos a este virus y a cualquier enfermedad.

Mientras tanto, los inversores privados tienen en su poder gran parte de las 2.500.000 viviendas desocupadas que hay en Argentina. Es una irracionalidad total.

Una salida a esta situación solo podrá lograrse mediante una reforma urbana integral que debe contemplar un plan de obras públicas para garantizar infraestructura (agua, gas, pavimento) y viviendas para las familias que se encuentran en emergencia habitacional y permita el acceso a la vivienda a quienes hoy tienen que alquilar a precios imposibles. Recursos hay: con lo que pagó Macri de deuda se podrían haber construido más de 2 millones de viviendas. Es un problema de dar vuelta las prioridades.

Los servicios públicos son un derecho: terminar con la estafa de las privatizadas

Las privatizaciones son una herencia de los 90 que el kirchnerismo nunca se atrevió a tocar. Los servicios esenciales para nuestra vida hoy son un negocio privado.

El Frente de Todos convalidó el tarifazo de 4 años de macrismo: sólo suspendió los nuevos aumentos de tarifas por 180 días. Las empresas de gas y de luz siguen ganando fortunas.

El país perdió en los últimos años el autoabastecimiento de petróleo y gas mientras las empresas embolsan una renta extraordinaria de USD 6.400 millones al año. Con estos recursos se podría duplicar la jubilación mínima a más de 2 millones de jubilados. Pero no. Llenan las cuentas bancarias de Techint, Pan American Energy, Shell y otras multinacionales que son subsidiadas por el Estado para producir en Vaca Muerta. Además, el Gobierno quitó las retenciones a las exportaciones y les puso un precio del petróleo (“barril criollo”) más caro que el valor internacional. Es necesaria la creación de una empresa pública única que gestione todo el sistema energético nacional administrada por los propios trabajadores y controlada por usuarios populares.

Hay que terminar con el negocio en los servicios públicos, con la estafa de las privatizadas y anular los tarifazos que hizo el macrismo.

Tres grandes empresas controlan la telefonía e Internet: Grupo Clarín-Telecom, Telefónica-Movistar y Grupo Slim-Claro. Usan la inversión pública (como los satélites ARSAT) y ellos se quedan con las ganancias. Tienen tarifas caras y mal servicio, cuando Internet y teléfono son un servicio esencial. Necesitamos una empresa única de telecomunicaciones gestionada por sus ingenieros, técnicos y trabajadores, que garantice telefonía e Internet de banda ancha en todos los hogares del país a precios accesibles.

Ocupación y estatización de toda empresa que cierre o despida masivamente

La aerolínea LATAM amenaza cerrar su filial de Argentina que cuenta con 1700 trabajadores que quedarían en la calle. No podemos permitirlo.

La clase obrera de nuestro país ya mostró en la historia cómo defenderse frente a los despidos masivos y cierres. En la gran crisis del 2001/2002 cientos de empresas fueron recuperadas y puestas a funcionar por parte de sus trabajadores. La cerámica Zanon de Neuquén es uno de los principales emblemas de esta experiencia, otro gran ejemplo es MadyGraf, cuando la multinacional gráfica Donnelley quiso dejarlos en la calle.

Han sobrevivido estos años en las duras condiciones de la crisis, pese a que el Estado no les ha ofrecido ayuda de fondo. Ellos exigen ser considerados sus proveedores privilegiados, en el camino de integrarse como empresas estatales bajo gestión de sus trabajadores, poniendo su producción al servicio de las necesidades sociales.

Hoy, ante la amenaza de quiebras, cierres y despidos masivos, hay que retomar este método de defensa de los puestos de trabajo.

Un impuesto extraordinario a las grandes fortunas

El Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad presentó un proyecto de ley de impuesto que afectaría

• A las 15 mil personas más ricas (0,04% de la población del país). Grupos como Rocca, Roggio, Macri, Madanes, Blaquier y otras familias con fortunas incalculables que además, participaron de la fuga de capitales durante la era Macri según el propio Banco Central. Por ejemplo, el dueño de Techint Paolo Rocca tiene una fortuna personal de 8.000 millones de dólares.

• También gravaría al sistema bancario, que tuvo ganancias récord en 2019.

• Y a las 5.000 empresas más grandes (0,8% del total), muchas de las cuales siguieron ganando con la crisis de los últimos años (Edesur, Edenor, YPF, etc.).

• El impuesto además recaería sobre la gran propiedad de la tierra y las viviendas ociosas más caras.

• El proyecto prevé recaudar al menos 15.000 millones de dólares. Es una suma equivalente a algo más del 5 % del PIB.

• Lo recaudado serviría para un salario de cuarentena de $ 30.000 para todas y todos los que se quedaron sin ingresos.

Para fortalecer el presupuesto de salud de modo que se pueda contar con el material y recursos sanitarios necesarios para una hipótesis de 200.000 contagios.

Para la construcción de 100.000 viviendas para atender el hacinamiento de manera urgente.

3. UNA SALIDA PARA Y POR EL PUEBLO TRABAJADOR

Como decíamos al principio de estas propuestas, estamos ante una nueva crisis social y económica, que se suma a los problemas estructurales y la decadencia que sufrimos hace décadas. El FMI y los “dueños” del país querrán volver a salvar sus ganancias a costa de nuestras vidas.

¿Cómo podemos evitarlo?

En varios países comienzan luchas obreras y populares contra los despidos y la miseria. La clase trabajadora, junto a sus familias, somos la mayoría de la población. Y los que hacemos funcionar el mundo. Y que también podemos paralizarlo para ponerles freno a los capitalistas y dar una salida para la mayoría del pueblo. Si esa fuerza todavía está contenida es, por un lado, porque los Gobiernos largan migajas para evitar estallidos. Por otro, por el rol de las cúpulas sindicales –atornilladas a sus sillones desde hace décadas- que pactan con los empresarios y gobernantes y mantienen dividido al movimiento obrero, y a éste del resto de los sectores populares.

Desde el PTS, con el Frente de Izquierda-Unidad y el sindicalismo combativo, ya estamos en la primera fila de cada una de las luchas que se empiezan a dar para defender la salud y el bolsillo popular. Lo seguiremos haciendo, sin condiciones, junto a todos aquellos que quieran enfrentar el ajuste, o cualquier represión a la protesta como vimos en frigorífico Penta. Así como la militarización de los barrios, que aumentó con la cuarentena y que ya nos costó decenas de vidas jóvenes con el gatillo fácil. Llamamos a coordinar a quienes ya están resistiendo, con plenarios, asambleas o reuniones y otras acciones que ayuden a organizarnos.

A la vez que luchamos por organizar a los sectores combativos, denunciamos la tregua de la CGT y los sindicatos y exigimos que rompan los pactos como el que hizo la CGT con la UIA de rebajas salariales y suspensiones. Y peleamos por recuperar los cuerpos de delegados y los sindicatos hoy en manos de dirigentes vendidos para poder luchar sin tener las manos atadas.

La juventud precarizada, que lo sindicatos no representan, es y será la más castigada por la crisis capitalista en curso, con suspensiones y salarios de miseria. Se calcula que son unos 2 millones en todo el país. Serán los primeros “descartables” en los cierres y despidos masivos que se avecinan. Algunos de ellos se empiezan a organizar, como los precarizados y despedidos en La Red. También, las mujeres que son las más afectadas no solo por tener a cargo las tareas de cuidado y de la casa sino porque en sectores como la salud son mayoría en la “primera línea”.

Sabemos que muchos trabajadores y trabajadoras aún confían que el Gobierno y el peronismo serán capaces de resolver la crisis. Pero lejos de eso va a profundizarse, como reconocen economistas y funcionarios. Es inevitable: el reclamo de millones chocará con un Gobierno que se propone gestionar el Estado sin cuestionar el poder y los intereses de los grandes empresarios, porque como dijo el presidente: “yo soy capitalista”.

Por eso, la salida está en manos de la clase trabajadora. Si se organiza, encabezando a los sectores populares, es la única que puede salvar al país de la decadencia y la miseria. Para eso la clase obrera se debe unir entre ocupada o desocupada, nativa o extranjera, efectiva y precarizada. Sin trabajadores de primera y de segunda. Organizada y unida es una fuerza imparable.

Los propuestas y reclamos que aquí presentamos son parte de un programa anticapitalista que solo puede ser conquistado con la movilización, la lucha y la organización de los trabajadores. Toda la historia demuestra que los capitalistas no permitirán pacíficamente que se afecten sus privilegios. Las luchas parciales, no resolverán el problema de fondo. El método de la huelga ha sido devaluado por las direcciones traidoras, que a lo sumo hacen paros de presión, para negociar migajas. Cuando las condiciones se desarrollen la clase obrera deberá actuar como en los grandes momentos de la historia nacional, apelando a la huelga general con movilización para conseguir sus objetivos. Porque cuando se paralizan las fábricas, el transporte, los puertos, las centrales eléctricas, las y los trabajadores paralizan no solo la producción, sino también pueden evitar que el Gobierno imponga una salida a favor de los empresarios.

Aunque eso no está en el horizonte inmediato hay que ir preparándolo, porque no caerá del cielo de un día para el otro. Si en cada lucha parcial, aunque sea por localidad o incluso por fábrica desarrollamos la más amplia solidaridad, tendemos a la coordinación con otros sectores, se resuelve todo en asamblea, se crea comité de huelga para dirigir e incorporar a los que no están sindicalizados e incluso, sin negar la negociación, se pone el acento en la acción directa y una lucha dura desatando todas las energías posibles estamos preparando aquel camino al retomar las mejores tradiciones del movimiento obrero nacional e internacional.

Los trabajadores y el pueblo en lucha han encontrado diversas formas de auto organizarse, superando las divisiones impuestas por los capitalistas y sus sirvientes, las burocracias sindicales y sociales. No podemos predecir cuáles serán las formas que adoptarán estos organismos democráticos para la lucha, si surgirán por regiones, espontáneamente o por iniciativa de los revolucionarios. Podrán tomar la forma de sindicatos clasistas, coordinadoras, asambleas populares, con representantes electos por lugares de trabajo: cómo fábricas, empresas, escuelas.

El desarrollo de estos organismos y la capacidad de respuestas a los ataques del capital, hará que pasen de ser una herramienta para la lucha cotidiana a ir convirtiéndose en un poder alternativo al de los capitalistas. De ahí la importancia de contribuir a su desarrollo.

Los socialistas del PTS luchamos por la construcción de un partido para luchar por esta perspectiva. Que sea independiente de toda variante patronal y que tenga un objetivo claro: contribuir al triunfo de la clase trabajadora y sus aliados, en la conquista de su propio gobierno.

Un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo

En la lucha consecuente por terminar con el atraso y la dependencia nacional; por acabar definitivamente con el hambre, el desempleo y la miseria los trabajadores y trabajadoras, acompañados por los sectores populares, tendremos que conquistar nuestro propio gobierno. Siempre gobernaron los que defienden el sistema capitalista, sean militares, radicales, peronistas o el PRO. El peronismo se presenta como defensor de los trabajadores, pero esto es falso. Si en algún momento estuvimos mejor fue sólo pasajero. Cuando la torta crece el peronismo (que controla la CGT y la mayoría de los sindicatos) reparte un poco, pero la crisis capitalista vuelve a golpear y lo que antes conquistamos nos lo quitan otra vez. El capitalismo es un sistema injusto que se basa en la desigualdad y la explotación de las mayorías para beneficio de una minoría parásita cada vez más rica. Hay que dar vuelta la tortilla.

Hasta ahora gobernaron los capitalistas (empresarios, banqueros, terratenientes) que son la minoría de la población. Es hora de que gobiernen las mayorías. Los trabajadores tenemos que imponer con la lucha nuestro propio Gobierno, en alianza con los sectores populares.

Con los principales medios de producción transformados en propiedad pública, el conjunto de la población trabajadora participará en la planificación democrática de la economía (no como ahora que un puñado de dueños del país y sus políticos deciden todo a su favor), utilizando los recursos con los que cuenta el país para resolver las necesidades de las grandes mayorías.

Los recursos que hoy se destinan al pago de deuda, los que se van por fuga de capitales, los que se apropian un puñado de grandes propietarios agrarios, los que saquean las multinacionales y grandes empresarios “nacionales”, serían destinados a la salud, educación, vivienda y otras obras necesarias, protegiendo el medio ambiente.

Esto permitiría comenzar a reducir la jornada de trabajo (empezando por bajarla a seis horas), sin nadie desocupado, eliminando toda forma de trabajo precario y estableciendo que nadie cobre menos que una canasta familiar.

La juventud dejaría de ver su destino inexorable en los empleos “basura” y la falta de futuro. Haríamos realidad el derecho a la vivienda y el fin del hacinamiento en barrios completamente precarios y sin acceso a los servicios fundamentales.

Así los adelantos de la ciencia y la técnica aplicados a la producción no significarán millones expulsados al desempleo o al trabajo precario como ocurre hoy, sino mejores condiciones de trabajo y más tiempo libre para dedicar a la ciencia, al arte y la cultura y al esparcimiento. Y permitirían superar el atraso nacional, alentando el más alto desarrollo productivo, científico y tecnológico.

Parece utópico pero no lo es. Lo utópico es pensar que el capitalismo puede ser “humanizado”, y resolver los problemas de las grandes mayorías.

Las y los socialistas revolucionarios del PTS luchamos por una salida para y por el pueblo trabajador. Una sociedad donde no haya explotados ni explotadores. Y esa lucha por conquistar una sociedad socialista no puede ser solo desde Argentina, sino conjunta con otros pueblos del mundo.

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