Política México

OPINIÓN

Ante la Ley de Seguridad Interior, poner en pie un movimiento contra la militarización

Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, un amplio rechazo se ha expresado por parte de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y varias personalidades

Yara Almonte

Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM

Miércoles 6 de diciembre | 16:39

Con el Ejército en las calles aumentará la violencia

En los últimos días, todos los partidos y figuras centales del régimen político han sentado posición sobre la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en la cámara de diputados. Para algunos, la LSI representa la posibilidad de regular la presencia del Ejército en las calles en tanto que los últimos diez años de “guerra contra el narco” las operaciones militares han estado por fuera de todo marco jurídico específico.

Para otros, la LSI representa la legalización de la militarización del país, permitiendo una serie de medidas que, en los hechos, permitirían anular las garantías individuales de la población civil frente a las fuerzas castrenses. Además, la ambigüedad de la ley deja al criterio arbitrario (de los militares) las situaciones que ponen en riesgo “la seguridad nacional” y la “seguridad pública”.

En un reciente informe publicado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, se difunde que entre 2006 y 2016, 82 mil 745 quejas han sido levantadas por violación a derechos humanos contra autoridades encargadas de seguridad pública (Sedena, Semar, PGR, PF).

Entre 2012 y el 2016, por ejemplo, la PGR integró 505 carpetas de investigación contra miembros de Sedena y Semar, de las que solo 16 han tenido sentencias condenatorias. La mayor parte de las denuncias integra tortura, abuso de autoridad, desaparición forzada y violencia sexual. No es casual entonces que el reclamo y principal preocupación frente a la aprobación de la LSI sea la posibilidad real de que la violencia aumente exponencialmente.

Esta falta de respuesta institucional ante violaciones de derechos humanos expresa la complicidad entre las fuerzas represivas y los órganos responsables de la impartición de justicia, así como de la negativa del Ejecutivo de hacer efectivas las 16 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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¿En contra de la LSI pero a favor de las fuerzas represivas?

Tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC) han reprochado la aprobación de la ley por legitimar el uso de fuerzas castrenses para tareas de seguridad pública, alertando sobre la posibilidad de un alza en las violaciones a derechos humanos.

Estos tres últimos fueron espepcialmente cuidadosos en aclarar su cuestionamiento a la aprobación de la LSI de ninguna manera significa un rechazo a las fuerzas armadas. Incluso aseveraron, preocupados, que imponer tareas que no corresponden a las fuerzas castrenses “denostará su papel”.

El rechazo de los partidos “de izquierda” a la LSI es ambiguo si no parte de cuestionar el rol de las fuerzas represivas para el Estado mexicano y los planes del gobierno. Lo que ninguno dice es que promover un funcionamiento castrense que respete los derechos humanos es una absoluta ridiculez pues no cabe el respeto a la vida cuando la tarea, la razón de exisitir como institución, es la represión.

Quienes participamos de la Coordinadora Metropolitana y Nacional contra la Militarización en el 2010-2011, antes del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad encabezado y desviado por Sicilia, sabemos que la seguridad no puede venir de cuerpos preparados en entrenamiento y combate para proteger la propiedad privada con sangre y fuego. Porque Atenco, Tlaltaya, Tanhuato, Acteal y las masacres del Jueves de corpus en el ’71 y de Tlatelolco en octubre del ’68 no permiten ocultar los verdaderos intereses de los cuerpos represivos.

El Ejército no es ajeno a la corrupción ni a la asociación con el crimen organizado porque siempre ha estado al servicio de los intereses de los grandes empresarios capitalistas que mediante el despojo, la impunidad y la violencia han garantizado sus jugosos negocios.

Por eso la gendarmería ocupa zonas de recursos naturales explotables por el capital trasnacional, las mineras y las hidroeléctricas. Por eso las “víctimas colaterales” de la “guerra contra el narco” son en su mayoría jóvenes y mujeres de sectores pobres y trabajadores. Por eso el Ejército y la Marina cumplen la tarea que les encomendaron cuando reprimen y asesinan maestros, como en Nochixtlán, desaparece estudiantes organizados como en Ayotzinapa y se mantiene en las calles para evitar cualquier estallido social que exprese la bronca contra el gobierno en la coyuntura electoral y ponga en jaque los planes del imperialismo.

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Urge un movimiento nacional en las calles contra la militarización

Las declaraciones no bastan. Hace falta poner en pie un potente movimiento en las calles contra la militarización del país, que exija el regreso inmediato del Ejército a los cuarteles y enfrente desde una perspectiva anticapialista esta guerra contra el pueblo.

Es necesaria la participación activa en primer lugar de todas las organizaciones obreras y sindicales con sus métodos de lucha como el paro y la huelga nacional, que ha sido el gran talón de aquiles de los últimos movimientos nacionales como el MPJD o la lucha por los 43 de Ayotzinapa.

Los trabajadores agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores (NCT), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), San Quintín, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y también la base de los sindicatos charros, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hasta aquellos que adhieren a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) deben recuperar las calles y tocer la mano del gobierno que militariza el país para hacer pasar sus planes con bota militar.

Junto a la exigencia de desmilitarización debemos luchar por la disolución de los granaderos y la Policía Federal, por la legalización de todas las drogas para frenar la sed de ganancia de impulsa esta guerra y fortalecer la organización de la clase trabajadora a ambos lados de la frontera para enfrentar en común los planes del imperialismo en su patio trasero. ¡México, México no es cuartel, fuera Ejército de él!






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