CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Andrés Bódalo, un año en prisión por luchar

El dirigente del SAT ha sido condenado a tres años y medio de prisión por una protesta de jornaleros.

Clara Mallo

Madrid | @ClaraMallo

Viernes 31 de marzo | 18:45

El 30 de marzo de 2016, Andrés Bódalo fue recluido en la Prisión Provincial de Jaén, en la que entró tras ser condenado a tres años y medio de prisión. La “Justicia” lo condenó por una agresión a un teniente alcalde socialista de Jódar en 2012, durante una protesta de los jornaleros que pedían peonadas. Bódalo tenía otras causas pendientes por la expropiación de supermercados para familias que no tenían qué comer. Y otra por defender una charla asediada por militantes fascistas. Estas causas sirvieron para la justicia como "agravantes”, para imponer una pena que asciende a los tres años y medio de prisión.

Tras la entrada en la cárcel de Andrés Bódalo, el Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) inició una serie de acciones para pedir la libertad de su compañero, convocando protestas, movilizaciones y manifestaciones. 18 miembros del SAT iniciaron una huelga de hambre que duró 27 días. Tras finalizarla, desde el SAT anunciaron que la lucha por la libertad de Andrés Bódalo no terminará hasta conseguir su libertad. El pasado19 de febrero una importante manifestación reunió a miles de personas en Jaén.

Este jueves, al cumplirse un año del encarcelamiento, se convocaron actos y concentraciones en distintas ciudades, no solo de Andalucía. Está claro que solo la movilización podrá lograr arrancar de las cárceles, tanto a Andrés como a otros compañeros y compañeras perseguidos por el estado.

Andrés Bódalo es un jornalero, militante de un sindicato y desde hacía poco tiempo concejal por Jaén en Común. Un luchador, y por eso lo han condenado a entrar en prisión.

Este es hoy el ejemplo más notorio de la criminalización contra los luchadores en el Estado español, y en particular contra los sindicalistas del SAT, pero no la única. Defender el trabajo y luchar contra la pobreza es hoy un delito grave para el régimen del 78.

La persecución hacia los trabajadores del SAT y otros luchadores lleva tiempo agudizándose en todo el Estado. Solo basta recordar el caso de Alfon que fue encarcelado tras la Huelga general del 14N del 2012, el joven Francisco Molero que fue condenado a 5 años de prisión sin recurso tras un acto de Rodea el Congreso en 2013, y muchos otros. El año pasado también tuvo lugar el juicio contra los ocho sindicalistas de Airbus, para los que la fiscalía pedía año y medio de prisión por su participación en la huelga general de 2010, aunque estos quedaron absueltos.

Las cifras no dejan lugar a dudas acerca del aumento de la represión que el sistema viene ejerciendo contra los que defienden los derechos de los trabajadores. Solamente el SAT, según publicó hace poco en su web, ya suma un total de 637 sindicalistas acusados, sancionados e imputados/investigados, que han tenido que enfrentarse a la "justicia".

Esta "justicia" para ricos que vela por los intereses del régimen del 78 opera no solo contra sindicalistas y huelguistas, sino que tiene en su punto de mira a toda voz discordante con sus instituciones. Lo hemos visto esta última semana con el caso de Cassandra y en los últimos años con decenas de ejemplos como la insólita detención de los titiriteros, los condenados por la Operación araña, César Strawberry, los militantes de la CUP, el rapero Valtonyc, entre otros.

Mientras aplican estas condenas de forma ejemplarizante, las instituciones del 78 exculpan a la Infanta Cristina por el Caso Nóos y dejan libres a Rodrigo Rato y otros tantos corruptos.






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