Política

ARCHIVOS DE LA DICTADURA

Andrea Robles: “Cristina cuenta una versión del Pacto Social que esconde a la Triple A”

La hija del dirigente del PST, César Robles, asesinado por la Triple A cuenta por qué exige la entrega a la familia de los archivos de la dictadura. La patrocina Myriam Bregman, abogada del CeProDH y querellante en causas de lesa humanidad.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Viernes 10 de mayo | 18:31

El 23 de abril, ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, hijos de víctimas de la Triple A y la dictadura, realizaron una presentación para solicitar la apertura integral de los archivos de última dictadura cívico militar y de los años previos.

Mario Santucho y Patricia Walsh, junto a integrantes del CeProDH Alejandrina Barry, hija de desaparecidos; Andrea Robles, hija de César, asesinado por la Triple A y Gloria Pagés, hermana de desaparecidos, hicieron una presentación conjunta. Todos ellos son patrocinados por Myriam Bregman, abogada y querellante de numerosos familiares de desaparecidos y de sobrevivientes de la dictadura.

A propósito de esta presentación Myriam Bregman sostuvo “lo que falta es la voluntad política de abrirlos y que podamos acceder a archivos y documentos que el Estado escondió por años con relación a los detenidos desaparecidos, asesinados, torturados, los responsables políticos y materiales y todo el entramado de la dictadura con importantes empresas y la jerarquía de la Iglesia".

Conversamos con Andrea Robles, hija de César Robles dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), quien sostuvo “mi padre fue víctima de la denominada Triple A, organización paraestatal con aquiescencia del Estado, asesinado el día 3 de noviembre de 1974”.

Acaban de presentar un pedido para que les entreguen los archivos que están en poder del Estado, ¿por qué opinas, aun cuando se juzgó a partes de los responsables de la dictadura, nunca se abrieron los archivos?

  •  Respecto del caso de la Triple A, que actuó durante los gobiernos de Juan Perón y, a su muerte, de Isabel Perón, la causa estuvo cerrada hasta el 2006 porque, en 1984, hubo un pacto de impunidad entre el presidente Raúl Alfonsín e Isabel. Los bloques del PJ y la UCR votaron una ley en la que se instituía la impunidad de la ex presidenta, extensiva a todos los legisladores e integrantes de los poderes constitucionales anteriores al golpe de 1976.

    Años después, con la reapertura de la Causa Triple A, Carlos Kunkel, diputado muy cercano en ese momento al presidente de la Nación Néstor Kirchner, declaró a la prensa que “Perón, ni remotamente tuvo que ver con la Triple A”, respondiendo a una campaña con afiches en la ciudad que hicieron las 62 Organizaciones, que rezaba “No jodan con Perón” no bien se reabre la Causa.

    En el caso de la Triple A, hay y hubo un interés grande en preservar la figura emblemática de Perón y garantizar la impunidad de los policías, expolicías, funcionarios de gobierno, de los integrantes de la burocracia sindical, agrupaciones de ultraderecha y de la derecha peronista que integraron sus bandas. O sea, por tu pregunta, la impunidad y el resguardo de la información de los archivos del Estado fueron actos de gobierno explícitos que se puede ver a quiénes beneficiaron. Si los archivos del Estado fueran abiertos estas operaciones de encubrimiento no podrían sostenerse.

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    La política de reapertura de las causas de la Triple A buscó condenar algunos casos emblemáticos -un puñado de cabecillas- para garantizar que la mayoría sigan impunes y en funciones. Pasados más de treinta años de una causa que estuvo cerrada, fue muy lamentable ver que toda la investigación de crímenes de lesa humanidad -al igual que respecto de los desaparecidos bajo la dictadura- recayó en las pruebas que presentamos familiares y amigos. En el caso de los perpetrados por la Triple A las pruebas son muy escasas ya que el modus operandi era el secuestro y el asesinato inmediato, motivo por lo que es difícil encontrar testigos y, es evidente, la documentación que puede esclarecerlos se encuentra en los archivos del Estado.

    -Tu padre fue víctima de la denominada Triple A, estos crímenes fueron considerados de Lesa Humanidad el 26 de diciembre de 2006, porque fueron cometidos al amparo del Estado y con garantía de impunidad, como antesala a la dictadura genocida que se instaló en 1976. ¿Cuánto se ha avanzado en causas contra los responsables materiales e ideológicos de esta organización?

  •  Prácticamente nada. Al inicio de la causa, como te comentaba, fueron acusados Ramón Morales, Miguel Ángel Rovira, Felipe Romero y Rodolfo Eduardo Almirón, que junto con José López Rega, Alberto Villar -ambos muertos para ese momento- fueron los jefes operativos de la Triple A. Sin embargo, la única novedad fue que, excepto Morales y Rovira que cumplieron algunos meses en prisión domiciliara, o murieron antes de la condena o mediante argucias judiciales los dejaron libres, como a Jorge Conti, yerno del ex ministro de Bienestar Social López Rega; Carlos Alejandro Villone, ex secretario privado de "El Brujo"; y Julio José Yessi, ex jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), entre otros.

    Al día de hoy no hay un solo de los responsables de los más de 1.500 crímenes de la Triple A preso. Hace dos años el juez Martínez de Giorgi, que ocupó el lugar de Norberto Oyarbide en la Causa, resolvió el sobreseimiento parcial y provisorio. Bajo el código penal que rige esta causa significa que el caso pasó a archivo. De Giorgi resolvió que la Justicia deje de investigar porque consideró que no “es posible individualizar a los autores materiales”. La resolución no tiene sustento desde el momento en que la Justicia prácticamente no investigó para dar con los autores materiales e intelectuales.

    Tu papá era dirigente del PST y vos denuncias, en el escrito que presentan para solicitar los archivos, que la Triple A confeccionó listas negras, a quienes incluían por razones ideológicas y a las cuales la organización paraestatal “condenaba a muerte”. ¿Cómo sabes de la existencia de esas listas?

  •  A fines de 1973, la Triple A difundió una lista de personalidades que “serán inmediatamente ejecutadas donde se las encuentre” decían. En la lista se encontraban militantes de izquierda como Homero Cristali (alias J. Posadas); Hugo Bressano (alias Nahuel Moreno, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores); los abogados Silvio Frondizi (hermano del ex presidente Arturo); dirigentes cómo Mario Roberto Santucho (Partido Revolucionario de los Trabajadores; sindicalistas como Armando Jaime, Raimundo Ongaro, René Salamanca y Agustín Tosco; el profesor Rodolfo Puiggrós (ex-rector interventor de la Universidad de Buenos Aires); el abogado Manuel Gaggero (director interino del diario El Mundo) entre otros. También se consiguió otra lista que aportó un familiar. Pero del resto no tengo conocimiento.

    ¿Que actualidad sigue teniendo el reclamo, más allá de las razones personales de los familiares de las víctimas?

  •  Ayer, nomas, Cristina Kirchner, en la presentación de su libro Sinceramente en la Rural, invocó como ejemplo para su gobierno el Pacto social, que Perón acordó con empresarios y cúpulas sindicales en 1973. Es paradójico y al mismo tiempo actualiza nuestra lucha contra la represión y la impunidad.

    El Pacto Social buscó enchalecar a la clase trabajadora en una política económica que fue de la mano con la pérdida de poder adquisitivo y conquistas laborales. Paralelamente Perón impulsó varias medidas legislativas de corte represivo y la creación de la Triple A, buscando impedir las tendencias de la clase trabajadora a enfrentar al Pacto, su organización democrática en las fábricas contra la burocracia, y, a nivel político, contra la izquierda y el ala izquierda dentro del peronismo, como bien denunció en su momento el diputado Ortega Peña luego de la Masacre de Pacheco a fines de mayo de 1974.

    Cristina no dijo que solo unos días después de la firma del Pacto Social se producía la masacre de Ezeiza, perpetrada por la derecha peronista a la que Perón nombró para la “organización” del acto a su arribo.

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    Y si nos acercamos a la actualidad, tampoco puede olvidarse la represión a los trabajadores de Lear durante el gobierno de Cristina y Scioli y el ataque a los delegados combativos de las patotas de la burocracia de la SMATA de Pignanelli -aliado de su gobierno- con gas pimienta y armas cortantes, cuando la Justicia obligó a la empresa a reincorporarlos. O antes, el asesinato de Mariano Ferrerya acontecido en el contexto del ataque de una patota sindical de José Pedraza -otro de los aliados de los Kirchner- contra un grupo de trabajadores ferroviarios tercerizados que luchaban por mejorar sus condiciones laborales. Y ayer nomás, en Electrolux, el ataque de la patota de la UOM en Rosario a los despedidos. La burocracia sindical una vez más actuando en interés de la patronal como el brazo policial en el movimiento obrero con el aval del gobierno que sea.

    La presentación que hicimos patrocinados por Myriam Bregman y el CeProDH es un nuevo intento de lucha contra la impunidad que como vemos no es una cuestión del pasado. Aunque Cristina contó una versión rosa de lo que implicó el Pacto Social y ocultó la creación de la Triple A, muestra que no van a dudar en volver a apelar si hiciera falta -como lo hicieron todos los gobiernos al servicio de los capitalistas desde 1919 a hoy- a las mismas medidas, como la que aplicaron los gobiernos peronistas en los 70.

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