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Allanaron C5N: Cristóbal se quedó con mucha plata y se la quieren cobrar

Además del canal de noticias se ordenó allanar otras empresas del grupo del magnate kirchnerista. Es por evasión multimillonaria de impuestos, una práctica empresaria que no sabe de ideologías.

Daniel Satur

@saturnetroc

Sábado 19 de marzo de 2016 | Edición del día

Ayer, pasado el mediodía, se conoció que la jueza en lo Penal Económico María Verónica Straccia ordenó una serie de allanamientos en oficinas de empresas del Grupo Indalo, propiedad del magnate del petróleo, el juego y los medios Cristóbal López y de su socio (hasta hace pocos días) Fabián de Sousa.

Los allanamientos se dieron en el marco de la causa en la que se investiga una evasión de $ 8 mil millones, entre 2012 y 2015, del Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC) por parte de Oil combustibles, uno de los gigantes de Indalo. A su vez se presume que con ese dinero evadido López y De Sousa compraron más empresas, sobre todo canales de TV (como C5N), radios y otros medios para engrosar el grupo.

La denuncia penal que abrió la causa a cargo de Straccia la realizó la propia Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la persona de su titular Alberto Abad, por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.

El operativo de ayer, en el que se buscó documentación en las oficinas de C5N, Oil y la compañía de auditorías Deloitte estuvo a cargo de dos fuerzas federales, Prefectura y Gendarmería. También hubo procedimientos en las agencias 11 y 51 de la propia AFIP.

Lo hacen todos, mientras los dejen

La evasión multimillonaria por parte del Grupo Indalo está confirmada. Además del diario La Nación, que el domingo pasado detalló partes sustanciales de esa maniobra, el propio Fabián de Sousa despejó cualquier duda cuando intentó minimizar la estafa al fisco bajo el argumento de que todo lo hecho fue “absolutamente legal” y hasta fue tomado de “la estructura de financiamiento que está disponible en la Argentina”.

Quien irónicamente intentó desautorizarlo fue el presidente Mauricio Macri, al decir que esa explicación es “disparatada e inaceptable” y que “lo que han hecho está totalmente fuera de la ley, con la pasividad y complicidad del gobierno anterior”. Irónico, viniendo de quien está parado sobre una fortuna personal construida a base de uno y mil negociados con el Estado a través de SOCMA (Sociedad Macri), entre cuyos hitos figura el creciminiento exponencial de mano de Videla, Martínez de Hoz y el resto de los genocidas de la dictadura.

De Sousa tiene razón. Lo que hicieron desde Indalo es tan legal que lo realizan cotidianamente en Argentina miles de empresarios nacionales y extranjeros. Quizás no todos con el volúmen y la suerte de los titulares de Indalo, ni todos con las mismas maniobras (hay múltiples alternativas "legales" para evadir y no pagar). Pero que lo hacen, lo hacen.

Sin ir más lejos, el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay está siendo investigado actualmente en el marco de la megacausa del banco HSBC. El funcionario de Macri habría intervenido para que no sean declaradas algunas cuentas que posee en Suiza, nada más y nada menos, que la familia Fortabat.

Fraudes y estafas similares se encuentran de a miles en la larga y nefasta historia de la clase empresaria argentina. De hecho el “secreto comercial” no funciona con otro objetivo legal que encubrir una y mil maniobras por parte de la burguesía, haciéndola zafar de rendir cuentas ante el conjunto de la sociedad.

Un dato nada menor indica que la jueza Straccia es esposa y cónyuge de Jorge Sourigues, un abogado especialista en fraudes corporativos, conflictos societarios y delitos económicos. Sourigues tiene como cliente casi exclusivo a Cablevisión, la empresa del Grupo Clarín involucrada en infinidad de maniobras económico-financieras, en contadas excepciones puramente “legales”.

Straccia tiene una gran oportunidad. Si logra “cobrarle” a Cristóbal López, más de uno la nombrará heroina nacional y auténtica defensora de la bendita república.

En defensa de la libertad de expresión

Mientras ayer allanaban C5N, en la oficina central del Grupo Indalo redactaban un escueto comunicado que poco después se hizo público. Entre otras definiciones en el texto se afirma que “el Grupo Indalo colaboró facilitando toda la documentación solicitada en tiempo y forma. Asimismo a través de sus abogados dentro de las 72 horas se presentará voluntariamente la documentación adicional que no fue ubicada durante las diligencias”.

A su vez el comunicado recuerda que “el martes 15 de marzo de forma espontánea se presentaron ante el Juzgado el señor Cristóbal López y el señor Fabián De Sousa para ponerse a disposición de la Justicia”. Y finaliza diciendo que “Indalo trabaja desde hace muchos años con transparencia”.

López y De Sousa nada dicen sobre que el allanamiento al canal de noticias raya con el ataque a la libertad de expresión, tratándose de un medio masivo de comunicación. Quizás porque el concepto “libertad de expresión” es totalmente ajeno al universo ideológico de esos señores. Vale preguntarle si no al más de un centenar de despedidos de CN23, el canal que Indalo le compró a Sergio Szpolski (seguramente con parte del dinero evadido al fisco).

Sin embargo ayer, al conocerse la noticia, un buen número de periodistas prendió las alarmas y comenzó a alertar sobre las consecuencias que podrían acarrear estos allanamientos a un canal de noticias. Sobre todo teniendo en cuenta por dónde suele cortarse el hilo cada vez que los capitalistas dirimen sus pujas de poder. Si hace poco Cirstóbal López cerró Parana Metal, dejando cientos de despedidos, porque no le interesaba seguir con el negocio, bien vale preocuparse por el destino de varios de los medios del Grupo Indalo si es que se ve más apretado aún por la Justicia y la AFIP.

Por otro lado, la alarma también tiene asidero en este caso ya que C5N, desde que Macri asumió el gobierno, viró en su línea editorial pasando del oficialismo acérrimo a la oposición denodada. Por eso en los despachos oficialistas se frotan las manos imaginando los efectos mediáticos de una vendetta contra Cristóbal.

La defensa de la “libertad de expresión” en los medios masivos pasa, ante todo, por la defensa de todos los puestos de trabajo que hay en ellos. Así lo manifiesta la Izquierda Diario ante cada despido o plan flexibilizador implementado por cualquier patronal, sea kirchnerista, macrista o “independiente”.

En ese sentido, prender las alarmas va de la mano con distinguir dónde están los aliados y dónde los enemigos de los trabajadores.







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