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VALPARAÍSO

Alcaldía ciudadana de Sharp genera apoyo transversal para impulsar Ley de Valparaíso

El alcalde de la ciudad busca reunir esfuerzos para aprobar una la ley que obligue a las empresas portuarias a tributar a los municipios y no solo al pago de patentes y contribuciones.

Antonio Paez

Secretario Sindicato Starbucks

Miércoles 7 de junio | 07:25

Desde el sector más duro de la derecha hasta el Frente amplio, ha comenzado una campaña para exigir al gobierno una ley especial de tributación para empresas portuarias a nivel nacional y particularmente para Valparaíso. El objetivo de dicha ley es la obtención de recursos a través de un impuesto especial que iría en directo beneficio de las arcas municipales y del gobierno provincial.

Pero más allá de este especial pedido de redistribución del erario nacional se esconde un problema mucho más estructural y es la calidad del trabajo y el impacto ambiental que lleva consigo la instalación de las faenas de estas grandes empresas transnacionales y nacionales

Lo que no quiere ver la Ley Valparaíso: precarización laboral y depredación al medio

Desde mediados de los noventa y con las privatizaciones iniciadas por del expresidente DC Eduardo Frei, los distintos puertos estatales fueron entregados, a través de concesiones, a unos pocos capitales extranjeros y algunas de las familias más ricas del país. Si durante décadas el trabajo portuario fue visto como uno de las mejores opciones por las que se podía optar en ciudades como Valparaíso, con la llegada de los nuevos administradores privados, la situación dio un giro en 180°.

La instalación del trabajo eventual, la tercerización y la división de los poderosos sindicatos portuarios solo sumaron miserias al conjunto de los trabajadores de la zona. De la mano con la precarización laboral (que ha sido ampliamente denunciada por los mismos portuarios) vino una intervención sin precedentes en el espacio geográfico local. Destrucción de patrimonio histórico, áreas forestales (como en placilla) y proyectos de alto impacto ambiental van de la mano con un desinterés por parte de estas empresas hacia las comunidades donde funcionan.

El país ha visto incluso con estupor el resultado de la intervención industrial en el medio natural. Casos como el de Chiloé y las salmoneras o, los nocivos efectos de los embalses de relave e intervenciones de causes de agua para los pueblos del norte.

La aprobación de una ley con el objetivo de un mayor pago a los municipios no soluciona un problema estructural ni mucho menos lo cuestiona y es por esto que un proyecto como el que impulsa el actual alcalde Sharp puede ser bien visto desde la UDI hasta el FA.

El discurso regionalista y la desorganización capitalista

Otro de los debates que se ha puesto en la palestra es la descentralización y su consecutiva regionalización de los recursos producidos por estas megaempresas. Esta política ha sido una bandera constante de diversos políticos burgueses que, buscando una legitimación local, dicen combatir el exacerbado centralismo del país. Es cierto que las riquezas que generan estas empresas en su mayoría no van a parar a las regiones, de hecho, esos recursos se los llevan las transnacionales al extranjero o van a parar al bolsillo de unas pocas familias. Si solo regionalizáramos los recursos, condenaríamos a la pobreza a diversas zonas que no son del interés empresarial y que dependen casi exclusivamente de la “beneficencia” estatal. El problema de la distribución de la renta nacional no es producto de la centralización, sino por la desorganización capitalista que subyace a la idea de la depredación del medio, de chupar hasta el último recurso natural para luego abandonarlo a su suerte. La regionalización de los recursos no termina con la anarquía productiva que genera el capitalismo, la única solución para esta anarquía es la planificación socialista.

Recuperar los puertos y organizarnos para ello

Valparaíso no puede seguir esperando que los empresarios se abuenen con los trabajadores y estén dispuestos a tributar un poco más para reparar los daños causados. La sola idea de que empresas como TPS o EPV estén dispuestas a comprometerse realmente con la comunidad es del todo utópica. La historia ha enseñado que cada vez que se ha intentado afectar sus ganancias, los capitalistas han respondido con todas las herramientas que tienen para ello. Por eso las y los trabajadores no pueden confiar en que será un impuesto el que mejorará sus condiciones de vida. Valparaíso debe avanzar a cuestionar la propiedad del puerto, organizarse para dar una pelea por la estatización sin pago de los puertos y que su administración pase a mano de los mismos trabajadores.






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