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CORONAVIRUS

Alberto Fernández envió tropas del Ejército a la frontera entre Salta y Bolivia

Amparado en un decreto firmado por el Gobierno de Macri, aumenta el despliegue militar a lo largo del país. Coerción y control. Una alerta para no pasar por alto.

Miércoles 24 de junio | 23:08

Este miércoles trasladaron tropas del Ejército a la provincia de Salta. La medida fue autorizada por el presidente Fernández a pedido del gobernador peronista Gustavo Sáenz.

Los militares llegaron a la provincia para colaborar en el cierre del paso internacional que une la localidad argentina de Salvador Mazza, en el departamento de San Martín, con Bolivia. Una medida que fue festejada a viva voz por el senador nacional kirchnerista Sergio "Oso" Leavy.

Según informó el Gobierno provincial, el motivo del cierre fronterizo se debe a la llegada de ciudadanos bolivianos a la provincia en busca de atención médica por el colapso de los hospitales en el país vecino ante la propagación del Covid-19. Frente a esto, Fernández envió una tropa de soldados, oficiales y suboficiales de Infantería del Ejército Argentino.

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Tal como difundió el Ministerio de Seguridad de la Nación, las tropas de las Fuerzas Armadas darán apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad. Función que cumplen desde 2018, cuando el Ejército Argentino fue incluido en el operativo Integración Norte, en el marco del Gobierno de Mauricio Macri. A través de la Resolución 860/18 se permitió así el adiestramiento operacional, apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y asistencia a la población civil con campañas sanitarias, alimentarias y de infraestructura.

El decreto 727, firmado en el 2006 -producto de la lucha de los organismos de derechos humanos- había limitado la posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, permitiendo solo el uso de efectivos y medios para conjurar un ataque proveniente de un ejército regular de un tercer país.

No obstante esta limitación, durante el Gobierno de Cristina Kirchner implementaron operativos de cooperación entre fuerzas militares y policiales, conocidos como Fortín I y II y Escudo Norte. Es decir que la Resolución 860 sigue vigente, y el Gobierno de Alberto Fernández la utiliza para cerrar las fronteras en el marco de la pandemia, cuando muchos ciudadanos bolivianos buscan ayuda sanitaria.

Aumento del poder coercitivo del Estado

La decisión de cerrar la frontera, como sostuvo el vicegobernador, Antonio Marocco, cercano a Fernández, a La Nación, fue tomada por el presidente para “acompañar nuestro pedido; muestra claramente la preocupación de cuidar a los ciudadanos argentinos y a los salteños para no tener sorpresas con este enemigo invisible". Una resolución discriminatoria contra los hermanos del pueblo vecino, que conviven en el mismo suelo y cotidianamente se movilizan por cuestiones laborales y personales de un lugar a otro, sin mirar de qué lado de la frontera están, como ocurre también entre ciudadanos de Chile y Argentina.

Como venimos señalando desde este diario, el Gobierno nacional sostiene la cuarentena aumentando la presencia policial en todo el país, y ahora, frente a una crisis sanitaria en el país vecino, provocada por el gobierno golpista de Áñez, Fernández no tiene mejor respuesta que cerrar las fronteras en vez de buscar una solución sanitaria.

Si bien por las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior se prohíbe a las fuerzas intervenir en la represión interna, el despliegue militar en todo el país tiene el objetivo de amedrentar a la población que viene sufriendo la crisis por el coronavirus, agudizada por las decisiones políticas que toman los Gobiernos nacional y provincial.

Medidas de fondo

En medio de la pandemia, lejos de eso, lo que se necesitan son medidas sanitarias, económicas y sociales de de fondo. Algo que el Frente de Izquierda, viene planteando. Además, presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional hace más de un mes con eje en un impuesto extraordinario a los bancos y grandes fortunas para que todos aquellos que la necesiten puedan tener una IFE de $30.000, además de destinar recursos al vaciado sistema de salud y construir 100.000 viviendas en un año.

En las antípodas, el proyecto del impuesto a la riqueza del oficialismo nunca fue presentado, en tanto continúan los despidos, las rebajas salarial y el pago del aguinaldo en cuotas.

Cuando Alberto Fernández, junto a todo su gabinete, opta por enviar el Ejército a las fronteras en lugar de apuntar a las necesidades más urgentes, afectando las ganancias de los empresarios, banqueros y terratenientes que se la siguen llevando en pala, se entiende para qué quieren los militares en la calle. Aunque, por ahora, no puedan usar armas de fuego.







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