Géneros y Sexualidades

SANTA CRUZ

“Al abuso lo tengo entre comillas”: un ginecólogo defendió que se obligue a las niñas a parir

En una entrevista un médico cirujano especializado en obstetricia del hospital público de la localidad Puerto Santa Cruz relativizó los abusos sexuales hacia menores y relató el caso de una niña de 9 años que “tuvo un parto normal”.

Pablo Herón

@PhabloHeron

Miércoles 26 de agosto | 19:41

Elider Pecile fue entrevistado por el periodista Ariel Aguirre de Puerto Santa Cruz, una pequeña localidad de la provincia del sur del país que lleva casi el mismo nombre.

Durante la entrevista se pronunció contra la demanda por la que el movimiento de mujeres y la juventud se movilizaron masivamente durante los últimos años: el aborto legal, seguro y gratuito. Sobre el tema afirmó “defiendo la vida, porque la vida empieza en el momento de la concepción, aunque me digan que son celulitas, es un coagulito. No señor, esa celulita ya tiene vida”.

En caso de que se legalizara el aborto declaró que el diría que “no” a realizarlo dado que “tengo mi objeción de conciencia”, que de llegar el caso daría cuenta de la situación ante la justicia porque cree que hay “caminos alternativos”. Más adelante completaría la reflexión: “Tenés tu hijo y lo regalás, lo donás, lo das en adopción, pero no lo tires. Ese es el camino correcto. Y sino el otro camino criminal sería: tengo 4 hijos no puedo tener este porque va a ser el quinto. Bueno, hagamos una cosa señora, tráigame uno de los 4, lo sacrificamos y que tenga este”.

Esa postura desconoce que de por sí ya existen casos en los que se puede aplicar el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) implementado por el Ministerio de Salud de la Nación, al cual la provincia de Santa Cruz adhiere. Si bien el aborto en Argentina está criminalizado, existe la posibilidad de acceder a la ILE en determinadas causales fijadas por un artículo del Código Penal vigente desde 1921. Sobre este artículo la Corte Suprema de Justicia emitió el llamado fallo F.A.L. en el año 2012. El mismo establece que el aborto no es punible para cualquier caso de violación, así como también si está en peligro la vida y la salud de la persona gestante (entendiendo a la salud tanto la física, como la psiquica y/o la social de la persona).

Bajo su visión el médico posteriormente se jactó de que “a muchas logré convencerlas y tuvieron el hijo”. Llegando a contar que: “con mi esposa teníamos cuatro hijos, y quedó embarazada de la quinta hija, teníamos 40 y pico de años cada uno. Su planteo fue que no se podía ¿cómo que no se puede? Tenemos que recibirlo porque es una gracia de Dios... le hice psicoterapia durante tres meses, al cuarto mes, cuando se comenzó a mover la criatura, ahí lo aceptó”.

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Como venimos reflejando por este medio, la criminalización del aborto y su práctica en la clandestinidad implica consecuencias concretas para las vidas de las mujeres y las personas con capacidad de gestar que se perpetúan durante la pandemia. Ivana Micaela era de Formosa y tenía 22 años, murió en abril como consecuencia de un aborto en la clandestinidad, lo mismo le sucedió a B. de 41 años en el municipio bonaerense de La Matanza. En el mismo período también se conoció que en Santiago del Estero hay tres mujeres presas imputadas por aborto.

Niñas, no madres

La reflexión del Dr. Pecile no terminó ahí. Hablando sobre anticoncepción afirma que “el varón planta el rabanito, dejó la semillita y se va, pero la niñita queda con la semillita. Y si germina y la niñita tiene 9, 10, 12, 13 años...”. El periodista lo interrumpe aclarando que es un tema muy complejo dado que por la edad estaría hablando de “abuso de menores”. Más adelante vuelve al ejemplo que quería dar y afirma: “un caso muy resonante cuando yo estudiaba medicina, una niña de 9 años embarazada. La atendió el profesor de la cátedra, que fue mi profesor de obstetricia. Y dijo ‘no, acá no se hace un aborto’, acá va a seguir su embarazo y va a tener su bebé. Y creamé lo que le voy a decir porque es totalmente verdad, tuvo un parto normal”.

Esta visión, va en contra de lo dispuesto por la Convención contra la Tortura a la que adhiere la ONU. El año pasado, ante el caso de impedimento de acceso a la ILE a una niña de 11 años en Tucumán que fue obligada a parir vía una cesárea, desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se emitió un comunicado donde la representante de América del Sur aseguró que "la no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos". Según la organización Socorristas en Red en Argentina “cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es forzada a gestar, parir y criar”.

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Ante la interrupción del periodista señalando que se estaba refiriendo a abusos a menores el doctor declaró: “Totalmente, eso se encargará la parte legal. Porque si con el que tuvo relaciones tiene la misma edad de ella, bueno... los dos son menores. Ahora si fue un mayor el que se abusó... ‘abusó’ así entre comillas porque al abuso lo tengo muy entre comillas. No digo que no exista, pero llegado a una intimidad donde solamente las paredes escuchan, bueno ahora está este sistema que es peligroso, ¿no es cierto? Que te agarran con las manos en la masa y no te hace falta ADN”, dice esto último señalando la cámara que lo filma.

De esta manera relativiza los abusos sexuales y promociona la máxima que despliegan los sectores antiderechos contra el aborto basadas en concepciones religiosas: el destino de cualquier mujer, sin importar su edad, es ser madre. Dichos que contrastan con las imágenes de movilizaciones masivas del movimiento de mujeres a nivel internacional, que durante los últimos años repudió en las calles la violencia machista y exigió derechos elementales como el aborto legal.

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En los últimos meses los sectores reaccionarios de la sociedad vienen realizando movilizaciones levantando diversas banderas como la defensa de la propiedad privada o contra la legalización del aborto. En la Ciudad de Buenos Aires, tras múltiples presiones de las cúpulas de las Iglesias, la legislatura votó casi por unanimidad adherir al protocolo ILE pero el Jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, le impuso restricciones.

En ese marco, el presidente Alberto Fernández afirmó recientemente que el aborto es un tema a resolver pero que es un debate que divide a la sociedad “en un momento en el que tenemos que estar muy unidos por la pandemia”. Bajo esa justificación el Gobierno confirmó que el proyecto no se trataría por el momento.

Esta situación abre dos problemas. Por un lado, los abortos se siguen realizando, son una tema de salud pública que no puede esperar dado que está en riesgo la vida de mujeres y personas con capacidad de gestar. Por el otro, el no tratarlo también tiene consecuencias políticas: implica ceder a la agenda de los sectores antiderechos, como las Iglesias católica y evangélicas, que vienen haciendo lobby para evitar la legalización y profundizando sus ligazones con el Estado. Cada paso de los sectores reaccionarios solo consigue su envalentonamiento, que luego se traduce en discursos delirantes como que se realizarán vacunas con “fetos abortados” o directamente reaccionarios como el que expresa el propio cirujano Pecile.







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