Política

ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS DE UNA CASTA

Ajuste a los trabajadores, pero los privilegios de la casta judicial no se tocan

El Presupuesto Nacional, que negocian Cambiemos y el PJ, con grandes recortes en lo que hace a la vida del pueblo trabajador, mantiene la exención del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial. Son casi $9.900 millones que podrían ir a aumentar otras partidas presupuestarias.

Mirta Pacheco

@mirtapacheco1

Miércoles 19 de septiembre | Edición del día

El último lunes entró al Congreso el tan discutido Presupuesto Nacional, donde el Gobierno planificó un fuerte recorte en áreas claves para la vida cotidiana de la población, como ser salud, educación, cultura, ciencia y técnica e infraestructura. Lo que no se corta son los beneficios de los que gozan los miembros del Poder Judicial.

Estas bajas en partidas presupuestarias es lo que el macrismo viene discutiendo y negociando con el PJ. Una de las cartas de negociación que pretendía imponer el PJ, era el fondo sojero que cobraban las provincias y el Gobierno derogó hace poco. El tome y daca parece haberles dado frutos.

El día martes por la tarde, Cambiemos anunció que por decreto destinará $4.125 millones a las provincias –de acá a fin de año-. El monto corresponde a lo que faltaba girar, hasta diciembre, de ese fondo sojero. Cuando el Peronismo Federal obtuvo ese guiño, levantó la sesión programada para exigir la restitución del fondo (que no figura en el Presupuesto del 2019).

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Privilegios para la casta judicial, desesperación para el pueblo trabajador

Los que gestionan el Estado llaman la “ley de leyes” al Presupuesto Nacional porque representa un ordenamiento económico y a la vez institucional de lo que cada gobierno destina al manejo del Estado.

Porque supuestamente le da previsibilidad a esa gestión, lo que hace también a la “gobernabilidad”, es que una de las exigencias del FMI hacia Cambiemos era aprobar el presupuesto donde sostiene los grandes recortes a las áreas que mencionábamos antes, entre otras.

Pero también en ese proyecto se puede leer que el Estado va a dejar de recaudar este año unos $7.337 millones y en 2019 serán $9.854 millones, solamente por el impuesto a las ganancias, que ningún juez, ni miembros de la Corte Suprema pagan en este país.

Es un combo de privilegios del que gozan en el Poder Judicial, sobre todo la Corte Suprema (CSJ). No solamente a ellos no los vota nadie, pero pueden dictar sentencias inapelables –por lo menos en nuestro territorio-, que afectan la vida social, gremial y particular de millones. Sino que además cobran en promedio $286.000.

La que más cobra es quien será a partir del 1° de octubre vice presidenta de la CSJ, Elena Highton de Nolasco. Esta señora percibía ya a principios de año, en mano, $317.344 por mes. El que menos percibe es quien será presidente de la CSJ, reemplanzando a Lorenzetti. Se trata del amigo del grupo Clarín, el supremo Carlos Rosenkrantz, que cuando volvió de la feria judicial del verano, seguro recuperó rápidamente lo que había gastado, ya que cobraba en enero $267.549.

Una publicación del sitio Chequeado.com de fines del 2016 afirmaba que por ejemplo, el juez Claudio Bonadio (el de los #CuadernoGate) declaró ya por aquel entonces, un patrimonio de $2, 6 millones, pero no había especificado cuál era su ingreso mensual.

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Esos son los ingresos de los ministros de la Corte. No solo que la promesa electoral de eximir del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, la que pagan los trabajadores, Macri no la cumplió. Como todas las que hizo. Sino que además los miembros del Poder Judicial se aferran a sus privilegios, como es el caso de estar eximidos de pagar ese impuesto.

El pueblo trabajador hoy está padeciendo aumentos siderales en las boletas de servicios, aumentos del transporte, se hunde el salario –en lo que va del año la inflación ya alcanzó un 24,3%, mientras que solo algunos acuerdos paritarios alcanzaron (para todo el año) un 25% y en cuotas-, los trabajadores estatales sufren despidos y recortes de ministerios, están cerrando algunas fábricas.

Pero en el Hospital Posadas están las médicas y médicos, junto con las enfermeras y demás trabajadores resistiendo no solo los despidos, sino el ataque a la Salud Pública, que está en el corazón de esos despidos. Mientras los trabajadores del Astilleros Río Santiago enfrentan con una altísima moral, los recortes de insumos y los intentos de vaciamiento del astillero que lleva adelante la Gobernadora Vidal. También en la provincia de Buenos Aires, son las docentes las que vienen defendiendo, sufriendo amenazas y secuestro mediante, la educación pública y los estatales luchan contra el recorte de los ministerios.

Es que la vida de millones de trabajadores, junto con sus familias, nada tiene que ver con esos pocos que gozan de sueldos millonarios. Mientras el salario mínimo, vital y móvil (que solo cumple la cualidad de ser bien mínimo) recién llegaría en junio del año que viene a unos $12.500.

Sí, una burla con todas las letras.

Pero ni siquiera hace falta tomar el salario mínimo (que cobran millones de trabajadores), podemos tomar el salario promedio de los trabajadores registrados: $38.450. Acá tenemos que los trabajadores que más cobran, perciben un salario que es casi diez veces menor que lo que cobra la suprema Nolasco.

Ni hablemos de los jubilados y pensionados. La jubilación mínima hoy está en $8600 y los pensionados por invalidez cobran apenas unos $6.600. ¡Así como lees!

Macri con todo su gabinete, por indicación del FMI, pretenden salir de la crisis económica que ellos originaron, recortando lo que denominan “gastos”: salud, educación, cultura, ciencia, jubilaciones, pensiones y un largo etcétera. Son enemigos de recaudar sobre la base de impuestos extraordinarios a las grandes fortunas, de que cualquier funcionario gane lo mismo que una maestra con 20 años de antigüedad, de cobrar impuestos a las mineras, de cobrarle el impuesto a las ganancias a los jueces.

Es tan agraviante la diferencia de ingresos y de vida entre ese Poder Judicial (como así también los miembros del Gobierno, muchos políticos tradicionales, muchos burócratas sindicales) y los millones de trabajadores, que asisten día a día al saqueo monumental que está en curso, que tienen miedo de perder sus privilegios.

¿Será por eso que a pesar de reglamentaciones existentes en el Consejo de la Magistratura, cuesta mucho acceder a las declaraciones juradas de los jueces? Y olvídate de ir a pedir a la Corte Suprema un informe de sus ingresos.

Y este estado de cosas es avalado por quienes se dicen opositores, pero también defienden esta dinámica de funcionamiento del Estado capitalista y sus instituciones.

Como el PJ –y el kirchnerismo-, que ante la crisis que azota a las familias trabajadoras y al pueblo pobre (que cada vez asiste en mayor cantidad a los comedores comunitarios) dice que hay que esperar al 2019 y después votar.

Pero este ataque a las condiciones de nuestras vidas es hoy, y ellos votan todos los días y deciden contra nosotros, en su propio beneficio.

Por eso hay que acabar con estos privilegios, ¿porqué los jueces no son revocables y elegidos por voto popular?, la Corte Suprema (los cinco que deciden por millones) tendría que ser disuelta, los juicios tendrían que tener jurados populares, también elegidos por voto directo.

Los diputados del PTS/FIT ya lanzaron una propuesta para que sea tomada por las grandes mayorías.

En primer lugar las trabajadoras y trabajadores que están luchando, el movimiento de mujeres que peleó en las calles por el derecho al aborto (arrebatado por unos pocos en el Senado en alianza con la Iglesia Católica y las iglesias evangelistas), en definitiva: todos los que sufrimos este plan de guerra contra el pueblo, tenemos que exigir que la CGT y las CTA llamen a una huelga general y un plan de lucha para derrotar en las calles los planes de este Gobierno anti popular y luchar por una asamblea libre y soberana, donde se pueda definir sin ataduras todas las cuestiones que hacen a los intereses de las grandes mayorías.

Son ellos o nosotros. No hay tiempo que perder.







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