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SAN LUIS

Aislamiento social, preventivo y obligatorio: ¿en beneficio de quién?

En la ciudad de La Punta, las autoridades gubernamentales y policiales hacen de todo para que la gran cadena de supermercados Aiello sea el único comercio disponible a toda la población. Le garantizan consumidores cautivos y ganancias exorbitantes.

Sábado 18 de abril | 15:28

La ciudad de La Punta se encuentra ubicada a 20 kilómetros de la capital puntana. Cuenta con una población aproximada de 15.000 habitantes. Su casco céntrico fue construido alrededor de la Plaza de los Niños, junto al denominado “Paseo de Compras”, lugar donde se concentran las principales actividades comerciales, y de las cuales subsisten los pequeños comerciantes y emprendedores.

Verdulerías, fiambrerías, pollerías, carnicerías, dietéticas, farmacias y polirubros, abren sus puertas diariamente para ofrecer todos los insumos y productos que la población necesita, en medio de la cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19. Pero, solamente un supermercado, que es cadena mayoritaria en toda la provincia y que se denomina Aiello, asentó sus grandes instalaciones en esta pequeña localidad puntana a tan solo 100 metros del centro comercial, cometiendo abusos con sobreprecios ni bien comenzó el aislamiento obligatorio, y obteniendo ganancias millonarias a costa del temor social al desabastecimiento.

Inmediatamente, los consumidores cautivos comenzaron a denunciar por las redes y las radios estos abusos, entre los cuales se encontraban, por ejemplo, con la leche en sachet a $150 y con las harinas por kilo a $85. Sin embargo, esta situación desapareció a los pocos días, a cambio de publicidades radiales pagadas por Aiello Supermercados como exitoso método de mordaza.

Sin dudas, el malestar de la población y la necesidad de buscar precios justos, acordes con la realidad, favorecieron durante unos días a los pequeños comerciantes y emprendedores, que no entraron en la perversa actitud inescrupulosa de aumentar los precios, aprovechándose de la crisis actual. Pero, esta posibilidad de equidad comercial duró poco tiempo, ya que desde hace una semana, sin previo aviso ni justificativo alguno, los habitantes de La Punta se encontraron con un vallado enorme en el casco céntrico, cercando todos los accesos a los pequeños comercios, con un amplio operativo policial que impide el ingreso a los mismos.

Como consecuencia de ello, miles de personas se aglomeran durante horas, en largas filas, para poder comprar en el supermercado Aiello, único comercio “habilitado” por las autoridades gubernamentales y policiales, donde “casualmente” no hay vallas ni operativos de seguridad. Esta situación provocó que un grupo de pequeños comerciantes, evidentemente perjudicados por esta insólita medida, se dirigiera al municipio y al destacamento policial en busca de repuestas. Pero, solamente recibieron evasivas y mentiras.

"Esto es un acto injusto propio del sistema capitalista, que se vale de las fuerzas de seguridad para favorecer a los grandes grupos económicos mientras ahogan, asfixian y dificultan el derecho a trabajar de los que menos tienen. Esta medida gubernamental y policial ha llevado también a que varios trabajadores perdieran su fuente de trabajo e ingreso, dado que las ventas han caído entre un 70 y 90%, dependiendo del rubro comercial”, dijo ante la prensa local uno de los pequeños comerciantes afectado por el vallado del paseo de compras.
Lo que viene ocurriendo en la ciudad de La Punta se suma a la realidad de la salud pública puntana, la que no escapa a lo que pasa a nivel nacional, esto es, años tras años, gobiernos tras gobiernos de vaciamiento y desfinanciación. De hecho, hace poco, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) hizo público un comunicado, en el cual se denuncia la falta de barbijos y otros insumos de protección para las trabajadoras y los trabajadores del sistema de salud provincial.
Asimismo, es sabido que en los 37 años de gobierno de la familia Rodríguez Saá, se han destinado miles de millones de pesos a la obra pública, pero para convertirla en la gran “caja negra” con licitaciones armadas y sobreprecios, con testaferros como Rovella Carranza y otras empresas tercerizadas, que construyen rutas, monumentos, colegios y hospitales vaciados de docentes, profesionales, insumos y condiciones laborales dignas, y con una alta precarización laboral.

Es evidente que el avance del coronavirus dejará al desnudo todas las carencias y la falta de inversión en materia de salud pública. Sin embargo, detrás de esta pandemia se refleja un Estado provincial y municipal cebado de indiferencia, buscando culpables y castigos entre la población y los pequeños comerciantes, a los fines de ocultar sus propias responsabilidades a la hora de hacerle frente a la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa todo el país.

La casta política gobernante prefiere ampliar el aparato represivo, para vigilar y castigar, en vez de poner todo al servicio de la educación sobre medidas de prevención. Esto demuestra que, detrás de los excesos punitivos sin sentido, está la presencia de un Estado protector y paternalista para el gran empresariado y sus negocios, y un Estado autoritario para los pequeños comerciantes, las familias trabajadoras y los sectores populares.

Mientras a nivel nacional, miles de trabajadoras y trabajadores pierden sus fuentes de trabajo a cambio de "evitar los contagios", a los grandes grupos empresarios, las grandes cadenas de supermercados y los terratenientes se les garantizan ganancias millonarias. En este sentido, San Luis y la ciudad de La Punta no son la excepción a esa regla.







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