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CORRUPCIÓN

Aguirre y Cifuentes imputadas por corrupción en el ‘caso Púnica’

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en calidad de imputadas por varios delitos de corrupción.

Miércoles 4 de septiembre | 15:57

Foto: EFE

El juez Castellón, al frente del caso, las cita a declarar por al complejo entramado que presuntamente orquestó el PP de Madrid para financiarse ilegalmente al menos entre 2004 y 2014, un sistema del que habrían participado sus máximos responsables.

Después de lograr mantenerse al margen, Aguirre declarará por primera vez como investigada el próximo 18 de octubre, pero antes lo harán sus sucesores Ignacio González, ya investigado en el caso Lezo por el que llegó a estar en prisión preventiva, y Cristina Cifuentes. Se les atribuyen una decena de delitos de corrupción y el de organización criminal.

Según lo que ha trascendido del auto de imputación hay "indicios racionales" de que Aguirre estuvo al frente de las maniobras para financiar ilegalmente las campañas electorales de su partido así como de un plan "para que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP de Madrid, sus dirigentes y otra parte de los gastos de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008" lo que incurriría en delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.

La Operación Púnica, una de las más grandes y escandalosas junto a la trama Gürtel, comienza en octubre del 2014 y derivó en una macro operación en la que fueron detenidos más de 50 políticos y empresarios destapando una trama de corrupción en varios ayuntamientos y comunidades autónomas como Madrid, Murcia, León o Valencia.

En la misma se adjudicaron obras públicas por valor de más de 250 millones de euros a cargo de comisiones ilegales del 3%, dinero que posteriormente era blanqueado por la trama. Tanto el PP, –a la cabeza del ranking de corrupción- como el PSOE e incluso IU cuentan con detenidos en la trama.

Entre los imputados se encuentran el expresidente de Indra, Javier Monzón, actual presidente ejecutivo del grupo PRISA, así como los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes y Beltrán Gutiérrez, el entonces gerente del partido en Madrid.

No hay garantías de esta justicia que acaba de absolver al PP y sus responsables por la destrucción de los discos duros de Bárcenas que contenían las pruebas, según él mismo, de la contabilidad en “B” que llevaba adelante el partido.

La corrupción no se limita a los políticos del régimen y algunos empresarios, sino que se extiende por sobre todas las instituciones del mismo como la Casa Real, el sistema judicial o las fuerzas armadas y policiales.

El Estado es así un “botín” y la principal herramienta por la cual una u otra fracción política de los capitalistas coloca a su personal en posiciones de privilegio y garantiza los negocios de un puñado de empresas, para después pasarse a trabajar como consultores de las mismas por sus “servicios prestados”.

La corrupción, el robo y el fraude funcionan así como un medio complementario de transferencia de riquezas para la clase social dominante y entre sus fracciones, a la explotación del trabajo asalariado en las cuales se sustenta.

La sociedad capitalista tiende a mercantilizar todas las relaciones, de esta manera los votos, los puestos políticos, las sentencias judiciales y un largo etc., se compran y se venden como una mercancía más.

Si todos los altos funcionarios del Estado en todos sus niveles cobraran igual que un trabajador calificado, se acabarían los privilegios para los representantes políticos y las distintas castas al servicio de grandes empresarios y banqueros.

En última instancia, solo un gobierno de los trabajadores y el pueblo sería capaz y tendría la voluntad de aplicar una medida de este tipo. El único dispuesto a acabar con un Estado para los ricos y a poner los recursos del territorio al servicio de las necesidades de la sociedad y sus mayorías y no de las exorbitantes ganancias de unos pocos.







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