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Agrotóxicos: a dos años, aún no hay justicia por Melisa Núñez

Un derrame en un depósito de Puerto Quequén intoxicó a todo un barrio. En el hecho falleció Melisa Núñez. Los responsables, aún libres, son los dueños de Shipinsuarence S. A., vinculados al Momo Venegas.

Roberto Andrés

@RoberAndres1982

Viernes 14 de abril | Edición del día

A partir de la noche del 13 de abril de 2015 la vida de Mercedes Fernández ya no volvería a ser la misma: “Cuando llegué del trabajo me llamaron y me avisaron que mi hija tenía un paro cardiorrespiratorio, y que no sabían qué le había sucedido. A dos años todavía no entiendo y no puedo explicarme la ausencia de mi hija. Fue un dolor muy grande, mi única hija mujer”, conversa con La Izquierda Diario, la madre de Melisa Núñez.

Esa noche su hija, de 19 años, más otros vecinos de Puerto Quequén sufrirían un envenenamiento masivo por un derrame de agrotóxicos en un depósito ilegal de la ciudad. “Cuando le sacaron los órganos para analizarlos, todo dio positivo. Tenía todo fosfuro de aluminio en todos los órganos. En el hospital de Quequén nos habían dicho que esa noche había llegado mucha gente con problemas, falta de aire, problemas respiratorios, intoxicación. Fue todo una locura. Ahí empezaron a ver qué era lo que estaba sucediendo, porque era todo en el barrio de Melisa”.

A partir de ese 13 de abril los vecinos del barrio Puerto de Quequén vivieron días de angustia. A eso de las 15 horas se produjeron varias explosiones en las cloacas de las manzanas lindantes al depósito de la empresa de fumigaciones Shipinsuarence SA, alojado en calle 507 N° 1645. Las detonaciones rompieron las cañerías y llegaron a hacer volar las tapas de las cámaras sépticas en las viviendas de la zona.

“Estaba todo blanco de veneno”, nos dice Mercedes Fernández respecto a la vivienda de su hija, situada a 50 metros del depósito de la empresa. “En las casas saltaron todos los azulejos de los baños”. Esa noche, además, fueron internados más de treinta vecinos del barrio por intoxicación, incluido menores, de los cuales once estuvieron en estado grave y tendrán secuelas por muchos años. Posteriormente hubo un reflujo de gases que llevó a los residentes del lugar a autoevacuarse.

Melisa Núñez, oriunda de Corrientes, había llegado a Puerto Quequén junto a su novio para comenzar una nueva vida. Estudiaba enfermería en el ISFD N° 31 y ese día volvió temprano a su casa, a eso de las 17 horas, y aprovechó la ocasión para dormir una siesta. “Llamó a su novio para decirle que no podía respirar”, cuenta Mercedes. Falleció a eso de las 19 horas por un paro cardiorrespiratorio agudo, tras haber sufrido una descompensación. La fiscal de la causa Silvia Gabriele aseguró que quedó en claro “que la joven no tenía ningún problema de salud”.

Crimen social: no es solo un empresario, es todo el agromodelo

Los responsables de este crimen son los hermanos Fernando y Emiliano Cañada, dueños de la empresa de fumigaciones Shipinsuarence SA: “Son los responsables absolutos. Melisa pagó con su vida la negligencia de los dueños”, dice con tristeza Mercedes.

Según la fiscal Silvia Gabriele, en el depósito de la empresa había alrededor de cien bolsas de Phostoxin, un producto utilizado para fumigar las bodegas de los barcos, camiones, acoplados y silos en los que se almacena cereal. El Phostoxin contiene fosfuro de aluminio, una sustancia que se encuentra comprendida en la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos, y cuya etiqueta indica no puede entrar en contacto con una humedad mayor al 40 % ya que genera combustión, emanando el llamado gas fosfina. Además, el producto no tiene antídoto alguno para sus efectos nocivos.

Sin embargo, ocurrió lo que no tenía que ocurrir. Esa tarde, entre las 14.30 y las 16 horas, una copiosa lluvia azotó las ciudades de Necochea y Quequén, dejando el producto del depósito en mal estado. “Ellos estaban guardando las pastillas y se les humedeció el producto. Como la situación se les fue de las manos derramaron el producto en las cloacas. No tuvieron mejor idea que tirarlas a las cloacas. Así fueron afectando a todas las casas a través de las cañerías”, rememora la madre de Melisa.

Se trata de una barriada con 70 años de historia que existía desde antes de la inauguración del puerto y de la apertura de los numerosos silos que actualmente hay en el lugar. Dicho sea de paso, el depósito de la empresa tenía la fachada de una casa común, sin carteles ni advertencia de que allí se utilizaban agroquímicos.

Según denuncian en el barrio, uno de los propietarios de Shipinsuarence SA, Fernando Cañada, estuvo en el lugar permanentemente. Desde el primer momento de los incidentes estuvo usando una máscara de protección, por lo que sabía lo que hacía. Sin embargo, actuó con total impunidad.

Los Cañada siguen aún hoy en libertad, y jamás han tenido una orden de arresto por lo sucedido. Ocurre que Fernando Cañada, además, es el representante legal del partido FE, del burócrata sindical de UATRE, Gerónimo “Momo” Venegas, de quien dicen en el barrio “maneja Quequén y Necochea”.

Las irregularidades y el vínculo con el Momo Venegas

Debido a que el fosfuro de aluminio se encuentra comprendido en la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos, es elemental la certificación estricta del cumplimiento de los protocolos de seguridad por su condición riesgosa en materia ambiental.

El municipio declaró que la empresa contaba con la habilitación correspondiente desde el año 2007, sin embargo, según una investigación de la agencia de noticias NOVA de la Provincia de Buenos Aires, al momento del incidente Shipinsuarence SA no contaba con los permisos y habilitaciones requeridas por las reglamentaciones del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ) para operar dentro de su jurisdicción. Además, la empresa tenía cuatro observaciones pendientes detectadas por Prefectura Naval Argentina, por lo que bomberos de esa repartición nacional no lo habilitaron para operar. Sin embargo, tanto la Prefectura Naval Argentina como el Consorcio permitieron el desarrollo de su actividad de manera irregular y fuera del marco normativo vigente.

Para este tipo de actividad la autorización de ingreso hasta el año 2014 se libraba por trabajo o tarea. El solicitante debía remitir la documentación para contar con el permiso de ingreso a puerto y era condición indispensable la inscripción en los registros del Consorcio Gestión del Puerto de Quequén. Pero a partir de la incorporación de la gente del Momo Venegas en áreas claves dentro del CGPQ, las exigencias y normas de seguridad se fueron flexibilizando. Los empleadores dejaron de informar con anticipación cuando se iban a realizar las tareas y el buque a fumigar, sin presentar la nota de autorización de la Prefectura para constancia del evento.

También dejó de exigirse, una vez finalizados los trabajos, la presentación del reporte de la tarea ante la oficina de seguridad, con la respectiva fiscalización de la Prefectura Naval Argentina, certificando el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Con la complicidad del jefe de Guardia, Artemio Zufriattegui, yerno del burócrata sindical, quién a partir de enero de 2015 sostiene una cercana y pública relación con Fernando Cañada, el empresario contó con una autorización de vigencia mensual que le permitió ingresar sin cumplimentar trámite alguno ante el Consorcio.

Después de lo sucedido la empresa se mudó del lugar. Estuvieron operando ocho años en el barrio que residía Melisa. Sin embargo, el homicidio de la joven por el accionar de la empresa no impidió la búsqueda de nuevos negocios. Fernando Cañada anunció públicamente, un año después del homicidio, su plan para retomar: “Por partir rumbo a una experiencia nueva, nueva cultura y un congreso internacional del cual pueden salir negocios y relaciones”, manifestaba por redes sociales. Mientras que Cañada festejaba que “la vida responde de la forma en que tiene que ser y es verdad que el tiempo da la razón”, el crimen de Melisa seguía impune.

Convertir el dolor en lucha

Mercedes Fernández, madre de Melisa, “ha convertido su dolor en lucha”, como dicen los vecinos de Puerto Quequén: “No quiero dar lástima, simplemente quiero que se tome conciencia para que esto no vuelva a suceder. Mi dolor lo llevaré adentro mientras viva. Mi hija va a estar siempre en mi corazón”.

Mercedes participó del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario y Mar del Plata, llevando la lucha de justicia por su hija a los talleres de Mujeres e impunidad y sobre Problemáticas medioambientales, incorporando el reclamo en las conclusiones de dichas instancias: “Participé de los encuentros y con mucho dolor elevé la pancarta con la foto de mi hija y reclamé justicia por Melisa. Tuve un buen recibimiento y me encontré con diferentes casos. Este país parece un país sin justicia, en que todo está a la deriva o a la mano de la gente que tiene más poder, pero mi meta hoy es justamente que no vuelva a suceder lo que sucedió con mi hija”.

A su vez, junto a los vecinos de Puerto Quequén, Mercedes se manifiesta los 13 de cada mes, viajando desde Corrientes, en donde vive, para mantener vigente el reclamo: “Los vecinos del barrio Quequén son excelentes personas. Siempre nos acompañan en cada marcha, en cada protesta, en todo lo relacionado a pedir justicia, siempre están presentes. Es una lástima haberlos conocido en estas circunstancias”.

Los vecinos denunciaron que desde hace casi dos años se venían haciendo reclamos por contaminación y han resaltado que la normativa del 2009 del Ministerio de Salud sobre la prohibición del uso de fosforados, nunca llegó aplicarse en el distrito. Se trata de una zona que ahora se define como preferentemente industrial y por la que pasan centenares de camiones que en sus cargas de cereal llevan, justamente, pastillas de fosforados.

Para Mercedes, los vecinos de Puerto Quequén “son personas muy buenas, que están siempre dándonos un aliento para seguir adelante y seguir luchando, para que esto no vuelva a suceder nunca más, porque ellos sí que están en riesgo directamente con toda esa contaminación, porque a diez cuadras de donde vivía mi hija está el puerto más grande de Quequén, con embarcaciones grandes que siguen ocupando ese veneno para fumigar los barcos cuando hacen sus cargas de cereales. Los vecinos siguen con el mismo riesgo”.

Los vecinos denuncian que próximamente se instalarán dos nuevos silos de acopio de fertilizantes en zonas inadecuadas. Uno va a tener capacidad para 60 mil toneladas sólidas y otro para 120 toneladas líquidas. La sustancia a guardar se llama One y es explosiva. Los silos se ubicarían en el giro 11 y 12 de Puerto de Quequén, cerca del río y de una usina eléctrica en la que se utiliza petróleo.

“Estaría bueno que alguien se preocupara de esta situación, de cómo viven en puerto Quequén, de cómo le afecta esto a los vecinos. Y diariamente, porque son venenos que te dejan con secuelas para toda la vida”, razona Mercedes.

Responsabilidad municipal

Otro tema a destacar en el caso de Melisa Núñez es el del mal accionar de las áreas estatales una vez acontecido el derrame. En Quequén señalan que pasaron cuatro horas entre el momento de las explosiones y el momento en que Melisa entra a su casa. No hubo vallado de la zona ni evacuación. “El desmanejo fue total”, dicen. “El derrame pasó un lunes y la evacuación de las viviendas recién se llevó a cabo la semana siguiente”.

Los vecinos del barrio apuntan principalmente contra tres funcionarios a los que se les acusa de no haber actuado oportunamente en tiempo y forma ante el suceso. Se trata del exintendente José Vidal, la exsecretaria de Planeamiento Sandra Retamales y del exdirector de Defensa Civil, Juan Domingo Llorens.

“Si los funcionarios municipales hubieran hecho lo que tenían que hacer, Melisa no estaría muerta. Tuvieron una semana exacta hasta que se hicieron cargo del problema. Melisa murió el lunes y ellos se metieron recién al lunes siguiente”, dicen en Quequén.

Esperando el juicio por homicidio doloso

El caso va por dos carriles: por un lado los señalamientos sobre los responsables de la empresa que provocó el derrame y por el otro sobre la actuación de los funcionarios. “Hay pruebas tendientes no solo a acreditar la responsabilidad de los imputados, sino también de funcionarios de la municipalidad y de la provincia de Buenos Aires”, le dijo a La Izquierda Diario, Gustavo Raggio, abogado de Mercedes Fernández.

“Advertimos que había un dolo eventual. Habían ocurrido otros casos similares al de Melisa, por lo cual (los imputados) pusieron todas las condiciones como para que ese hecho ocurriera”, dice Raggio. Sin embargo, “la Cámara de Apelaciones de Necochea hizo caso omiso y no nos dio la razón. Lo que hicimos en definitiva con la fiscalía fue solicitar la elevación a juicio con la figura más gravosa”.

La elevación fiscal del expediente a juicio oral es por el delito de infracción a la Ley de Residuos Peligrosos (24.051). La causa tiene como imputados a los hermanos Emiliano y Fernando Cañada, sin embargo al expediente por el deceso de Melisa, se elaboró otra causa paralela en la que estarían acusados integrantes del equipo de gobierno municipal al momento de producirse el derrame de agrotóxicos.

“La ley de residuos peligrosos prevé dos figuras, una figura culposa y una figura dolosa. La culposa establece un máximo de pena que serían tres años, por lo cual sería una condena de ejecución condicional y no iríamos a juicio. Por el otro lado, la figura dolosa, es decir, la que lleva una ultraintención, excedería los 20 años. Serán los 25 años de máxima”, declara el abogado.

Sin embargo, la calificación legal que tiene actualmente la causa es la figura de homicidio culposo: “Primero en la caratula iba el delito de dolo eventual, después cambiaron por delito culposo, lo cual es excarcelable, que no tiene sentido. Entonces se volvió a apelar por dolo eventual, que es la caratula que tiene que quedar, para poder elevar a juicio. Si Dios quiere, ya que aún no sé cuándo, porque no tiene fecha”, dice Mercedes, angustiada.

Para la madre de Melisa Núñez “la causa esta encajonada. Lo único que tenemos de respuesta es que va del juzgado a tribunales, luego a fiscalía, y así da vueltas la causa. Ahora pidieron nuevas presentaciones de pruebas. La verdad es que mañana (miércoles) van a ser dos años sin mi hija. El año pasado estuve el 13 ahí (en Quequén), con mucho dolor, como todos los 13, como todos los días de mi vida. Mi hija falleció el 13, a los 19 años y el 17 de abril iba a cumplir los 20 años. Imagínate lo que es semejante cosa”.

Ahora se presentaron todas las pruebas, que según Raggio, son “tendientes a acreditar el dolo eventual”. Se trataría de declaraciones testimoniales de la mayoría de las víctimas, que son más de veinte, incluidos los vecinos del lugar; todo tipo de pericia sobre el material que se arrojó a las cloacas, incluidas las pericias sobre el impacto que hubo en el ambiente; y los cursos que hicieron los imputados con efectos de evitar estos sucesos.

“Ahora lo que estamos esperando realmente es que de una vez fijen fecha de audiencia de debate, a los efectos de llevar adelante nuestra ideología: la figura más grave”, señala Raggio.

“Era una chica muy emprendedora, muy estudiosa, muy aplicada, y esto sucedió todo tan de repente. Se llevó todo, se llevó su juventud, su gran amor y su corazón puro. Era única”, recuerda con tristeza Mercedes esperando que se haga justicia por su hija.

El caso de Melisa Núñez se suma a los reiterados casos de contaminación con agrotóxicos en Argentina. En diciembre pasado fue declarado inocente por falta de pruebas el productor agropecuario Nicolás Prieto, por el homicidio del niño de cuatro años Nicolás Arévalo, luego de que este pisara un charco contaminado con endosulfán a un costado de la finca de tomates propiedad de Prieto y que quedara exactamente al frente de la casa de la familia Arévalo.

En el caso particular de Melisa Núñez se ve claramente la conexión entre extractivismo (el agromodelo) y burocracia sindical. El reclamo de justicia por Melisa debe imponerse para torcer el brazo de una justicia patronal y hacer valer, en la dura batalla contra un agromodelo contaminante y criminal, la idea de que nuestras vidas valen más que sus ganancias.






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