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Acuerdo para el Fortalecimiento Económico o que la crisis la paguen los trabajadores

El plan gubernamental ante el gasolinazo: pacto entre Peña Nieto, los empresarios y la burocracia sindical.

Martes 10 de enero

Otra vez, esta ocasión mediante la presentación del PFE hoy por Enrique Peña Nieto, el gabinete económico y los principales dirigentes empresariales y sindicales del país, Peña Nieto salió a intentar convencer de que el gasolinazo no tiene nada que ver con la Reforma Energética, que era inevitable, y que era eso o suprimir los programas de ayuda a los más necesitados, y que el aumento del precio de la gasolina no afecta a muchos.

Rodeado de parte de su gabinete y en la misma burbuja de cristal desde donde desde su propio prisma, ve de forma optimista una realidad para el país que, incluso la prensa internacional ve con preocupación.

Así, la élite que dirige la vida nacional (con la complicidad de la traidora burocracia del Congreso del Trabajo y de la Confederación de Trabajadores de México), pactaba un “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico”, con el que supuestamente se evitará que el alza a la gasolina y la escalada de alzas que provocó dicha medida tenga efectos negativos en la economía, y sobre todo en la población trabajadora.
Pero las medidas anunciadas de ninguna manera apuntan a disminuir los efectos del gasolinazo.

Por ejemplo, Peña Nieto prometió la modernización del transporte público, estabilizar la economía (¿piensa revertir el muy lento crecimiento - en medio de la amenaza de Trump de renegociar el TLC, o revalorizará el peso ante el dólar, o hará más atractiva la inversión extranjera ante la suba de las tasas de interés de la Reserva Federal?).

Informó que impulsará finanzas públicas sanas, estabilización de precios de la canasta básica (no dijo cómo); implementar las reformas estructurales entre otras, uso austero del presupuesto (seguramente será más ataque al presupuesto social y educativo que ya se recortó).

Cerró advirtiendo que no se tolerarán “actos vandálicos” en defensa de “estado de derecho” y la “cultura de la legalidad”. Esa legalidad que los jueces que fallan contra todos los movimientos de trabajadores; que ha llenado el país de desaparecidos y masacres como las de Iguala, Tanhauto, Tlatlaya por policías y militares (que todavía quieren un marco “legal” que legitime el actuar del ejército en las calles); de históricos fraudes electorales; que elimina por decreto la fuente de trabajo de 44000 trabajadores electricistas.

Sin embargo, prometió a los empresarios representados por la Coparmex que habrá estímulos para incentivar la inversión y la productividad. Diciendo con ese cinismo que nos recetan los gobiernos de la alternancia que, “este acuerdo atiende las preocupaciones de las familias mexicanas”. Encima, agradeció a los verdugos sindicales de la clase trabajadora, su “talento y esfuerzo”.

A su vez, el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, con tono amable pero exigente, demandó a Peña Nieto seguridad jurídica a las inversiones, apoyo al crecimiento acelerado de las empresas para fortalecer las cadenas de valor, y promover la productividad y la creación de empleos (todos coincidían en fortalecer la productividad para recomponer la economía).

Una vez que expresó su apoyo al gobierno, Castañón señaló que no debe haber más metas sin claudicar, pues la sociedad está a la espera de “nosotros”, demandó el combate a la impunidad y la corrupción, un signo inocultable de este gobierno (que al amparo del poder ha hecho negocios privados con la constructora Higa, como la Casa Blanca). Lo que mostró la fragilidad del presidente ante los empresarios.

Nada de aumentos salariales. El charro de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, millonario dirigente obrero tres veces diputado) llamó a apoyar “las nobles instituciones”, y renegó de los aumentos de emergencia; nada de respeto a los contratos colectivos de trabajo o al derecho de huelga (el secretario del trabajo Navarrete Prida, se ufanó de que en este gobierno no han estallado huelgas).; nada de empleos bien pagados y fin de la precarización.

En resumidas cuentas, fue un acto donde el presidente convocó a los empresarios y a los dirigentes sindicales oficialistas a concertar un pacto para que la crisis la paguen los trabajadores.

Abajo la reforma energética

Como venimos diciendo desde Izquierda Diario, es evidente que, más allá de los precios internacionales del petróleo, en el fondo está la entrega del Pemex al capital privado (como las trasnacionales) y el desmantelamiento de la paraestatal.

Esta reunión fue un llamado a cerrar filas con un gobierno priísta que ve cómo el descontento popular se traduce en movilización en todo el país. Que sus antiguos socios del Pacto por México (unos caraduras) llaman a movilizarse contra el gasolinazo. Que, pese a la estrategia implementada desde de terror en la primera semana de saqueos y patrullaje militar en el Estado de México, se incorpora la población trabajadora con sus familias, y el estudiantado sale a escena recién regresó a clases. Y que la escalada de precios y que las presiones inflacionarias auguran escenarios de mucha polarización.

Para enfrentar este frente reaccionario del gobierno, los grandes millonarios empresarios y la entreguista burocracia sindical, es necesario fortalecer las acciones aisladas y las movilizaciones atomizadas con una coordinación de todos los que están en las calles. Y donde, de manera libre y democrática, se decidan los pasos a seguir para hacer un gran movimiento nacional que eche abajo el gasolinazo. A ello puede ayudar la convocatoria a un Encuentro Nacional que vote un plan de lucha de las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, sociales, campesinas e indígenas, como el EZLN y el Consejo Nacional Indígena. Opinamos que zapatismo debe dejar su sectarismo y sumarse a la movilización obrera y popular, más allá de su campaña electoral anunciada.

También es necesario que los trabajadores de la UNT le exijan a sus dirigentes que respondan al descontento de sus bases que serán afectadas por el alza al combustible. Que Hernández Juárez pase de las declaraciones que no comprometen en nada, a poner la fuerza de los telefonistas al servicio de la lucha contra los planes del gobierno. Igual tendría que movilizarse la CNTE que cuenta con una base muy combativa.

A su vez, las bases del Morena deberían exigirle a los dirigentes de su partido que convoquen y se sumen a las movilizaciones unitarias contra el gasolinazo que convoquen a los trabajadores que confían en ese partido a que se sumen a las movilizaciones unitarias contra el gasolinazo sin esperar hasta las elecciones presidenciales. Tenemos que ser millones en las calles, con los trabajadores al frente, que pueden con su acción paralizar al país y a las empresas.

Con esa fuerza a nivel nacional, encaminada a imponerle al gobierno un gran paro nacional, podemos echar abajo la reforma energética y la entrega de los recursos naturales no renovables al capital extranjero y luchar por la renacionalización de las áreas privatizadas de Pemex bajo control de los trabajadores.






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