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JUJUY

Actividad petrolera ilegal y contaminante en el Parque Nacional Calilegua

El Parque Nacional Calilegua fue creado el 19 de julio de 1979. Diez años antes la empresa estatal YPF iniciaba la explotación petrolera en el Yacimiento Caimancito con una extensión de 5700 has. A partir de la creación del Parque el yacimiento quedó bajo la jurisdicción y el dominio del área protegida con el objetivo de conservar un relicto de Selva Pedemontana, que ya se encontraba en estado crítico por el avance de la frontera agrícola, centralmente por el monocultivo de caña de azúcar por parte del Ingenio azucarero Ledesma SAAI.

Gabriel Brizuela

Trabajador Parque Nacional Calilegua

Jueves 18 de septiembre de 2014 | Edición del día

La explotación petrolera continuó hasta completar 34 pozos, a pesar de una drástica disminución de la producción que hacía suponer el inminente abandono del yacimiento. Producido el desguace y la privatización de YPF en el año 1992, el yacimiento Caimancito fue concesionado por 25 años y transferida la explotación entre las empresas UTE NECON- PETROLEO SUDAMERICANA (1992) PLUSPETROL SA (2008) Y JHP International PetroleumEngineeringLtda (2011).

Esta actividad se desarrolla en flagrante violación de la propia Ley de Parques Nacionales 22351 que expresamente prohíbe cualquier tipo de explotación productiva y extractiva dentro de las áreas protegidas que tienen la categoría de Reserva Natural Estricta como es el caso del Parque Nacional Calilegua. Esta actividad no sería posible sin la complicidad de las autoridades de la Administración de Parques Nacionales que responden a los gobiernos de turno militares o civiles hasta la actualidad.

La Izquierda Diario entrevistó al Gpque. Guillermo Nicolossi, encargado de Fiscalización de la actividad petrolera en el Parque Nacional Calilegua

ID: Contanos cuáles son los problemas que están planteados en el PNC con respecto a la explotación petrolera

GN: Bueno, lo último es que la empresa JHP de capitales chinos, que es la que explota el Yacimiento Caimancito, presenta junto con JEMSE (Jujuy Energía y Minería Soc del Estado), un proyecto a 24 años para ampliar la producción que implica perforar tres pozos nuevos e incluso dos pozos para inyección de agua residual, que es el mayor contaminante y resulta de la separación del crudo extraído de las profundidades. Este proyecto se lo presentan a la APN (Administración de Parques Nacionales) donde está prohibida por ley la explotación petrolera y minera. A pesar de esto y de que el nuevo proyecto implica la perforación de pozos nuevos, las autoridades de parques, en lugar de rechazar de plano el proyecto porque es ilegal, le solicitan a la empresa JHP que presente el EIA (Estudio de Impacto Ambiental). El titular del Yacimiento Caimancito es JEMSE y es ésta como operadora del yacimiento la que se tendría que comunicar con la APN y no la petrolera china. Entonces Parques autoriza el preproyecto y le pide el EIA solo de los tres primeros años a pesar de que el proyecto de desarrollo productivo es a 24. Nosotros estamos planteando que el EIA debería hacerse sobre la totalidad del plazo de la concesión y no de los primeros años porque ¿qué pasa con el impacto de los 21 años restantes? Allí se está violando no sólo la ley de Parques Nacionales (22351) ya que se permite una actividad ilegal y por otro lado la reglamentación de los estudios de impacto ambiental, al solicitársele una mínima parte de lo que es el proyecto.

ID: Ustedes como trabajadores de la APN qué vienen haciendo frente a esta escandalosa complicidad de las autoridades de la institución?

GN: Ya hace años que venimos planteando nuestra oposición a esta explotación ilegal en el PNC. Antes de la aprobación reciente del preproyecto por parte de las autoridades de nuestra institución y frente a la falta de respuestas del directorio de la APN ante nuestras objeciones, presentamos una denuncia contra las autoridades de Parques en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en febrero de este año.

ID: En qué consiste la denuncia?

GN: La denuncia penal es Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público por las dos cuestiones que referimos: aprobar un proyecto productivo contrario a la ley de parques e ir en contra de lo que es el reglamento de los estudios de impacto ambiental. Como es un expediente reservado en la fiscalía, no tenemos acceso a conocer las actuaciones. El secretario de la fiscalía solo nos ha confirmado que la investigación está iniciada y que se ha hecho un pedido de informe a la APN y a las fiscalías federales donde hemos denunciado los hechos de contaminación que genera la actividad petrolera, fundamentalmente de los arroyos. Esto fue en febrero, y, en abril hicimos un petitorio para volver a poner en conocimiento de la sociedad acerca de la situación y se elevó al directorio pero hasta hoy no tenemos respuestas de las autoridades, quienes continúan negando pronunciarse con respecto al tema.

Extraoficialmente sabemos que en una reunión con delegados de ATE, que el vicepresidente del directorio Gpque Daniel Ramos, plantea que los estudios de agua de los arroyos Yuto y Sauzalito, que demuestran la contaminación, no son reales y asegura que no se van a perforar nuevos pozos. Formalmente no han respondido a nuestro petitorio.

ID: Vos me contabas lo que se viene haciendo desde los trabajadores en el terreno legal, hay otras medidas o acciones que hayan definido llevar adelante?

GN: Si estamos trabajando, con todas las limitantes que tenemos, en contarle a la gente de Yuto y Caimancito, a la población directamente afectada por la contaminación, de las consecuencias de la actividad porque no se conocen… no se conoce ni siquiera que hay una explotación petrolera en el parque y mucho menos que eso produce la contaminación de las aguas de Yuto y Caimancito. Venimos poniendo el acento en los problemas que se ocasionan en la salud de la población. Contamos con los análisis de agua hechos por la UNSa (Universidad Nacional de Salta), contamos con los análisis de agua sobre el Arroyo Sauzalito, realizados por la UNLP (Univ. Nac. de La Plata), cuyos resultados arrojan una contaminación muy elevada con metales pesados como plomo, mercurio, cromo, cadmio además de lo que es hidrocarburos y alcoholes, fenoles, a niveles muy altos, por encima de los máximos considerados por las leyes de residuos peligrosos. Lo que estamos haciendo es llevar esta información a la gente. Nos hemos reunido con las comunidades indígenas, estamos reuniéndonos con los docentes de las escuelas para generar con ellos reuniones con los padres con estas evidencias concretas. Paralelamente les hemos presentado a las autoridades políticas de estos pueblos, los intendentes y presidentes de los Concejos Deliberantes de Yuto y Caimancito esta información con las pruebas y fundamentos que tenemos. Además nos reunimos con la Secretaria de Gestión Ambiental de la provincia de Jujuy que casualmente es oriunda de Yuto, Marilyn Domínguez.

ID: Esto en cuanto a contaminación de arroyos…¿qué otros impactos existen?

GN: Mirá, hay una presentación hecha por la empresa Pluspetrol, (que estuvo al frente de la explotación desde el 2008 hasta el traspaso a los chinos en el 2011), de un documento técnico presentado formalmente por la compañía a las autoridades de la APN, que data del 2008, donde ellos mismos concluyen que hay agua apta para el consumo humano hasta los 800 m de profundidad y que para evitar la contaminación de las napas del agua que consumen las localidades de Yuto Y Caimancito, el agua residual debe reinyectarse por debajo de los 1200 m para minimizar el riesgo de contaminación de esas napas. Antes, esta agua residual se arrojaba sobre los arroyos directamente y desde el año 2000 se hicieron pozos de 100 m, 180 m y, actualmente, a 650 m… un desastre! Toda esta información se ha presentado a las autoridades de la APN y hace ya mucho tiempo venimos denunciando en las fiscalías federales de Jujuy; hay denuncias del 2009 que no han avanzado en absoluto.

ID: se puede decir entonces que lo que se viene haciendo desde los trabajadores, es una estrategia de tomar las cuestiones legales, las denuncias en la justicia y además un laburo de concientización sobre la población directamente afectada por la actividad ilegal.

GN: Sí y las denuncias legales no han logrado nada, por lo que entendemos que la única vía es que la gente afectada empiece a reclamar a las autoridades, junto con los trabajadores de parques, involucrando a otros actores, organismos, organizaciones sociales, de pueblos originarios, como por ejemplo venimos haciendo con ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) de la iglesia católica sobre todo en las presentaciones a los intendentes y autoridades locales de los pueblos afectados. Queda mucho por hacer, sobre todo en relación a lograr una importante participación de las comunidades y movilizar de conjunto que va a ser lo que en definitiva puede cambiar el curso de los acontecimientos a favor de la población y de la naturaleza.






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