Política

CUARENTENA Y REPRESIÓN

Abuso policial en Ledesma: luego de 20hs de detención liberan a comerciante que se negó a cerrar su negocio

Se trata de Jésica Escobar, la hija del comerciante de la avenida Presidente Perón que en la tarde de ayer fue detenida violentamente por la policía provincial por negarse a cerrar las puertas de la forrajería de su familia. Recién fue liberada a las 13 30hs de hoy. Exigimos el cese del abuso policial que se lleva a cabo en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

Miguel López

Concejal del PTS-FIT en Libertador Gral. San Martín-Ledesma

Sábado 21 de marzo | 15:06

El día de ayer, luego de que se concretara la reunión del comité municipal de crisis, integrado por el intendente, funcionarios del gobierno municipal, jefaturas de la policía provincial (Unidad Regional N°4) y gendarmería nacional, y la directora del Hospital Oscar Orias; efectivos de la policía provincial, bici-policías, infantería, brigada de investigación, personal policial motorizado y grupos especiales, se dirigieron a las principales arterias de la localidad de Libertador para montar un operativo represivo en contra de la población que circulaban por la localidad, como los jóvenes detenidos en el polideportivo de la Escuela Normal, pero también en contra de quiénes llevaban a cabo una actividad económica para su subsistencia, como ser los comerciantes que querían mantener abiertas sus persianas para atender a los clientes separados por una reja, o los remiseros que vienen llevando sólo a dos pasajeros, para evitar el hacinamiento en las unidades de remis y evitar el riesgo de contagio del virus.

En medio de este operativo represivo, que según el comité de emergencia detuvo a 30 personas, fue violentamente detenida Jésica Escobar, quien es hija del dueño de un comercio familiar situado en avenida Presidente Perón del Barrio 9 de Julio, que antes fuera una bicicletería história y actualmente es una forrajería, y madre de una niña que mientras la detenían a su mamá gritó hasta más no poder y que luego de la detención quedó asustada. Su detención fue por negarse a cerrar las puertas de la forrajería de su padre que está habilitada por la municipalidad para ejercer el comercio, y sin embargo la policía arremetió a los golpes contra su hermano primero y luego contra ella. Ambos integrantes de la familia del pequeño comercio sólo pedían que se le permita continuar con su actividad comercial que le otorga el sustento económico diario, incluso exhibiendo la habilitación municipal de dicho comercio, pero a la policía provincial no le importó y arremetió contra la familia, hasta que detuvo a los golpes a la mujer.

Luego de la detención violenta de la mujer, efectivos que actuaron en este abuso policial volvieron al lugar de los hechos, pero para en base a intimidación llevarse las cámaras de seguridad y archivos de filmación de la despensa que está al lado de la forrajería en cuestión. Al negarse el vecino a entregarle las cámaras y archivos de filmación sin que medie una orden judicial, los policías dijeron que iban a volver y que si no les entregaba el material fílmico le iban a clausurar el comercio. Así fue que continuó el abuso policial, ya no solamente contra los Escobar, sino contra el comerciante vecino. A esta amenaza, se suma lo relatado por el hermano de Jésica en cuanto a qué fue presionado por la Policía a desmentir públicamente lo dicho en las redes sociales acerca del atropello que sufiera su familia.

Vale decir, que ni siquiera el decreto de la presidencia de Alberto Fernandez plantea el cierre de todos los comercios y negocios, por lo que lo que lleva adelante la policía provincial por órdenes del gobernador Gerardo Morales y el Intendente Jayat es totalmente un abuso que hay repudiar y condenar.
Jésica pasó la noche detenida e incomunicada por defender su único sustento de vida y pedir que se respete su derecho a atender una forrajeria familiar, donde incluso habían puesto en la puerta una reja para evitar que entren los clientes y mantener distancia para evitar el contagio del coronavirus.

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Sus familiares solicitaron verla pero efectivos que revisten en la sección de policías Hugo Salomón Guerra les respondieron que no se encontraba en sus calabozos y que desconocían en dónde estaba. Cuando una vez detenida la mujer fue llevada a esa comisaria. Recién fue liberada de la comisaría Salomón Guerra en el día de hoy, en donde la tuvieron siempre aunque a la familia le habían informado otra cosa generando una mayor angustia y preocupación.

Indigna esta situación de aprovechamiento de la cuarentena obligatoria para montar un virtual estado de sitio porque los que pagan los costos represivos que tiene la política del gobierno nacional y provincial son los sectores populares, los jóvenes y en este caso los comerciantes de los barrios populares, ya que no se ve igual actitud de la policía con las cadenas de supermercados que operan en la provincia y localidad, como ser Comodin, Vea, El Obrero, Día, La Rotonda, etc., las cuales siguen abiertas y bajo custodia de la policía provincial y su seguridad privada. Tampoco al monopolio Ledesma SAAI desde el estado provincial y municipal se le hace cumplir la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que plantea la licencia con total remuneración para todo trabajador que tenga 60 años y esté enfermo. La patronal viene incumpliendo pero los gobiernos lo dejan pasar, parece que no hay cuarentena para la sed de ganancias de la empresa de la familia Blaquier, pero sí hay cierre brutal, golpes y detención para una vecina de barrio por negarse a cerrar el comercio con el que subsisten desde hace décadas parte importante de los integrantes de su familia.

Exigimos el cese de los operativos represivos, las detenciones y los abusos policiales, ya que opinamos que no hacen falta más policías en la calle, disciplinamiento y control social en base a la represión. Lo que hace falta para hacerle frente a la propagación del virus del COVID 19, es más presupuesto para insumos de prevención, un verdadero financiamiento de la salud pública que se cae a pedazos, al tener falta de insumos básicos, medicamentos del vademécum y vacantes no cubiertas de enfermeras y médicos, y test de coronavirus en hospitales provinciales y zonales, que permiten tener más información, atender antes a los contagiados, y de esta manera disminuir tanto el riesgo de contagio como de muertes por este virus.

Sin todas estas medidas de inversión en la salud, ampliando significativamente el testeo, la cuarentena masiva será enormemente perjudicial y gravosa para la población, sobre todo para los trabajadores y sectores populares.







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