Internacional

CONTRA EL AUTORITARISMO JUDICIAL

A un año de la detención de Lula: crece la exigencia por su inmediata libertad

El Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT) de Brasil y Esquerda Diário, que luchan contra el golpe y su profundización, contra el autoritarismo judicial y el avance de la derecha, exigen la libertad inmediata de Lula.

Martes 9 de abril | 00:55

La semana pasada se cumplió un año del encarcelamiento arbitrario del expresidente brasileño Lula da Silva. El Poder Judicial golpista dirigió los destinos políticos del país en 2018 para garantizar la continuidad del golpe institucional en las elecciones presidenciales, que tuvieron como ganador a Jair Bolsonaro. La extrema derecha conquistó el Ejecutivo, no sin el enorme auxilio de los diáconos de la toga.

La prisión arbitraria de Lula el 4 de abril de 2018 por el autoritarismo judicial tuvo un objetivo central, impedir el derecho democrático elemental del pueblo a elegir a quién votar en las elecciones. Fueron las elecciones más manipuladas de la historia reciente de Brasil. Un verdadero show mediático, con filtración de conversaciones y fallos basados en “convicciones” y no en pruebas concretas, como quedó grabado en las palabras del brazo derecho del juez Sérgio Moro, el fiscal federal Deltan Dallagnol.

Un verdadero circo orquestado por figuras como Sérgio Moro, el “sheriff de Maringá”, y el “hombre del Powerpoint”, Deltan Dallagnol. Moro fue agraciado por los servicios prestados al golpismo nada menos que con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en el reaccionario gobierno de Bolsonaro.

A pocos días, el juez de la Corte Suprema (STF), Dias Toffoli, postergó el debate sobre el juicio en 2ª instancia para crímenes de corrupción, para evitar un resultado que pudiese eventualmente significar la libertad de Lula, oponiéndose a las deliberaciones de la operación Lava Jato y Moro para la prisión ya en 2ª instancia. Una nueva maniobra autoritaria de la Corte Suprema para mantener arbitrariamente a Lula en prisión.

En 2018, la Corte Suprema participó del plan de dar continuidad al golpismo permitiendo, a pedido de Sérgio Moro, la prisión arbitraria de Lula, cuya condena fue confirmada y agravada en el Tribunal Regional Federal nº 4 (TRF-4). Por 6 votos a 5, la Corte negó el habeas corpus presentado por la defensa de Lula, como ya había hecho la Corte Suprema, preparando el terreno para su prisión sin ningún fundamento jurídico serio.

La prisión de Lula fue uno de los capítulos que marcó la continuidad del golpe institucional, coronada con la elección de Bolsonaro.

Esto muestra de forma alevosa el carácter reaccionario del autoritarismo judicial, en especial de la Corte Suprema, que fue presionada por la cúpula de las Fuerzas Armadas, en ese momento encabezada por el comandante Eduardo Villas Bôas. Fue así como 11 jueces de la Corte terminaron decidiendo a quiénes podrían votar los millones de trabajadores. En septiembre de 2018, el Tribunal Superior Electoral (TSE), bajo el comando de la jueza Rosa Weber, terminó de definir el veto arbitrario a la candidatura de Lula, una vez más con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de toda la gran prensa. Ese despotismo judicial reaccionario, concentrado en la operación Lava Jato pero que se extiende por todo el sistema, se basa en prisiones preventivas arbitrarias, filtración y manipulación de "pruebas" y testimonios de "arrepentidos", así como de escuchas telefónicas y otras formas de espionaje.

El paquete "anti crimen" de Sérgio Moro es una de las culminaciones de esa política tiránica, liberticida y autoritaria: inspirada en la racista política estadounidense (con la que el actual ministro de Justicia mantiene innumerables relaciones, a través del FBI y del Departamento de Estado), Moro desea darle a los policías licencia para matar, permitir el uso extensivo de los métodos de persecución de la Lava Jato e incluso garantizar a la fuerza especial de la operación miles de millones de reales de empresas como Petrobras, para construir su proyecto político en todo el país (como fue el caso con la Fundación Lava Jato, que murió antes de nacer), facilitando la entrada del capital financiero y de multinacionales estadounidenses y europeas en las áreas de infraestructura del país. Un plan de sumisión a Donald Trump y los amos del norte del gobierno de Bolsonaro, cambiando un esquema de corrupción por otro vinculado a la derecha.

Ante la crisis económica que se desencadenó en 2008 y el agudizamiento de la lucha de clases en 2013, una profunda crisis orgánica se abrió en Brasil, más precisamente una crisis de representatividad, donde los partidos tradicionales ya no cumplen su función de representar los intereses de los capitalistas, de crear el consenso y la hegemonía de la burguesía ante la sociedad civil y sobre los trabajadores. En esas circunstancias, se abren "soluciones de fuerza" para asegurar la dominación burguesa y mantener las ganancias por medio de ataques directos con el objetivo de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

Es en ese sentido que el golpismo y el autoritarismo judicial entran en escena para parar a Lula, porque el PT ya no mostraba ser capaz de implementar ataques a los trabajadores con la rapidez exigida por el capital nacional y principalmente por el capital extranjero. Así, con la prisión arbitraria de Lula y el derretimiento de las candidaturas burguesas tradicionales (como el PSDB) se abre el camino para Bolsonaro, que se presentaba como el candidato "anti sistema" y que no era el candidato oficial de la burguesía, pero termina asumiendo el liderazgo de las elecciones, llegando a la presidencia como la continuidad endurecida del golpe institucional de 2016.

El Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT) de Brasil y Esquerda Diário, que luchan contra el golpe y su profundización, contra el autoritarismo judicial y el avance de la derecha, exigen la libertad inmediata de Lula. Sin apoyar a Lula ni al PT políticamente, hay que rechazar todos los ataques del poder judicial contra los derechos democráticos de la población, que poseen un objetivo central de debilitar las posiciones de los trabajadores en el interior del régimen político más endurecido y autoritario, dificultando la organización sindical y las luchas obreras a fin de descargar la crisis capitalista sobre las espaldas de los trabajadores, comenzando con la reforma previsional.

Contra el autoritarismo judicial, defendemos la libertad inmediata de Lula, sin dar ningún tipo de apoyo político al PT, que hasta ahora no enfrentó al autoritarismo judicial y prepara una estrategia impotente ante la reforma previsional, fragmentando y desmoralizando a los trabajadores a través de las principales centrales sindicales como la CUT que ellos conducen y la CTB (dirigida por el PCdoB).

El autoritarismo judicial solo puede ser combatido con un programa anticapitalista. Contra esa democracia manipulada por jueces políticamente interesados, hay que defender que los jueces sean elegidos por el pueblo, revocables en cualquier momento y que cobren como una docente, aboliendo sus ingresos extra como la grotesca "ayuda para la vivienda". Para terminar con la fiesta de los empresarios y políticos corruptos, que alcanza a todos los partidos dominantes, todos los juicios por corrupción deben ser realizados por jurados populares, aboliendo los tribunales superiores completamente corrompidos.

Esto debe estar ligado al no pago de la deuda pública y a la nacionalización de los bancos, del comercio exterior, de los recursos estratégicos de la economía bajo control de los trabajadores, así como la estatización bajo gestión de los trabajadores de todas las grandes empresas de infraestructura, para que la crisis la paguen los capitalistas.







Temas relacionados

Jair Bolsonaro   /    Sergio Moro   /    Lava Jato   /    Lula da Silva   /    Brasil   /    Internacional

Comentarios

DEJAR COMENTARIO