Política Chile

LITIO

¿A quién beneficia que SQM explote el litio?

Sebastián Sichel, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, manifestó que el pacto Corfo-SQM es favorable para los intereses económicos del Estado. Sin embargo, ¿a quién beneficia verdaderamente este pacto?

Viernes 22 de junio

Durante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, el actual Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, hizo referencia al acuerdo entre la Corfo y la empresa SQM respecto a la explotación del litio, en el cual se aumentaba la cuota de explotación en el Salar de Atacama.

Manifestó que en términos monetarios el acuerdo era favorable para el Estado, debido a que ahora SQM deberá pagar más por explotar el mineral, aludiendo que el antiguo acuerdo era una burla para el Estado.

Pero realmente ¿a quién beneficia este acuerdo? Y es que todo indica que los más beneficiados siguen siendo los empresarios, que luego de ser fuertemente impugnados por casos de financiamiento ilegal de la política, hoy son premiados con la explotación del salar hasta el 2030.

La frase de Sichel no hace más que evidenciar que el Estado y sus políticos actúan como administradores de los negocios de los empresarios nacionales e imperialistas, dando distintas facilidades para estos fines, permitiendo profundizar un nicho de acumulación y el saqueo a los recursos naturales.

Sichel quiere dar a entender que este acuerdo beneficiaría al conjunto del país, incluyendo a trabajadores, pobladores y estudiantes. Nada más alejado de la realidad. Mientras los empresarios se enriquecen, el pueblo trabajador sigue viviendo con bajos salarios, pensiones hambre y sin acceso a derechos básicos como salud, educación y vivienda.

Y es que así funciona la sociedad capitalista, donde un puñado de empresarios se hacen millonarios a costa de la mayoría de la población trabajadora. La fuente de la desigualdad es la propiedad privada que ellos defienden.

Por lo mismo, la única forma que las riquezas del litio beneficien en algo al pueblo trabajadores y pobre, es mediante su nacionalización sin indemnización a los empresarios y su control por los trabajadores. Es decir, que deje de ser una fuente de riqueza para un pequeño grupo de empresarios y sus políticos amigos, y pase a ser una industria gestionada por sus trabajadores para satisfacer las necesidades del conjunto del pueblo, por ejemplo, financiando un sistema de educación estatal, gratuito y de libre acceso, o permitiendo que derecho a vivienda.






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