Economía

ACUERDO Y VERSO

A pesar de las actas firmadas, la UIA no asegura que no habrá despidos

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina Daniel Funes de Rioja sostuvo que la entidad no puede asegurar que no habrá despidos. La experiencia después del acuerdo similar firmado en mayo pasado, anticipa que puede haberlos.

Esteban Mercatante

@estebanm1870

Viernes 25 de noviembre | Edición del día

A solo un día de haber firmado el acuerdo con el gobierno y gremios para no producir despidos hasta marzo, este empieza a mostrar que tiene tanto valor como un pedazo de papel mojado. A pesar del compromiso -supuestamente- asumido por las cámaras empresarias en nombre de sus representados, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina Daniel Funes de Rioja sostuvo ayer que “la UIA no tiene facultad para obligar a las empresas a no despedir”. Con su afirmación, Funes de Rioja está anticipando que el “compromiso” de no despedir hasta marzo de 2017 no es tal cosa; es -en el mejor de los casos- una declaración de intenciones. Sus dichos, así como el desempeño que tuvo el antecedente de este acuerdo, que es el acta rubricada entre gremios y empresarios el pasado 9 de mayo a instancias del gobierno, parecen anticipar que los despidos podrán continuar sin pausa de acá hasta marzo.

Compromiso y realidad

Efectivamente, si miramos lo que ocurrió desde mayo, vemos que en el sector privado continuó la reducción de personal, aunque los empresarios habían prometido garantizar el empleo. Según se desprende de los datos relevados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en base de registros administrativos de los sistemas de la seguridad social, de los de los 73.350 empleos que llegaron a destruirse en el sector privado registrado desde que Macri asumió en diciembre (sumando al empleo no registrado fácilmente se dobla esa cifra), 32.800 se registraron a partir de mayo. Como vemos, el ritmo de despidos -que según otras estimaciones es bastante superior al calculado por Trabajo- no se ralentizó en lo más mínimo. Por si podía caber alguna duda, la negativa del gobierno a sancionar la “ley antidespidos” (que después quiso reemplazar con esta acta compromiso) apuntaba a dar vía libre a los empresarios para que se siguieran desprendiendo de personal.

¿Esta vez será diferente?

No hay motivos, entonces, para esperar que este nuevo acuerdo firmado el miércoles opere como un freno a los despidos. Más aún considerando que la economía sigue mostrando “brotes secos”, y ningún brote verde. A pesar de las expectativas del gobierno, el consumo sigue cayendo sin indicios de revertirse, y los indicadores de reactivación no llegan a casi ningún sector fuera del agro. Si a pesar de esto la caída del empleo registrado en el sector privado detuvo en junio su caída y se registra un aumento de 25.700 puestos de trabajo en julio y agosto (siempre según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial), la ausencia de reactivación no permite asegurar que esta débil recuperación vaya a sostenerse. El bimestre julio-agosto coincide con el momento en que asomaron algunos supuestos brotes verdes (en la construcción y la inversión) que después no fueron tales. Tenemos que creerle entonces a Funes de Rioja: a pesar del compromiso de no despedir tomado por las cámaras, las patronales tienen igual las manos libres para despedir. Y es probable que lo hagan.

La “reconversión productiva”, eufemismo para la destrucción de empleo

Por si los antecedentes de estos meses no bastaran para descreer de la promesa empresarial, a esto se agrega la novedad de que es el propio gobierno el que hizo circular un plan que incluye fondos oficiales para “reconvertir” empleos, un eufemismo para hablar de despidos. Según dio a conocer el periodista de Ámbito Mariano Martin, el llamado Plan de Transformación Productiva dispondrá de un monto de 1.200 millones de pesos para subsidiar indemnizaciones por eventuales despidos en aquellos sectores industriales que se verán afectados por la baja de aranceles a las importaciones que el gobierno dispuso para marzo de 2017. Lejos de frenar los despidos, el plan del gobierno apunta a profundizarlos en nombre de la “reconversión” productiva.

Sobran los motivos para un paro nacional

A cambio de un bono de fin de año, de este “compromiso” de no despedir y de la declaración de la “emergencia social”, la CGT (que en el medio se aseguró casi $1.000 millones extra para las obras sociales) y los movimientos nucleados en la CTEP le garantizan al gobierno un fin de año en paz. Un año que termina con una primer fase del ajuste cumplida; aunque es cierto que lo logrado está por detrás de los objetivos iniciales del gobierno, que tuvo que moderar sus objetivos por las muestras de descontento y atisbos de resistencia que se colaron a pesar de la colaboración de las distintas alas del peronismo y el inmovilismo de la burocracia sindical, que apenas si lanzó dos movilizaciones sin paro. Y es menos de lo que pedían los empresarios, que siguen dudando del plan de Macri.
No es firmando compromisos con las cámaras empresarias como se va frenar los despidos, sino poniendo en movimiento la fuerza de los trabajadores para pelear por recuperar lo perdido. Un paro nacional para pelear contra los despidos, por un salario acorde a la canasta familiar para todos los trabajadores, contra el empleo en negro y las leyes de flexibilización. Esto exige en primer lugar enfrentar a las conducciones sindicalistas cegetistas, que prestan gobernabilidad al gobierno y paz social a los empresarios a cambio de gestos que, lo ha dicho Funes de Rioja, no comprometen a nada.




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