Política

MOVILIZACIÓN

A las calles contra el ajuste y la criminalización de la protesta social

El Gobierno apuesta a que el ajuste pase y se prepara para reprimir. El jueves organismos de derechos humanos, sociales y la izquierda marcharán por la libertad de quienes fueron detenidos luego de la represión del 14 y el 18D.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Martes 9 de enero | Edición del día

Las importantes movilizaciones contra el saqueo a los jubilados, son la base del Gobierno para incrementar la criminalización de la protesta social. Persigue judicialmente a militantes de la izquierda y pretende instalar en la opinión pública, que ha surgido un grupo de “violentos” que buscan la desestabilización del Gobierno. Sin embargo, hablan de violencia quienes son responsables de la muerte de dos jóvenes y de usar todo los resortes del Estado para encubrir esos crímenes.

Este jueves habrá una movilización para rechazar la creciente criminalización de la protesta social, para exigir la libertad de los militantes detenidos luego de la represión por la reforma previsional y para denunciar la impunidad a los genocidas.

Mentiras oficiales

El 2017 será recordado como un trágico año para los luchadores, para los que defienden los derechos de los oprimidos y explotados. Dos jóvenes que luchaban por los reclamos del pueblo mapuche perdieron la vida en el marco de las represiones ordenadas desde el Poder Ejecutivo.

Santiago Maldonado desapareció el 1° de agosto, después de una brutal represión ejercida por Gendarmería y ordenada por el Ministerio de Seguridad. Durante los 79 días que estuvo desaparecido, la ministra Patricia Bullrich y los voceros de la Gendarmería mintieron en reiteradas ocasiones.

En el transcurso de los días, con las investigaciones de la querella y organismos de derechos humanos, muchas de esas mentiras quedaron expuestas públicamente.
Mintieron cuando dijeron que los gendarmes no habían ingresado en la comunidad mapuche Pu Lof en Cushamen. Fotos y videos rápidamente mostraron lo contrario. Ahí quedó retratado el gendarme Emmanuel Echazú, recientemente ascendido por la ministra Patricia Bullrich, hoy incluido en la causa judicial como uno de los posibles responsables por la desaparición y muerte de Santiago.

El video que mostraba a los gendarmes disparando contra la comunidad vino también a desmentir los dichos de la ministra. Ese crimen continúa impune.

El mismo día que velaban a Santiago Maldonado, y en el marco de la campaña del Gobierno y la prensa oficialista contra la comunidad mapuche, un prefecto asesinó por la espalda a Rafael Nahuel, en Villa Mascardi, Bariloche.

Las mentiras de la ministra y de los principales funcionarios del Gobierno, fueron una burla. Trataron de instalar la versión que la comunidad mapuche estaba armada y disparaba contra los prefectos. En conferencia de prensa el ministro de Justicia Garavano y la ministra Bullrich sostuvieron que no necesitaban “presentar pruebas” de lo que afirmaban para justificar la represión.

La autopsia del cadáver de Rafael y los peritajes realizados en el lugar demostraron que la muerte del joven había sido resultado de un balazo calibre 9 mm. Se trata del arma reglamentaria de las fuerzas de seguridad y fueron decenas las vainas encontradas en el terreno.

En los primeros días de agosto, tres días después de desaparecido Santiago, en el marco de una movilización que reclamaba por su aparición, tuvo lugar un supuesto “escrache” a la Casa de Chubut. El gobierno denunció los destrozos como parte de la “violencia política” pero, a pesar de haber ocurrido a las 11 h y en casi pleno centro, no fue identificado ninguno de los responsables.

A pesar de eso, el mismo Ministerio de Seguridad recientemente presentó un informe donde señala que “hay indicios de que en el ataque contra la Casa de la Provincia de Chubut en Buenos Aires participaron estos grupos que respaldan a la RAM”. ¿Cuáles son? Nadie lo sabe.

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El día que sancionaron una ley a punta de pistola

El recorte del gasto público saqueando los bolsillos de los sectores más vulnerables como los jubilados, inundó de bronca el estado anímico de más del 70 % de la población.

A pesar de eso Mauricio Macri ordenó que esa ley se aprobara a como dé lugar. Y entre esas decisiones estuvo la de impedir que organizaciones obreras y populares llegaran hasta el Congreso para exigir que no se votara la ley.

Los días 14 y el 18 de diciembre el Gobierno utilizó cuatro fuerzas federales y la Policía de la Ciudad para militarizar el Congreso. Más de 3.500 uniformados estuvieron a cargo de la tarea represiva.

Fueron esos uniformados los que desalojaron la Plaza Congreso a los tiros, disparando a la cara de los manifestantes por lo cual 4 de ellos perdieron la visión de un ojo. Estos mismos uniformados dispararon a los periodistas para impedir que registraran la represión, mientras salían a “cazar” a manifestantes y detuvieron más de 40 personas.

Después vino el turno de la Justicia. Días después del saludo navideño de Macri, donde este se quejó diciendo que “no puede ser que esa gente sea liberada a las 48 horas”.

Tal vez Macri no “supiera” que desde el 14 de diciembre permanecen cinco personas detenidas. Varios de ellas, incluso, ni siquiera asistieron a la marcha.

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El juez federal Sergio Torres escuchó el reclamo de Macri y ordenó la detención de dos militantes del Partido Obrero. El 29 de diciembre los militantes se presentaron ante la Justicia. César Arakaki fue detenido y trasladado al penal de Marcos Paz. El otro militante tuvo que ser liberado porque demostró que ese día no se movilizó. Ayer el juez Torres confirmó la orden de captura de otro militante de esa organización, Dimas Fernando Ponce, mostrando que crece la criminalización de la protesta social.

Respondiendo a esas acusaciones, la abogada de los militantes, Claudia Ferrero, presentó pruebas fotográficas de que las agresiones a policías que se imputa a sus defendidos son falsas.

El Gobierno se prepara, los trabajadores también

Luego de la brutal represión del 18 de diciembre donde gastaron todas las balas de goma e incluso los cartuchos que estaban vencidos, el Gobierno inició una licitación para comprar 15 millones de postas de goma.

Macri tiene previsto para el mes de febrero que el Congreso trate la reforma laboral. Para ese mes solicitó que le entreguen parte de lo licitado: 10.500.00 postas de goma.

Mauricio Macri y el resto del Poder Ejecutivo tienen en claro que la ley no pasa sin represión.

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Las organizaciones obreras, los partidos de izquierda y los organismos de derechos humanos también tienen en claro que deberán movilizarse para que el gobierno no avancen contra los derechos adquiridos.

Por eso están convocando para hoy a las 11.30 horas una conferencia de prensa del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en el Hotel Bauen. Allí denunciaran la escalada represiva del gobierno de Macri y convocarán a la marcha del próximo jueves 11 que a las 17 horas saldrá desde el Congreso.

Entre los principales puntos de la marcha está la exigencia de cárcel común y efectiva para los genocidas y la libertad inmediata y cierre de las causas de todos los luchadores sociales presos y perseguidos.

El Gobierno intentará imponer su agenda represiva para saquear los bolsillos de los trabajadores. Las jornadas del 14 y 18 de diciembre demostraron que los trabajadores están dispuestos de defender sus conquistas. Participar de la marcha del próximo jueves está dentro de la agenda de luchar contra las medidas del Gobierno.

El Frente de Izquierda es una de las fuerzas convocantes. Ayer se conoció un spot donde Nicolás del Caño, diputado nacional de esa fuerza, llamar a participar de la marcha.








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