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CUBA

A 60 años de la Revolución cubana

El 60 aniversario de la revolución se da en el marco del cambio de Constitución de la República y de la salida del Gobierno de la generación del 59. Qué significan estos cambios para la isla y las conquistas revolucionarias.

Miércoles 2 de enero | 00:15

Este primero de enero se cumple el aniversario 60 de la Revolución cubana, una revolución social que por su profundidad alentó la lucha de los pueblos en todo el continente contra la dominación imperialista y la explotación capitalista. Este año tiene especial importancia porque se da en el marco de dos grandes hechos históricos: el cambio de la Constitución de la República y la salida del gobierno de la vieja generación que dirigió la Revolución.

En el primer caso, sin defender en lo más mínimo la anterior Constitución que fue sancionada en 1976 sin siquiera pasar por un parlamento electo por el pueblo y que consagró el reaccionario régimen de partido único del Partido Comunista de Cuba (PCC), la nueva “ley de leyes” implica un retroceso enorme para la economía nacionalizada, para los instrumentos que la protegen relativamente de la economía mundial capitalista, y los elementos de planificación económica, aunque burocrática, que eliminaban la ganancia como motor del aparato productivo.

Esas son las principales conquistas sociales que han posibilitado al pueblo poder contar hasta hace pocos años, a pesar del bloqueo imperialista, con pleno empleo (que ni siquiera existe en los países imperialistas más desarrollados), leche para bebés y niños hasta los 5 años además de todas las vacunas, salud y educación gratuitas en muchos casos con estándares superiores al resto de Latinoamérica (la expectativa de vida al nacer está cerca de los 80 años y se erradicó el analfabetismo ya en 1961), vivienda gratuita (que no existe en ningún lugar del planeta, aunque de condiciones visiblemente deterioradas), servicios esenciales casi gratis como agua, gas, luz y transporte (lo que tampoco existe en ningún lado, y a pesar que durante los años más críticos la luz y el transporte fueron muy afectados), entre otras. Aquellas conquistas que le imprimieron un carácter socialista a la revolución, están seriamente amenazadas con la introducción de la propiedad privada y el mercado capitalista en la nueva Constitución.

Siempre que hablamos de las conquistas sociales de la revolución (expropiación/estatización de la gran propiedad privada, monopolio del comercio exterior, centralización y planificación de la economía) las entendemos y analizamos con la relatividad de haber nacido con fuertes deformaciones respecto al programa o las medidas de la revolución obrera y socialista en contraposición a como se realizaron en los primeros años de la Revolución rusa cuando los consejos (soviets) de obreros, campesinos y soldados conducían el país; haber sufrido más tarde una degeneración por el criminal bloqueo imperialista y la brutal dependencia a la URSS y el “bloque soviético”, que sostuvo la economía cubana con inmensos subsidios pero al precio de, por ejemplo, reprimarizar la economía en torno al azúcar dentro de la falsa idea estalinista de “la división socialista internacional de la economía”; haber sido socavadas por la planificación burocrática de la economía y desde los años 90 por la introducción de reformas pro mercado que prácticamente desarticularon el monopolio del comercio exterior, fundamental para resistir a la economía mundial capitalista, debilitaron la propiedad nacionalizada y generaron una estratificación de la sociedad con sectores más acomodados, ligados al dólar, y otros mayoritarios cada vez más empobrecidos; a partir de 2010-2011 con la aplicación de los “Lineamientos económicos…” votados por el VI Congreso del PCC, vimos una profundización y extensión de estas reformas de mercado que agravan aún más la situación.

Pero a pesar de aquellos límites y de la degradación posterior que sufrieron, la economía nacionalizada, el monopolio del comercio exterior y la planificación económica (aunque burocrática), demostraron su enorme superioridad respecto a las economías capitalistas que cuentan con millones de pobres e indigentes, de desocupados, sin acceso a la salud, sin las necesidades básicas satisfechas, con una educación primaria y secundaria deplorable y sin acceso a la educación superior (y en muchos casos sigue existiendo el analfabetismo), con inmensas y crecientes favelas o villas miseria donde se hacinan decenas de millones que el sistema arrastra a la miseria. Solo basta comparar a otros países similares de la región como Haití, Jamaica, Nicaragua o incluso otros mucho más desarrollados como Brasil o Argentina para ver esta realidad.

La nueva Constitución

Cuando decimos que implica un fuerte retroceso, es porque por primera vez se otorga rango constitucional a la propiedad privada capitalista, a la inversión 100% extranjera, y abre las puertas a la “gestión” privada o mixta de medios fundamentales de producción y de servicios. La propiedad privada y la inversión extranjera ya existen parcialmente y de forma controlada por el estado desde hace años, pero solo estaba permitida por leyes y decretos específicos como la ley de Inversiones Extranjeras.

Esto significa una base mucho más sólida para el capital y más difícil revertir, dándole lo que llaman “seguridad jurídica”. Además, este marco legal superior permite al capital que hoy está limitado al turismo (la mayor entrada de divisas) y el níquel (el primer producto de exportación), extenderse y diversificarse a otras ramas de la economía, aunque en el texto se mantengan las menciones a la “irrevocabilidad del socialismo” e incluso al “objetivo final de edificar la sociedad comunista”.
Como dijimos en otros artículos, la burocracia del PCC tiene como “modelo” los casos de China y Vietnam, donde se giró al capitalismo manteniendo el régimen de partido único y un fuerte control del estado por parte de la burocracia gobernante.

Por eso también la nueva Constitución conserva las menciones a que la sociedad se basa en “la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, como forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía”, aunque ahora se agrega “que considera y regula el mercado, en función de los intereses de la sociedad” y reconoce la propiedad “privada: la que se ejerce sobre determinados medios de producción, de conformidad con lo establecido”.
Al mismo tiempo pone límites señalando que “El Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales” y luego que “La ley establece las regulaciones que garantizan su efectivo cumplimiento” (art. 22), lo que resulta suficientemente ambiguo (regula que no exista) para que el gobierno pueda determinar el grado de acumulación de capital en la rama o sector que le convenga o para tal grupo empresarial específico.

Alcances y límites de la reforma

El economista liberal Carmelo Mesa-Lago, ha estudiado durante décadas la economía cubana así como la relación con Estados Unidos. Profesor de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh desde 1999, es crítico del bloqueo yanqui a la vez exige reformas pro mercado mucho más profundas que las que impulsa la burocracia. En febrero de 2018 señalaba que “El principal problema del modelo [cubano] es proclamar, de forma ‘machacona’, que el ‘plan central’ debe prevalecer sobre el mercado y la propiedad estatal sobre la no-estatal, así como el principio de que no puede haber concentración de la riqueza y la propiedad, el cual además se aplica de manera arbitraria” (entrevista en Cubaposible.com). Estas contradicciones que desde una óptica liberal y pro capitalista, señalaba Mesa-Lago a principios de año, son similares a las que expresa el nuevo texto constitucional cuando basa la sociedad en “la propiedad socialista de todo el pueblo” y “la dirección planificada” pero introduce “la propiedad privada y el mercado”. Vemos así dos cosas, por un lado que las reformas en la Constitución van en el sentido que querría este economista liberal y por lo tanto son un grave peligro para la economía nacionalizada. Por el otro, que las reformas no son todo lo profundas, extendidas y aceleradas como él quisiera.

En otras palabras, la nueva constitución significa otro avance que abre el camino a la restauración capitalista, pero siguen existiendo límites gruesos para que el capital pueda desenvolverse libremente en Cuba como en un país capitalista. En la economía real esto se expresa claramente. Las inversiones extranjeras que persigue la burocracia desde hace más de una década y para la cual sancionaron una nueva ley que les da amplias ventajas y garantiza las ganancias a los monopolios, siguen siendo muy inferiores a las esperadas. La zona económica especial de El Mariel, un ambicioso proyecto de 900 millones de dólares que impulsó Raúl Castro de la mano de la brasilera Odebretch, ha dado hasta ahora un mínimo de resultados.

Habrá que ver si la mayor seguridad jurídica atrae mayores inversiones en los próximos meses y años, pero hasta hoy están muy por detrás de lo que quisiera la burocracia. En julio se dio a conocer la inversión privada extranjera (francesa) en el sistema ferroviario con una inversión de 46 millones de dólares, lo que podría ser significativo pero no está claro si terminará siendo un hecho aislado o la primera de otras inversiones mayores en este u otro sector de la economía.

En cuanto al sector cooperativista y el trabajo por cuenta propia, modalidades que el estado impulsó fuertemente durante el gobierno de Raúl Castro para que absorbiera la mayor parte de la mano de obra expulsada por los despidos masivos en el estado, también hay un estancamiento además de trabas “estructurales” como estar atadas “al plan” en el caso de las cooperativas, la prohibición para los profesionales de trabajar por cuenta propia o las restricciones que todavía tienen quienes ya trabajan en esta modalidad que incluye a casi 600.000 personas.

La vieja generación dejó el gobierno

En cuanto a la salida del gobierno de la dirección histórica, producida en abril, es un hecho clave porque la nueva conducción ya no cuenta con el prestigio sobre amplios sectores que defienden la Revolución (solo el PCC tiene unos 800.000 afiliados), de haber sido la generación que dirigió el proceso 60 años atrás. El nuevo Presidente, Miguel Díaz-Canel recién en los años 80 empezó a jugar un papel en las Juventudes Comunistas. Por eso ha tomado como lema central de su gobierno “somos continuidad” para ganar legitimidad.

La vieja generación, especialmente su principal figura Raúl Castro, conservó el cargo de Primer Secretario del PCC que le permite retener una fuerte cuota de poder político y también estuvo al frente de la Comisión redactora de la nueva Constitución desde su creación en 2014. Al mismo tiempo hizo todo lo posible por empoderar la figura de Díaz-Canel que siempre se ha mostrado en los actos importantes junto a lo que queda de la vieja generación. Se trata de un proceso de recambio muy delicado, como siempre señaló el propio Castro, ya que se da en el medio de los cambios económicos estructurales y ajuste sobre las masas que señalamos anteriormente, y con el telón de fondo de la agresiva presidencia Trump que ha vuelto a tensar las relaciones bilaterales y reforzar el bloqueo económico.

Hasta ahora se ha hecho de manera ordenada, ejecutado paso a paso y sin mayores sobresaltos. En la nueva Constitución se incluyeron algunos cambios en el sistema político como la reelección máxima del presidente a dos mandatos de 5 años, incorporar el cargo de Primer Ministro, la eliminación de las Asambleas Provinciales del Poder Popular y la creación del cargo de Gobernador que son propuestos por el Presidente y votados por la Asamblea Nacional; pero no se altera el régimen de partido único del PCC que sigue siendo “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” y controla todas las organizaciones de masas.

Sin embargo, el gobierno tiene por delante una difícil hoja de ruta que va desde abrir el camino a nuevas inversiones extranjeras, fundamental para los planes de la burocracia que apunta a emular los modelos chino o vietnamita, hasta la demorada unificación monetaria que implica un fenomenal ajuste sobre la masa trabajadora por la vía inflacionaria y el cierre de más empresas estatales deficitarias. A esto hay que agregar la tarea de contener a las distintas alas de la burocracia, con sectores más conservadores que ven peligrar sus intereses con el proceso de reformas y otros que quieren cambios aperturistas más rápidos y profundos. Raúl Castro los contuvo más de una década con el famoso lema “sin prisa pero sin pausa”; está por verse si Díaz-Canel puede mantener ese equilibrio interno.

Esto en el marco de las tensas relaciones con Washington y el fuerte giro a derecha en los gobiernos de la región como Bolsonaro en Brasil y el persistente debilitamiento de su casi único aliado en el continente, Nicolás Maduro. Fue significativa en este sentido la reciente gira internacional de Díaz-Canel que incluyó Rusia, China, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Francia, Reino Unido. Con Putin acordaron la participación rusa en la modernización de los ferrocarriles cubanos y otros acuerdos por unos 250 millones de dólares.

Cómo defender la Revolución

Los marxistas revolucionarios nunca negamos el derecho de Cuba a aceptar inversiones extranjeras y/o negociar con el imperialismo toda vez que sea necesario e incluso hacer concesiones. Pero combatimos y alertamos que el sentido en que lo hace la burocracia del PCC no hace más que socavar la ya debilitada economía nacionalizada, la planificación (de por sí burocrática) y el control del comercio exterior que ya desde los años 90 quedó en manos de la cúpula de las FAR que lo utiliza para hacer negocios con los capitales extranjeros como sucede en el turismo con el Grupo Gaviota, parte del holding Gaesa que entre otros negocios controla la zona franca de Mariel.

Partiendo del combate al imperialismo y cualquier agresión contra Cuba, en primer lugar al bloqueo económico que lleva casi 60 años, alertamos que la principal amenaza de restauración capitalista viene de los sectores dirigentes de la burocracia del PCC que a través de la dirección de las principales empresas, controlan la mayor parte de la economía estatal.

Por eso peleamos porque cada reforma y concesión al imperialismo y al mercado sea discutida y decidida en un marco de amplia democracia obrera donde sean los trabajadores, campesinos y sectores populares quienes propongan y decidan la marcha de la economía, pudiendo corregir y revertir cualquier medida cuando lo consideren. Todas las reformas pro mercado que se han hecho desde los años del período especial, e incluso antes, deben poder ser revisadas y modificadas total o parcialmente por los trabajadores. Se tienen que eliminar todos los privilegios de la burocracia, en particular de sus estratos más altos, que son un lastre para la economía.

Para que esto sea posible es indispensable terminar con el régimen de partido único. Un régimen diseñado para encuadrar a las masas en las políticas de la cúpula que dirigente del partido y el estado y que reprime cualquier tendencia a salir de ese encuadramiento. La única institución tolerada por la burocracia del PCC es la Iglesia, a la que no solo le da beneficios sino que le permite organizarse y ganar peso político (como se vio en el freno al matrimonio igualitario), mientras que es enemiga acérrima de la libre organización de los trabajadores y todos aquellos que siendo críticos de la burocracia, defienden las conquistas de la revolución. Lo más democrático que tiene son algunas consultas populares cuando quieren los dirigentes y que están controladas por el PCC y además las críticas y propuestas que surgen luego son filtradas por los dirigentes a su antojo como ha pasado en la última consulta para la nueva Constitución donde aceptaron los pedidos de eliminar el matrimonio igualitario pero negaron la elección directa a Presidente y Gobernadores, el aumento de salarios o el derecho a un abogado desde el momento de la detención.

Es necesario un régimen basado en las organizaciones obreras y populares que las masas construyan o recuperen para su lucha. Una amplia democracia obrera significa que haya plena libertad de organización, prensa, opinión, huelga y movilización, para todos los partidos, agrupaciones y organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles que defiendan la revolución y se reclamen antiimperialistas.
Un régimen de estas características las masas autoorganizadas y autodeterminadas cambiarán “todo lo que deba ser cambiado” pero orientado al beneficio general de la población y no del capital extranjero, de los burócratas enriquecidos o de otros sectores acomodados que se enriquecen. El norte para salir de la crisis económica no estará puesto como hasta ahora en seducir a las inversiones extranjeras que solo van a obtener ganancias extraordinarias, sino en desarrollar la lucha de los pueblos contra el capital y el imperialismo para atraer la solidaridad de sus hermanos de clase y extender la revolución al resto del continente.

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