Cultura

A 40 años de las desapariciones en la Universidad Nacional de Salta (II)

Concluimos la primera entrega de este artículo destacando la intervención de la Universidad Nacional de Salta en diciembre del `74 como el momento en el que empezó la persecución ideológica y política a trabajadores y estudiantes. En esta entrega, la segunda parte de la nota, que nos vuelve a la actualidad.

Matías Mustafá

Corresponsal Salta

Viernes 1ro de julio de 2016 | Edición del día

La intervención en la UNSa se llevó adelante a fines de http://www.laizquierdadiario.com/A-40-anos-de-las-desapariciones-en-la-Universidad-Nacional-de-Salta . El método utilizado por el interventor Villada y sus secuaces fue similar en otras universidades públicas donde avanzaba la “depuración ideológica” que la Triple A, junto a cómplices civiles, eclesiásticos y de todas las fuerzas de seguridad, llevaban adelante en el preludio del golpe de Estado de marzo del `76.

Cesantías, desapariciones, quema de libros

Para deshacerse de aquellos/as que consideraban subversivos, los interventores de la UNSa apelaron a las cesantías. Estas expulsiones anticiparon desapariciones y asesinatos. Si en la primera tanda de cesanteados fueron incluidos los “más formados intelectual y técnicamente”, en la segunda se incorporó a gran parte de los que habían firmado una solicitada en el diario salteño El Tribuno en diciembre del `74.

En la solicitada se pedía a Villada “la revisión de las cesantías producidas, que no se produzcan nuevas cesantías y que se renueven los contratos que vencen el 31 de diciembre”.

De los ciento dieciséis docentes que la firmaron, hoy 7 continúan desaparecidos: Alberto Calou, Gemma Fernández de Arcieri Boasso, Graciela Muscariello, Nora Saravia, Silvia Aramayo, Miguel Ángel Arra y Carlos García. En la UNSa hubo diez docentes, ocho estudiantes y dos administrativos desaparecidos.

Cuando sobrevino el golpe del `76, Villada fue reemplazado por el capitán Antonio Yommi y las cesantías y la persecución se intensificaron, ampliándose además el repertorio represor con la quema de libros de “contenido ideológico inconveniente”.

Responsabilidad civil

En las universidades y fábricas, gerentes, funcionarios y docentes hacían listas negras que eran entregadas a las bandas paramilitares como la Triple A.
El filósofo y docente Carlos Casalla fue Secretario Académico de la UNSa durante toda la intervención civil y parte de la intervención militar. Entre su curriculum se destaca el haberse encargado de “depurar ideológicamente” el departamento de Humanidades, dando de baja a los “docentes directamente ligados a la subversión” y revisando y promulgando “nuevos planes de estudios dejando de lado los anteriores contenidos marxistas”.

Casalla, al igual que muchos otros, se recicló con el regreso a la democracia. Pero en el 2011, fue suspendido de los cargos docentes que ocupaba en la facultad de Psicología de la UBA, luego de una gran campaña que puso el eje en su complicidad con la desaparición del profesor Miguel Angel Arra. En un post de la Juventud del PTS de esa facultad, fechado 16 de mayo de 2012, puede leerse que “quienes luchamos por el juicio y castigo a todos los responsables y cómplices, militares y civiles, del genocidio de la dictadura, no podemos permitir que en los pasillos y aulas de la facultad desfile con total impunidad un docente acusado de ser parte de los delitos de lesa humanidad.”

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos

Luego de 37 años, el 20 de diciembre de 2013 el Tribunal Oral Federal de Salta juzgó a 17 imputados por 34 crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en la provincia en la última dictadura, en la conocida como “Mega-Causa de la UNSa”. Sin embargo, a la fecha la mayor parte de los genocidas aún no han sido condenados; entre los responsables civiles prima la impunidad.

Levantar la bandera de los compañeros detenidos desaparecidos de la UNSa, de los masacrados en Palomitas, de cada uno de esos 30000 que el gobierno nacional y sus funcionarios busca poner en duda, es una lucha que continúa.

Durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, salimos a las calles contra la ley antiterrorista, contra el nombramiento de Milani como jefe del ejército, por la aparición con vida de Julio López y el joven trabajador golondrina salteño Daniel Solano. Bajo el actual gobierno PRO de Mauricio Macri, de una de las familias que por excelencia en la última dictadura se la llevaron en pala, las tareas se vuelven más fuertes.

Una lucha sin tregua que, hoy más que nunca, hay que redoblar, en cada actividad, en las aulas, en la calle.







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