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A 17 años de la masacre del puente General Belgrano (I)

Crisis política y social en la provincia. Movilizaciones y brutal represión del gobierno de la Alianza (De la Rúa-Álvarez). Dos muertos y una treintena de heridos.

Daro Alejandro Esquivel

Abogado de las víctimas de La masacre del puente General Belgrano

Viernes 16 de diciembre de 2016 | Edición del día

Pasadas las 3 de la madrugada del 17 de diciembre de 1999 la Gendarmería Nacional enviada por el gobierno de la Alianza (De la Rúa-Álvarez) –que asumiera sus funciones a tan sólo siete días– inicia una brutal represión en el puente General Belgrano, que une las provincias de Corrientes y Chaco. A las 9,15 muere el cartonero Francisco Escobar, quien se hallaba de regreso a su hogar. A las 13,15 muere Mauro Ojeda, un adolescente que había acudido al lugar en horas tempranas. Más de una treintena de heridos, registrados y no registrados en hospitales y sanatorios, completan el trágico saldo de una jornada inolvidable.

Corrientes en la tormenta política

Los trágicos hechos por los cuales se promovieran acciones judiciales en el 2001 contra el Estado Nacional y los responsables materiales e intelectuales de la sangrienta represión llevada a cabo por las fuerzas de Gendarmería Nacional contra un grupo de manifestantes que cortaban el tránsito del puente General Manuel Belgrano acontecieron cuando el gobierno de De la Rúa-Álvarez había decidido la intervención federal del Ejecutivo provincial. Unos días antes, el 11 de diciembre, el entonces Procurador Fiscal Federal Emilio Pont Riera formulaba ante el Juez Federal Carlos V. Soto Dávila el requerimiento de Instrucción formal a raíz de la toma del puente efectuada por un grupo de manifestantes representativos de distintos sectores de la comunidad que desde fines de 1998 reclamaban el cumplimiento de la agenda salarial de la administración provincial y denunciaban la crítica situación económica, social y política de la provincia.

Meses antes, el 7 de junio de 1999, alrededor de 40.000 personas habían tomado el puente General Belgrano. Dicha vía estuvo cortada varias horas y luego los manifestantes se dirigieron a la Plaza 25 de Mayo de la ciudad capitalina. Allí, en el perímetro de la plaza, ante el epicentro del poder provincial y municipal, se instalaron carpas y toldos donde referentes y representantes de los autoconvocados, sumarían voluntades a lo que se dio en llamar “el aguante”. Carpas de docentes, empleados públicos, jubilados, estudiantes y militantes partidarios, acompañados por gran parte de la sociedad y asimismo por sectores de desocupados.

Un poco de historia

A fines de 1998 había sucedido a Raúl Rolando “Tato” Romero Feris el dirigente Pedro Braillard Poccard, de la misma casta partidaria. En esa época se empiezan a sentir las primeras consecuencias fuertes del desfinanciamiento estatal, producto de una serie de endeudamientos que habían puesto a la provincia en cesación de pagos. Por primera vez grandes sectores de asalariados se manifiestan en las calles correntinas en reclamo de sus remuneraciones atrasadas, convocándose espontáneamente al margen de las estructuras sindicales. Se llaman a sí mismo “autoconvocados”.

El 14 de junio de 1999 renuncia el gabinete provincial en pleno. El 19 de junio es suspendido el gobernador por imperio del mecanismo de juicio político. Ingresa el pedido de intervención al municipio de la ciudad de Corrientes. Asume el gobierno de la provincia el vicegobernador Víctor Hugo Maidana. El 2 de julio es separado de su cargo y asume el gobierno el senador Hugo Perié dando inicio a un gobierno de coalición de partidos opositores al Partido Nuevo.

Pocos días después, el pueblo correntino vuelve a tomar el puente para exigir asistencia financiera del gobierno nacional ante el fracaso en este sentido de la coalición gobernante. Miles de personas protagonizarían una larga jornada de lucha. El puente Gral. Belgrano fue tomado el día 27 de julio y desalojado por Gendarmería Nacional al mediodía del día 28 tras una fuerte represión que dejó como saldo varios heridos. Fue el primer hecho de violencia relevante que sufrieron los autoconvocados y la primera muestra de que el gobierno de Perié no era sino “más de lo mismo”. Era evidente que los sectores populares ya no se conformaban con el mero cambio “para que nada cambie”. Exigían otro tipo de política, no gatopardista, inclusiva de las mayorías postergadas, reivindicado la necesidad de una participación ciudadana genuina y repudiando la democracia puramente nominal que para entonces había caído en crisis.

El 24 de agosto es encontrado en la vía pública el cadáver de un joven productor que participaba activamente, junto a su familia, del “aguante” en la Plaza 25 de Mayo que los autoconvocados habían antes bautizado “Plaza de la Dignidad”. Este joven, Gustavo Javier Gómez, se convertiría en símbolo y bandera de lucha contra la represión policial e institucional en Corrientes, llevándose a cabo una semana después del crimen la primera “Marcha por la Justicia” a la cual seguirían a partir de ese momento otras marchas todos los días martes por casos similares siempre con compromiso institucional.

En diciembre de 1999 los empleados públicos acumulaban un atraso salarial equivalente a más de cuatro meses. En este contexto, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) convoca a otra toma del puente a producirse el 10 de diciembre, día en que asumirían en el país la fórmula De la Rúa-Álvarez, la cual había concitado gran expectativa en un importante sector de la comunidad correntina. Quien sería nombrado ministro del Interior, Federico Storani, había presentado un proyecto de ayuda extraordinaria para la provincia de Corrientes y había gran expectativa sobre ello. Por esta razón, el corte del día 10 no fue más que “simbólico”.

Pero con el correr del tiempo los ánimos estaban muy caldeados, ya que las propuestas del gobierno nacional no llegaban. Y la tensión aumentó cuando el 13 de diciembre se anunció el desembarco de tropas de Gendarmería Nacional cuya orden era desalojar el Puente por medio del uso de la fuerza. Los correntinos ya habían tenido experiencia de represión en el puente y estaban precavidos: se colocaron vallas de cubiertas de automóviles rociadas con combustible con el objetivo de incendiarlas para contener a las fuerzas de Gendarmería el tiempo suficiente con el fin de evitar estampidas y facilitar un descenso ordenado hacia la “Plaza de la Dignidad”. La Gendarmería avanzó con alrededor de cuatrocientos hombres pero no pudo superar los vallados que se habían convertido en impresionantes llamaradas apreciables a varios kilómetros del lugar, por lo que se suspendió la orden de desalojo y empezaba a hablarse de un principio de negociación.

En medio de estas circunstancias el senado eligió un nuevo vicepresidente del cuerpo que a la sazón devendría en el nuevo gobernador provincial. Éste “nuevo gobernador”, Carlos Tomasella, había salido del Partido Liberal, en el contexto de la lábil complexión del gobierno de coalición. Por otro lado, el gobernador a cargo, el senador Hugo Perié, se negaba a abandonar el cargo con el argumento de que al ser desalojado definitivamente del poder el gobierno de Braillard Poccard–Maidana él dejaba de ser parlamentario para ser de facto gobernador interino hasta tanto fuera suplantado por un gobernador electo en las urnas. Por supuesto, ninguno de los “dos gobernadores” contaba con apoyo popular. Finalmente, la decisión política del gobierno nacional llega: la represión.

Algunos indicadores socioeconómicos de la provincia de Corrientes

Según datos de un estudio efectuado en noviembre de 1999 por la consultora Equipos de Investigación Social (Equis), dirigida por el Licenciado Artemio López, pueden resultar ilustrativos para poner de relieve el alcance de la crisis referida, que afectaba no sólo a los llamados autoconvocados sino a la sociedad correntina en su conjunto. Entre los meses de octubre de 1998 y 1999 se habían destruido 8.140 puestos de trabajo en la provincia. La tasa de desocupación trepó en ese lapso desde el 12 al 13,8 por ciento, pese a que 2.640 personas se retiraron del mercado de trabajo, desalentadas por la imposibilidad de conseguir empleo. En números absolutos había –en octubre de 1999- 44.500 desocupados en la provincia, sobre una población económicamente activa de 322.760 personas. La población total de la provincia ascendía a 909.107 habitantes. La subocupación era del 9,4 por ciento, lo cual llevaba el total de personas “con severos problemas de empleo” (desocupados y subocupados) a 74.850, es decir, el 23,2 por ciento de la población económicamente activa. Pero además, entre los ocupados, un 34,8 por ciento (69.000 trabajadores) carecía de beneficios sociales, síntoma evidente de precarización laboral y trabajo en negro, según reza el citado informe. Y el 35 por ciento de los trabajadores se desempeñaba en la administración pública. La distribución del ingreso en la provincia era una de las más regresivas del país: el 27 por ciento de la población debía conformarse con el 6,8 por ciento del ingreso, mientras que el 6,2 por ciento se apropiaba del 29,5. El 15 por ciento de la población recibía 36 pesos por mes y por persona, el privilegiado 6,2 por ciento obtenía 2.590 mensuales per cápita. Tomando el 40 por ciento más pobre de la población, su ingreso promedio era de 60 pesos por mes (la sexta peor distribución del ingreso del país en términos de regresividad).

A mediados de 1999, el Banco Mundial hizo un relevamiento sobre pobreza e indigencia en la provincia: sus resultados ubicaban al 57,3 por ciento de la población (510.975 personas) por debajo de la línea de pobreza, fijada en 490 pesos para un hogar de cuatro miembros. Debajo de la línea de indigencia, situada en 240 pesos por mes para cuatro personas estaban 150.930 personas, las cuales enfrentaban severos riesgos de alimentación y sobrevida. El 10 por ciento de la población vivía en condiciones de hacinamiento –tres o más personas por cuarto-; el 18,9 por ciento (172.000 personas) carecía de servicios sanitarios adecuados y el 8,6 por ciento (78.000 personas) habitaba “viviendas no aptas”, con paredes de chapa o cartón. La situación de la infancia era crítica, según los datos del Banco Mundial: nada menos que el 71,2 por ciento de los menores de 14 años (195.000 chicos) estaban por debajo de la línea de pobreza; el 23,4 (64.000 chicos) era indigente. En la capital correntina, 11 de cada cien chicos nacían con peso insuficiente. El porcentaje exacto era de 11,4 y pesaban menos de 2.500 gramos en el momento de su nacimiento. Era el segundo índice más elevado del país, sólo superado por la vecina Resistencia, capital de la provincia del Chaco, con 12,3.

Todo esto en el marco de una provincia con una deuda impagable de mil quinientos millones de dólares, que no podía hacer frente a las erogaciones más elementales de la administración, incluidos los sueldos de los empleados públicos, que registraban atrasos de hasta cuatro y cinco meses en la percepción de sus haberes. Por supuesto que la situación de Corrientes se enmarcaba en el contexto de la crisis socioeconómica de la Argentina, agudizada por un proceso de ajuste estructural, profundizando la exclusión social y generando una sociedad cada vez más desigual. Nadie puede sorprenderse, entonces, que los años que transcurrieron desde 1997 a la actualidad se hayan caracterizado por un importante aumento de las protestas y movilizaciones sociales, siendo los cortes de ruta la modalidad de reclamo más elegida a lo largo de todo el país, transformándose en un canal normal y legítimo de protesta ante el evidente fracaso de los métodos tradicionales de expresión y de petición a las autoridades públicas.

La respuesta institucional a la protesta social se ha caracterizado sistemáticamente por la represión, judicialización y criminalización de los involucrados. El puente que une materialmente a Corrientes y Chaco no sólo es una vía de comunicación o una obra arquitectónica; simbólicamente, además, reunió a dos modos presuntamente distintos de hacer política –el menemismo y los sectores más conservadores de la Alianza- bajo el manto protector que significaba hacer perdurar el injusto modelo económico y social a cualquier precio, con la convertibilidad y el ajuste constante como estandartes. Demostró al mismo tiempo cual sería la tónica de la administración delarruista al responder a conflictos similares: el presidente De la Rúa inició su gobierno reprimiendo y terminó de la misma manera.







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