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A 16 años del 2001: De la Rúa y su camarilla de asesinos impunes

Una reflexión sobre la impunidad de De la Rúa y sus funcionarios, su relación con un nuevo saqueo al pueblo trabajador y la campaña mediática contra la supuesta violencia de los manifestantes.

Fernando Scolnik

@FernandoScolnik

Jueves 21 de diciembre de 2017 | 12:54

Hace exactamente 16 años, Fernando de la Rúa (de la Unión Cívica Radical, hoy en Cambiemos), se iba en helicóptero de la Casa Rosada luego de que su Gobierno asesinara a más de 30 personas que junto a miles habían salido a las calles a enfrentar una política económica que condenaba al hambre y la desocupación a millones, entregaba el país al capital financiero internacional y confiscaba los ahorros con el famoso “corralito”.

16 años después, De la Rúa y su camarilla asesina están todos libres, en la más absoluta impunidad.

No solo eso: como ex presidente, al igual que Carlos Menem, Cristina Kirchner y hasta Adolfo Rodríguez Saa que gobernó una semana, cobra una jubilación de privilegio de casi $ 200.000 pesos por mes.

Impunidad y una vida llena de lujos es lo que ofrece el régimen capitalista para alguien como De la Rúa que le prestó sus servicios, incluso llenando la Plaza de Mayo de sangre.

Distintas voces en todo este tiempo han querido instalar un recuerdo banal de estos hechos, para que el ex presidente radical pase a la historia como un mandatario inepto, que no sabía gobernar y hacía el ridículo en el programa de Tinelli, buscando ocultar lo que realmente fue, alguien que declaró el estado de sitio y asesinó sin contemplación en favor del gran capital.

En este marco, estos días las pantallas de televisión están copadas no por un reclamo de justicia después de 16 años, sino por una cadena nacional del cinismo que busca condenar a un militante que este lunes arrojó una bomba de estruendo mientras dentro del Congreso Nacional se votaba una ley para que millones de jubilados sean pobres hasta morir, y miles de ellos fallezcan prematuramente por no tener los recursos necesarios para comprar medicamentos, alquilar una vivienda o tener alimentos adecuados.

Una cosa y otra están relacionadas: la impunidad a De la Rúa y sus funcionarios es la luz verde para que otros gobiernos capitalistas intenten repetir el saqueo de la Alianza.

La vida de nuestros abuelos y el reclamo de justicia por los caídos el 20 de diciembre, para la abrumadora mayoría de los medios de comunicación no valen nada. Tampoco tiene mucha importancia que la familia presidencial se haya enriquecido durante la dictadura, eso parece que no es violencia. Claro, el verdadero problema es una bomba de estruendo. Eso sí que es grave.

Es que para ellos, es grave. Porque todos los partidos del régimen capitalista y los medios de comunicación de los grupos económicos concentrados reivindican el “derecho” a saquear y hambrear al pueblo sin que haya resistencia. O, a lo sumo, que haya protestas impotentes que no puedan derrotar sus planes.

Para meterle la mano en el bolsillo a los jubilados y transferirle esa plata también con la reforma tributaria a los empresarios (como lo son muchos funcionarios del Gobierno y sus amigos) y a los gobernadores, quieren que la clase trabajadora olvide su historia, ya que todas sus conquistas, como la jornada laboral de ocho horas, fueron logradas mediante fuertes procesos de lucha de clases, por no hablar de las grandes revoluciones que durante el siglo XX expropiaron a los expropiadores capitalistas.

Sin estas luchas de la clase obrera que llevan siglos, la esclavitud asalariada sería aún más brutal de lo que es hoy en día. Eso es exactamente lo que quieren cuando hablan de “bajar el costo laboral”: esclavos sumisos que sean más baratos para que los empresarios aumenten sus tasas de ganancia.

Por eso se “indignan” cínicamente tan solo con una bomba de estruendo dentro de una movilización multitudinaria. Quieren condenar todo intento de que los esclavos se comiencen a rebelar y empiecen a escribir su propia historia. Horas después también se conoció la noticia de decenas de heridos y detenidos del Ingenio la Esperanza en la Jujuy de Gerardo Morales, donde tampoco hay derecho a manifestarse.

Por estos motivos no hay cadena nacional de repudio al saqueo que vota el Congreso, por eso se conoce el nombre de Sebastián Romero pero no el de los policías que con brutalidad atropellaron a un jubilado, pisaron con una moto a un joven, le hicieron perder un ojo a tres manifestantes con la represión, golpearon y gasearon a miles por un solo “delito”: luchar para que nuestros jubilados no sean condenados al hambre. Tampoco se difunden los nombres de los manifestantes que fueron heridos de gravedad.

Ellos saquean al pueblo, mintieron en la campaña electoral, se negaron a una consulta popular para que la reforma jubilatoria sea decidida de una forma más democrática y reprimieron al pueblo trabajador. Sin embargo, el problema parecería ser una bomba de estruendo. Repudiamos la cadena nacional del cinismo. No les reconocemos ningún derecho a opinar sobre cómo deben resistir la clase trabajadora y el pueblo pobre.








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