MUNDO OBRERO

7D: el juego de la OCA entre Macri y Moyano

El jueves pasado, en el marco de la conmoción política por las detenciones ordenadas por el juez Bonadío, el correo logró una prórroga de su licencia operativa. ¿Armisticio o paz definitiva?

Fernando Rosso

@RossoFer

Sábado 9 de diciembre de 2017 | Edición del día

En la Argentina, los 7 de diciembre (7D) parecen los días elegidos por el Estado y determinados empresarios para anunciar tempestades que nunca suceden, para sellar nuevos acuerdos más o menos turbios o para pasarse facturas por antiguas alianzas irremediablemente rotas.

El largamente anunciado “7D” del año 2012, día en que el Grupo Clarín debía presentar su plan de desinversión bajo amenaza de rayos y centellas, no pasó de una arenga “cultural” de Martín Sabatella -autoridad de aplicación de la derrumbada Ley de Medios-, en las puertas del diario. La espectacularidad aparatosa de aquella jornada, opacó a otro “7D” mucho más relevante: el que tuvo lugar en el año 2007, cuando el expresidente Néstor Kirchner dio el visto bueno a un largo anhelo de Héctor Magnetto y autorizó la fusión entre Multicanal y Cablevisión. Una medida que aumentó sustancialmente la densidad del monopolio mediático más grande del país, renovado y fortalecido bajo el gobierno de Mauricio Macri.

El juez Claudio Bonadío ocupó el centro de la escena y tuvo su propio “7D” con un festival de detenciones a miembros de la administración anterior y un pedido de desafuero a la propia expresidenta Cristina Fernández.

El viejo correo

Si el espectáculo judicial no hubiera tenido lugar, el nuevo “7D” lo protagonizaban una gran empresa que necesita aval estatal y el Gobierno. Con el condimento adicional de que en el medio se encuentra uno de los sindicalistas más poderosos de la Argentina. Los nombres propios de la trama son los de Macri, Hugo Moyano y OCA, el correo privado más importante del país, cuyo dueño en los papeles es el extravagante Patricio Farcuh.

Formalmente, este “7D” vencía la inscripción de la empresa OCA en el registro de operadores postales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El organismo concedió una prórroga para la licencia por veinte días hábiles, una decisión que fue tomada por unanimidad por sus siete directores. El ente comenzará a analizar si renueva definitivamente la licencia, sin la cual la empresa, que adeuda unos $3500 millones en impuestos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), no podría seguir operando. En el marco de la apertura del concurso de acreedores solicitado por los representantes legales de Farcuh, el Juzgado Nº 10 en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, había ordenado suspender las medidas cautelares trabadas por la Afip y otros entes recaudadores que habían embargado sus cuentas. Algunos vieron en estas dos medidas, un guiño oficial para la continuidad operativa de la compañía. Sin embargo, la última palabra la tiene el Enacom que por ahora mantiene el respirador por un mes más.

En el trasfondo de estos movimientos judiciales y administrativos se despliega un duelo político y de poder: el que protagonizan Macri y Moyano.

La carta robada

La historia que une (y separa) a Moyano y al excéntrico empresario Patricio Farcuh es demasiado íntima, a tal punto que para muchos ofició siempre como un testaferro del dirigente. El hoy dueño formal de OCA, preside además el grupo RHUO (Recursos Humanos Organizados), un conglomerado de firmas que brindan servicios varios, entre ellos, muchas actividades encuadradas en el gremio de camioneros (logística, recolección de residuos, colocación de personal eventual, entre otras). En más de doce años de relaciones mutuas, el beligerante Moyano tiene el extraño récord de no haber protagonizado jamás una mínima medida de fuerza contra las empresas de Farcuh. Incluso en aquellos lejanos días de idilio, Pablo Moyano llegó a enviar a “las empresas de la Actividad del Correo Privado” una carta solicitando la “no contratación de empresas de servicios eventuales que no den estricto cumplimiento a las normas laborales vigentes”. Proponía cuatro opciones que sí resultaban viables: Guía Laboral, una de las empresas de personal eventual de Farcuh, ocupaba el primer lugar en ese podio.En 2010 se lo vio junto a Pablo y Facundo Moyano, compartir una tribuna en un partido de la selección argentina en el mundial de Sudáfrica. "Coincidimos de casualidad", suele explicar Farcuh. Por supuesto, ¿quien no coincide con personas conocidas en un mundial en algún que otro continente? Los que conocen el mundo del fútbol, dicen que en la misma tribuna coincidieron barras de Independiente.

El joven empresario de carrera y vida vertiginosa adquirió OCA en el año 2013 y los siete mil trabajadores de la compañía se encuadran en el gremio que comandan los Moyano. Con el camionero al frente del Club Independiente, la marca de la empresa comenzó a lucir en las camisetas de los jugadores del Diablo Rojo.

Pero a mediados de 2016, Farcuh denunció que una parte del grupo gerencial no lo dejaba entrar más a “su” empresa, en el marco de un embargo trabado por la Afip y conflictos por el no pago de salarios. En febrero de este año, el empresario y Moyano protagonizaron un insólito enfrentamiento cuando Farcuh denunció que, en el marco de un allanamiento que llevaba adelante la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana, quiso reingresar a las oficinas centrales que están ubicadas en la calle La Rioja al 300 en el barrio de Balvanera y Hugo Moyano en persona lo sacó casi a las patadas. Según Farcuh, con el aval de la Policía. En mayo, un batallón de 450 gendarmes rodeó la manzana donde está la sede, por orden del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, para garantizar el reingreso del empresario. Al frente del escuadrón multitudinario de uniformados estaba el mismo el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y segundo de Patricia Bullrcih, Pablo Noceti.

Los gendarmes que acompañaron al empresario en mayo de este año

Durante casi diez meses, el Gobierno hizo la vista gorda frente a una “ocupación” protagonizada por una parte de la gerencia (con el aval de gente ligada a camioneros), en un hecho que para Farcuh era una “usurpación” y para Moyano una forma de garantizar la continuidad de la empresa, las fuentes de trabajo y el pago de salarios, frente a lo que aseguraba era una administración desastrosa del empresario. Luego para hacer cumplir una orden judicial, el Ministerio de Seguridad, envió a un ejército de gendarmes y a su frente al hombre reservado para tareas importantes (Noceti), como quedó demostrado en el caso del crimen de Santiago Maldonado.

Según informa el periodista Alejandro Bercovich en el diario BAE, el interés gubernamental va más allá de las órdenes judiciales y un sector del macrismo, encabezado por Mario Quintana, pretende desplazar a Moyano, salvar a Farcuh e impulsar una virtual fusión de OCA con el Correo Oficial.

En los últimos meses, se produjo el enfrentamiento entre Moyano y Macri por el proyecto de contrarreforma laboral. Pablo Moyano participó moderadamente de la única movilización que existió contra la reforma y habló escasos minutos. Muchos reducen la postura del moyanismo a la presión para una solución a la crisis de OCA que contemple sus intereses. Y otros ven en las amenazas de bloquear la continuidad del correo por parte del Gobierno, un apriete para que Moyano avale la contrarreforma laboral. Ambas cuestiones tienen aspectos de verdad, aunque la sangre parece no haber llegado (aún) al río.

Pero un factor que cruza toda esta historia de difusos límites entre intereses sindicales y empresarios, con ribetes de película, es el hecho de que la reforma produjo un amplio rechazo en las bases obreras y el moyanismo no quiere abandonar el rol de contención que tan bien supo ejercitar a lo largo de su trayectoria sindical. Se debate entre ocupar el papel de la resistencia para evitar desbordes por izquierda en la base obrera, y la integración que imponen los intereses del monumental aparato camionero que en muchas áreas ha cruzado el Rubicón y no queda claro de qué lado del mostrador hay que ubicarlo.

En el medio, hay siete mil puestos de trabajo del gigante postal (más otros 5 mil empleos indirectos) y millones de trabajadores de todo el país en vilo por un proyecto que, de aprobarse, avanzaría sobre los derechos laborales de todos y todas.

El nuevo “7D” pactó un armisticio momentáneo por treinta días corridos. Bajo el cielo del caluroso enero se retomarán las negociaciones y se terminará de definir si se reabren las hostilidades o se impone una pax que tenga a los Moyano como uno de los pilares de gobernabilidad del ajuste y del cada vez más áspero orden macrista.







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