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REPRESIÓN

3 años y medio de cárcel para 22 trabajadores por un piquete

Acusado todo el Comité de Empresa, la Fiscalía pide 3 años y medio de prisión a 22 trabajadores de Compañía Valenciana de Aluminio Baux (13 despedidos) por un piquete pacífico en una huelga de 2007.

Lunes 22 de mayo | 15:58

22 trabajadores de la empresa metalúrgica Compañía Valenciana de Aluminio Baux se enfrentan a un juicio por un delito de coacciones a la huelga, contemplado en el artículo 315.3 del Código Penal. Incluyendo el Comité de Empresa de 2007 al completo, los acusados ese año fueron identificados en un piquete en una de las entradas de la planta durante un conflicto laboral. Sólo 9 de ellos continúan a día de hoy trabajando en la empresa.

Uno de los trabajadores acusados que continúa en la empresa es Juanjo Ripoll, delegado de CGT, despedido en 2010 y readmitido después de que su despido fuera declarado nulo por un tribunal. Relata que aunque los esquiroles pudieran atravesar el piquete, "aquella huelga surtió efecto, días después firmaron el acuerdo con mejoras salariales, mejoras en las horas del convenio y en las bajas por enfermedad".

También señala que la denuncia “es una medida represora para que no haya más huelgas ni protestas. Desde entonces no se ha vuelto a hacer nada de eso y mira que hemos tenido negociaciones importantes y hasta EREs".

La Fiscalía, que sigue con la petición de tres años y medio de prisión, declara que “los trabajadores huelguistas formaron una cadena humana, cogidos de los brazos, que impedía materialmente el paso, sin atender a las peticiones de sus compañeros para que les dejaran pasar. Sin embargo, con ocasión de la acumulación de personas, las discusiones surgidas y pequeños forcejeos, la cadena se rompió por diferentes puntos, de manera que fue franqueada por los no huelguistas que, no obstante, fueron increpados por los acusados"

Los trabajadores recibirían meses después la denuncia hecha por la empresa, la cual inicialmente pedía la pena actual y 28.000€ de multa, ofreciendo rebajar la pena y la cuantía de la multa a cambio de que los trabajadores asumieran su responsabilidad, oferta que los trabajadores declinaron al no reconocerse como culpables de un delito.

El de estos 22 trabajadores es un claro caso de persecución y criminalización de la lucha obrera, con el objetivo de amedrentar a los trabajadores y sus organizaciones. Por ello, caso anteriores similares, como el de los 8 de Airbus, se han transformado en un símbolo de lucha por la defensa del derecho a huelga y por la derogación del artículo 315.3 del Código Penal.

En base ha este artículo se han encausado a cientos de personas, tratándose de un artículo preconstitucional que establece penas de hasta tres años de prisión para quienes “coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”, un retroceso de décadas en materia de represión laboral. Este artículo se está debatiendo en el Congreso, motivo por el que uno de los abogados de la Defensa ha pedido el aplazamiento del juicio, ya que su resultado podría depender de la votación.

Casos como el del 14N en Logroño o de Alfon el mismo día en Madrid, el de Isma y Dani, acusados de desorden público y atentado contra la autoridad a raíz de su participación en la huelga del 29M, la condena a tres años de prisión para Sergi Hernández acusado de participar en una manifestación antifascista o las detenciones del pasado viernes en Vitoria-Gasteiz son otros ejemplos que muestran la evidencia de la cruzada represiva del gobierno contra la clase obrera y la juventud que lucha por sus derechos y sus libertades.

Hoy es más necesario que nunca la más amplia unidad de la izquierda y todos los colectivos en lucha, con la finalidad de tejer una amplia red de solidaridad y la movilización exigiendo la absolución sin cargos para todos los compañeros y compañeras detenidos y el fin de las medidas liberticidas.

Esto solo será posible mediante la lucha ante la pasividad de las direcciones burocráticas por llevar adelante grandes movilizaciones que peleen por ello. Por otra parte es fundamental denunciar y plantar batalla contra el veto de la patronal al derecho de huelga en multitud de empresas y sectores.






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