Géneros y Sexualidades

GENOCIDIO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

24 de Marzo: dictadura militar y ensañamiento contra las mujeres

La política desarrollada por la última dictadura cívico militar también incluyó un particular ensañamiento contra las mujeres. Por las que ya no están, porque fue un genocidio, porque fueron 30 mil, este 24 de marzo marchamos a Plaza de Mayo junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Sol Bajar

@Sol_Bajar

Jueves 23 de marzo | Edición del día

El plan orquestado por las grandes patronales nacionales y extranjeras, los civiles y militares del último golpe de 1976, buscó disciplinar y aniquilar a miles de luchadores para su propósito de reestructuración económica, política, social, sindical y cultural del país. Un plan sistemático de exterminio esencialmente de la clase obrera, que protagonizaba una etapa de ascenso y cuestionaba el poder de los capitalistas. Para garantizar ese fin, la dictadura también buscó imponer un “disciplinamiento de género” sobre quienes eran consideradas doblemente transgresoras, tanto de los mandatos que las confinaban al mundo del hogar como del orden social y cultural que se debía conservar también con la vigencia de ese aliado histórico y fundamental del capitalismo que es el patriarcado.

Disciplinar a las mujeres

Para esos objetivos, que las mujeres asumieran su “destino natural”, como esposas y como madres, era un elemento clave. La historia ya había demostrado que cuando se ponían de pie, los movimientos de lucha se fortalecían enormenente. En medio de un proceso profundo, que también incluyó el resurgimiento del movimiento de mujeres a nivel internacional, los inicios de la última dictadura en Argentina ya señalaban, con un importante protagonismo de jóvenes y trabajadoras, la potencialidad de esa alianza.

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Fue por eso que, como señala una nota publicada en este diario por la fundadora de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, Andrea D’Atri (PTS/FIT), “la exacerbación de los roles estereotipados de género existentes en la sociedad capitalista patriarcal” constituyó una parte indispensable de esa ideología que buscaban imponer a punta de garrote. Como plantea D’Atri, “se exaltaron las funciones reproductivas y domésticas, relegando a las mujeres al espacio privado, pero otorgándoles supremacía en tanto garantes de la unidad familiar”. Al mismo tiempo, se exacerbó “el modelo dicotómico de ‘virgen o prostituta’”, resignificada en la “subversiva que transgredía la supuesta esencia femenina”.

Alejandrina Barry, hija de Susana Mata y Juan Alejandro, asesinados en 1977 tras un operativo conjunto de las fuerzas uruguayas y argentinas, cuenta que “la dictadura montó un enorme aparato de propaganda, que los militares llamaban ‘medidas de acción psicológicas’, y que colaboró en desarrollar este ensañamiento contra las mujeres”. Esa operación, afirma, consistió en “contraponer nuestra historia, como hijos e hijas de detenidos-desaparecidos, con la de la heroica lucha que iniciaban las Madres de Plaza de Mayo, sin que la dictadura pudiera decir más que ‘son unas viejas locas’. Para eso hacían estas campañas, para contraponer la lucha de las madres que buscaban a sus hijos con las mujeres que supuestamente los abandonaban. Eso fue lo que quisieron hacer con la desaparición de mi mamá, que era una militante docente muy reconocida, fundadora de la CTERA en la clandestinidad, con una enorme entrega hacia los sectores populares”.

Alejandrina, hoy militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDh) y referente del PTS/Frente de Izquierda, cuenta que “hubo toda una acción común entre los medios de la Editorial Atlántida y los marinos de la ESMA”, contra los que es querellante. “Me mostraban a mí como una nena abandonada y a mi mamá como una mujer que, en lugar de madre, era una ‘fabricadora de huérfanos’, como llegaron a publicar con miles de ejemplares”.

Voces que no callan, luchas que no cesan

La política de disciplinamiento de las mujeres contó también con la colaboración invaluable del empresariado y la jerarquía de Iglesia, y tuvo su expresión particular en los cerca de seiscientos Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en el país. Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, el 33% de los desaparecidos entre 1976 y 1983, eran mujeres y el 10% de ellas estaban embarazadas. Fue el valiente testimonio de aquellas que sobrevivieron el que permitió conocer que allí, bajo las órdenes del poder de mando, también tuvo lugar una violencia específica, de género, que fue ejercida sobre casi todas las detenidas como parte de ese plan.

La desnudez contínua, la humillación, las violaciones, los embarazos y abortos forzados y el sometimiento a la esclavitud sexual o a la pornografía, son algunas de las prácticas más comunes que surgen de los testimonios recabados por CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres) e INSEGNAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario) en su libro Grietas en el silencio. Una investigación sobre la violencia sexual. Allí también queda demostrado que a las múltiples formas de tortura que implementó la dictadura, se sumó el intento de imponer un control específico sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres detenidas.

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Pero estas formas tan atroces como sistemáticas de violencia, no fueron la única herramienta de ese “disciplinamiento de género”: a ellas se sumaron la apropiación ilegal de cientos de bebés y el posterior robo y sustitución de sus verdaderas identidades, que también contaron con la colaboración de empresarios y representantes de la curia a los que se sigue protegiendo con impunidad desde el Estado y desde la jerarquía de la Iglesia, incluído -ahora desde el Vaticano- el también denunciado Francisco Bergoglio. Como señalamos en otro avance, el financiamiento de la Iglesia por parte del Estado tiene buena parte de sus raíces en el rol que jugó esta institución durante la dictadura más sangrienta.

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María Victoria Moyano Artigas (PTS/FIT), fue una de las primeras nietas restituida, en 1987. Militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y querellante en los juicios por el Plan Sistemático de Robo de Bebés y Plan Cóndor, denuncia que “la Iglesia colaboró activamente”. Nacida en el Centro Clandestino de Detención conocido como “El Pozo” de Banfield, donde su madre María Asunción Artigas Nilo dio a luz el 25 de agosto de 1978, sostiene que “contar nuestra historia es parte de la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y por eso también este 24 de marzo tenemos que recordar que hubo instituciones nefastas, como la del Movimiento Familiar Cristiano, que participaron de la apropiación de los hijos”. Su actuación, como denuncia, “estaba acreditada por el Episcopado, y eso le permitió entregarlos en adopción con convenios que se hicieron con la Secretaría del Menor”, dice, y destaca que, en general, los apropiadores “eran dueños o personal jerárquico de grandes empresas, incluso multinacionales y familias acomodadas”, como es el caso de los gerentes de la farmacéutica alemana Bayer y de la automotriz Mercedes Benz, que hasta donó equipamiento al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó una de las principales maternidades clandestinas de la dictadura cívico militar.


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Fue un genocidio, y son crímenes de lesa humanidad

Este particular ensañamiento con las mujeres, que permaneció invisibilizado en las declaraciones recogidas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y por el llamado Juicio a las Juntas Militares, también se mantuvo oculto bajo la figura de “tormentos” o “tormentos agravados” cuando la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final abrió, en la última década, la posibilidad de enjuiciar a civiles y militares.

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Es por eso que que la abogada querellante en diversas causas de lesa humanidad, Myriam Bregman (PTS/Frente de Izquierda), sostuvo ya durante el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, que “la violencia sexual implementada como parte del terrorismo de Estado” también debía considerarse como un crimen de lesa humanidad e integrarse por lo tanto “en la figura de genocidio”, por ser parte indispensable de ese plan.

Como diputada nacional, Bregman también insistió sobre estos hechos al exigir la aprobación en el Congreso de un proyecto en el que propuso la apertura de todos los archivos de la represión, que permanecen ocultos y en manos del Estado sin que ningún gobierno constitucional se haya dispuesto a publicarlos. “A los únicos que ha favorecido esta situación es a los que participaron del genocidio, civiles y militares. Queremos que los archivos se hagan públicos para quebrar este pilar de la impunidad que rige desde la dictadura hasta el día de hoy”, dijo en aquella oportunidad la actual precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Según el último Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dependiente del Ministerio Público Fiscal, sólo 750 de los imputados fueron condenados a la fecha: poco más de un genocida por Centro Clandestino de Detención. Entre ellos, sobresalen agentes de las fuerzas represivas, algunos pocos representantes de la Iglesia Católica y prácticamente ningún responsable civil. Aunque sentaron un importante precedente, únicamente un puñado de esos juicios consideró a partir del año 2010, casi 35 años después, que aquellas vejaciones, abusos y violaciones contra la integridad de las mujeres eran delitos imprescriptibles de lesa humanidad. De acuerdo al Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina. Balance 2016, hubo “18 sentencias que han conducido a la condena de 78 imputados” por este motivo. Un claro mensaje de impunidad y disciplinamiento por parte del Estado que se perpetúa también hoy ante otras formas de violencia que sufrimos las mujeres.

En la primera fila, contra la impunidad de ayer y la impunidad de hoy

A 41 años, la gran mayoría de los civiles y militares que impulsaron el golpe siguen impunes, las fuerzas represivas del Estado continúan repletas de genocidas en funciones, los empresarios que se beneficiaron directamente con el plan económico de la dictadura siguen acumulando ganancias y favores de los gobiernos de turno, la Iglesia mantiene su silencio igual que su financiamiento del Estado y gran parte de los 400 hijos e hijas ilegalmente apropiados desconoce su identidad. A tal punto se garantizó la impunidad que, con el kichnerismo, el genocida Milani terminó al frente del ejército y así, ahora con el gobierno de Cambiemos, se llegó a negar incluso que nuestros desaparecidos y desaparecidas fueron 30 mil, en un claro intento de relegitimar a las fuerzas represivas para imponer, como sea, los planes de ajuste. Sólo la lucha y la movilización incansable de quienes se mantuvieron independientes de todos estos sectores permitió que se condenara a los que hoy están presos.

Para avanzar en la organización de un gran movimiento de mujeres, la lucha contra la impunidad de ayer y contra la impunidad de hoy también tiene que ser parte de las banderas que las mujeres levantemos en alto. Este 24 de marzo, las miles de jóvenes, estudiantes, trabajadoras ocupadas y desocupadas, profesionales y amas de casa, que el pasado 8 de marzo salimos a las calles para decir #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos, tenemos que sumar nuestra voz y estar en primera fila. Para que en todas las plazas del país, la tierra tiemble de nuevo, desde Pan y Rosas y el PTS en el Frente de Izquierda, te invitamos a hacer propia esta bandera y a marchar junto al Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, que integran decenas de organizaciones que durante todas estas décadas mantuvieron viva la lucha por el juicio, castigo y la cárcel común para todos los genocidas.








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