Géneros y Sexualidades

INVESTIGACIÓN - GENOCIDIO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

A 42 años del golpe: el disciplinamiento de género de la dictadura en Argentina

La última dictadura cívico militar desarrolló un particular ensañamiento contra las mujeres. Así lo denuncian, entre otras, referentes como Myriam Bregman y las hijas de detenidos-desaparecidos Alejandrina Barry y Victoria Moyano Artigas. Un Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reconoce la validez de su denuncia. Testimonios de lucha hacia un 24 de marzo que no solamente convoca a una cita de honor. Hablamos también del desafío de avanzar en la organización de un gran movimiento de mujeres que levante como propia la tradición de lucha contra la impunidad, de ayer y de hoy.

Sol Bajar

@Sol_Bajar

Lunes 19 de marzo | 00:00

El reconocimiento de la dictadura como genocida, así como de su carácter cívico-militar, es una conquista de la lucha que mantuvieron durante décadas militantes y organismos de derechos humanos comprometidos en la pelea contra la impunidad. Más allá de sus límites, los juicios que aún siguen en curso y los genocidas que se lograron encarcelar, son una muestra de ese rol fundamental.

El último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, sobre el que volveremos más abajo, señala que hasta la fecha fueron sentenciadas por este motivo 966 personas, de las que 856 recibieron condena. Sólo en un puñado de casos se contempló que los abusos y violaciones contra la integridad de las mujeres también fueron parte del plan genocida.

Aunque se habla poco de este tema, la pelea porque esos crímenes y vejaciones se consideren como delitos imprescriptibles de lesa humanidad, también han sido bandera y motivo de denuncia de quienes batallaron todos estos años por llevar a la cárcel común a todos los genocidas. La abogada y diputada porteña Myriam Bregman, querellante en varias de estas causas, señaló este aspecto ya durante el juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz, donde advirtió que “la violencia sexual implementada como parte del terrorismo de Estado” también debía considerarse como constitutiva de ese plan, que orquestaron las grandes patronales nacionales y extranjeras, los civiles y militares del último golpe de 1976. Pese a ello, recién en 2010 se consiguió que en algunos casos esos crímenes se reconocieran como tales, y tiene una explicación.

Disciplinar a las mujeres

Para avanzar en la reestructuración económica, política, social, sindical y cultural del país, el plan genocida buscó disciplinar y aniquilar a la clase obrera que protagonizaba una etapa de ascenso y cuestionaba el poder de los grandes capitalistas. Para garantizarlo, también intentó imponer un “disciplinamiento de género” y desarrolló un particular ensañamiento sobre quienes eran consideradas doblemente transgresoras, tanto de los mandatos que las confinaban al mundo del hogar como del orden social que se debía conservar con la vigencia de ese aliado histórico y fundamental del capitalismo, que es el patriarcado.

Que ellas asumieran su “destino natural”, como esposas y como madres, era un elemento clave para esos fines. La historia ya había demostrado que cuando las mujeres se ponían de pie, los movimientos de lucha se fortalecían enormemente. En medio de un proceso profundo, que también incluyó el resurgimiento del movimiento de mujeres a nivel internacional, los inicios de la última dictadura en Argentina ya señalaban, con un importante protagonismo de jóvenes y trabajadoras, la potencialidad de esa alianza.

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No es casual, por eso, que la exaltación de los roles asignados socialmente a varones y mujeres fuera también parte indispensable de esa ideología que buscaban imponer a punta de garrote. Para fortalecer la valoración del mundo privado-femenino, de las tareas del hogar, el cuidado y la crianza, la dictadura condenó con particular ensañamiento a las que cuestionaban con su práctica esos mandatos y roles. El modelo dicotómico que valora a las mujeres como “vírgenes o prostitutas”, como si estos fueran sinónimos de “buenas” o “malas” mujeres, sirvió para sostener así su teoría de “la subversiva” como aquella que transgredía la supuesta esencia femenina.

Como denunció la periodista Marta Dillon a comienzos de febrero, en el juicio en el que testificó por la desaparición de su mamá, “cuando se acusaba a las Madres de Plaza de Mayo de no haber cuidado lo suficiente a sus hijos, lo que se estaba diciendo es que las mujeres tenían que ser delegadas del control del terrorismo de Estado. Cuando a nuestras madres se las acusaba de haber elegido la militancia por encima del cuidado de sus hijos, se intentaba reponer a las mujeres en el lugar de sumisión”.

"¿Qué pasó?"

Alejandrina Barry, hija de Susana Mata y Juan Alejandro, asesinados en 1977 tras un operativo conjunto de las fuerzas uruguayas y argentinas, cuenta que “la dictadura montó un enorme aparato de propaganda, que los militares llamaban ‘medidas de acción psicológicas’, y que colaboró en desarrollar este ensañamiento contra las mujeres”. Esa operación, afirma, consistió en “contraponer nuestra historia, como hijos e hijas de detenidos-desaparecidos, con la de la heroica lucha que iniciaban las Madres de Plaza de Mayo, sin que la dictadura pudiera decir más que ‘son unas viejas locas’".

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Alejandrina, hoy militante junto a Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDh) y referente del PTS/Frente de Izquierda, detalla también que “hubo toda una acción común entre los medios de la Editorial Atlántida y los marinos de la ESMA”, contra los que es querellante. “Me mostraban a mí como una nena abandonada y a mi mamá como una mujer que, en lugar de madre, era una ‘fabricadora de huérfanos’, como llegaron a publicar con miles de ejemplares”. "Para eso hacían estas campañas, para contraponer la lucha de quienes buscaban a sus hijos con las mujeres que supuestamente los abandonaban, para demonizar su militancia y mostrar al Ejército como ‘salvador’, para justificar su accionar genocida. Eso fue lo que quisieron hacer con la desaparición de mi mamá, que era una militante docente muy reconocida, fundadora de la CTERA en la clandestinidad, con una enorme entrega hacia los sectores populares”, afirma.

Voces que no callan, luchas que no cesan

La política de disciplinamiento de las mujeres contó también con la colaboración invaluable del empresariado y la jerarquía de Iglesia, y tuvo su expresión particular en los cerca de seiscientos Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en el país. Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, el 33% de los desaparecidos entre 1976 y 1983, eran mujeres y el 10% de ellas estaban embarazadas. Fue el valiente testimonio de aquellas que sobrevivieron el que permitió conocer que allí, bajo las órdenes del poder de mando, también tuvo lugar una violencia específica, de género, que fue ejercida sobre casi todas las detenidas como parte de ese plan.

La desnudez contínua, la humillación, las violaciones, los embarazos y abortos forzados y el sometimiento a la esclavitud sexual o a la pornografía, son algunas de las prácticas más comunes que surgen de los testimonios recabados por CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres) e INSEGNAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario) en su libro Grietas en el silencio. Una investigación sobre la violencia sexual. Allí también queda demostrado que a las múltiples formas de tortura que implementó la dictadura, se sumó el intento de imponer un control específico sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres detenidas.

Pero estas formas tan atroces como sistemáticas de violencia, no fueron la única herramienta de ese “disciplinamiento de género”: a ellas se sumaron la apropiación ilegal de cientos de bebés y el posterior robo y sustitución de sus verdaderas identidades, que también contaron con la colaboración de empresarios y representantes de la curia a los que se sigue protegiendo con impunidad desde el Estado y desde la jerarquía de la Iglesia, incluído -ahora desde el Vaticano- el también denunciado Francisco Bergoglio.

Como señalamos en otra nota publicada en La Izquierda Diario, el financiamiento de la Iglesia por parte del Estado tiene buena parte de sus raíces en el rol que jugó esta institución durante la dictadura más sangrienta. Es por eso que los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra presentaron recientemente en el Congreso Nacional un proyecto de ley que exige la derogación de los diversos decretos de la dictadura que garantizan ese financiamiento directo por parte del Estado.

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María Victoria Moyano Artigas (PTS/FIT), fue una de las primeras nietas restituida, en 1987. Militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y querellante en los juicios por el Plan Sistemático de Robo de Bebés y Plan Cóndor, denuncia que “la Iglesia colaboró activamente”.

Nacida en el Centro Clandestino de Detención conocido como “El Pozo” de Banfield, donde su mamá María Asunción Artigas Nilo dio a luz el 25 de agosto de 1978, Victoria sostiene que “contar nuestra historia es parte de la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y por eso también este 24 de marzo tenemos que recordar que hubo instituciones nefastas, como la del Movimiento Familiar Cristiano, que participaron de la apropiación de los hijos”. Su actuación, afirma, “estaba acreditada por el Episcopado, y eso le permitió entregarlos en adopción con convenios que se hicieron con la Secretaría del Menor”, cuenta, y destaca que, en general, los apropiadores “eran dueños o personal jerárquico de grandes empresas, incluso multinacionales y familias acomodadas”, como es el caso de los gerentes de la farmacéutica alemana Bayer y de la automotriz Mercedes Benz, que hasta donó equipamiento al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó una de las principales maternidades clandestinas de la dictadura cívico militar.

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Hoy, Victoria integra el equipo jurídico que lleva adelante la causa de la Madre de Plaza de Mayo Mirta Baravalle para recuperar a su nieto. “Tenemos mucha historia juntas y la impunidad es tan grande que ahora que yo tengo una hija, estoy ayudando a que Mirta recupere a su nieto o nieta”, cuenta.

Fue un genocidio, y son crímenes de lesa humanidad

Este particular ensañamiento con las mujeres, que permaneció invisibilizado en las declaraciones recogidas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y por el llamado Juicio a las Juntas Militares, también se mantuvo oculto bajo la figura de “tormentos” o “tormentos agravados” cuando la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final abrió, en la última década, la posibilidad de enjuiciar a civiles y militares.

Es por eso que que la abogada querellante en diversas causas de lesa humanidad, Myriam Bregman (PTS/Frente de Izquierda), sostuvo ya durante el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, que “la violencia sexual implementada como parte del terrorismo de Estado” también debía considerarse como un crimen de lesa humanidad e integrarse por lo tanto “en la figura de genocidio”, por ser parte indispensable de ese plan.

Como diputada nacional, Bregman también insistió sobre estos hechos al exigir la aprobación en el Congreso de un proyecto que presentó junto al diputado Nicolás del Caño, en el que propuso la apertura de todos los archivos de la represión que permanecen ocultos y en manos del Estado, sin que ningún gobierno constitucional se haya dispuesto a publicarlos. “A los únicos que ha favorecido esta situación es a los que participaron del genocidio, civiles y militares. Queremos que los archivos se hagan públicos para quebrar este pilar de la impunidad que rige desde la dictadura hasta el día de hoy”, dijo en aquella oportunidad.

Según el último Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dependiente del Ministerio Público Fiscal, hasta diciembre de 2017 fueron “1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos". De ese total, 499 personas fallecieron antes de recibir sentencia, mientras que 856 personas (poco más de un genocida por Centro Clandestino de Detención) fueron condenadas. Entre ellos sobresalen agentes de las fuerzas represivas, algunos pocos representantes de la Iglesia Católica y prácticamente ningún responsable civil. Como señalamos, aunque sentaron un importante precedente, únicamente un puñado de esos juicios consideró que aquellas vejaciones, abusos y violaciones cometidas contra la integridad de las mujeres eran delitos imprescriptibles de lesa humanidad.

Un informe sobre violencia sexual y de género publicado, también recientemente publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, detalla que por esos delitos fueron condenadas unas 95 personas (dos mujeres y 93 varones), en causas que involucraron a 99 víctimas (67 mujeres y 22 varones), aproximadamente un 20 por ciento del total de casos de violencia sexual, según los registros del organismo. Un claro mensaje de impunidad y disciplinamiento por parte del Estado que se perpetúa también hoy ante otras formas de violencia que sufrimos las mujeres.

Otro dato revelador que aportan los informes de la Procuraduría es el que señala que, del total de los detenidos, 549 están bajo arresto domiciliario. Según esta misma fuente, tras el reaccionario fallo de la Corte Suprema de Justicia, que admitió el uso de la Ley 24.390 para calcular el tiempo de detención (el “fallo 2x1”, como se lo conoció), son al menos 118 las solicitudes que se realizaron para obtener un nuevo cómputo de pena o directamente la excarcelación. Una muestra más de que incluso los derechos conquistados, como el de los juicios y la cárcel común para los genocidas, deben defenderse todos los días con la movilización en las calles y confiando sólo en las propias fuerzas.

En la primera fila, contra la impunidad de ayer y la impunidad de hoy

A 42 años, la gran mayoría de los civiles y militares que impulsaron el golpe siguen impunes, las fuerzas represivas del Estado continúan repletas de genocidas en funciones, los empresarios que se beneficiaron directamente con el plan económico de la dictadura siguen acumulando ganancias y favores de los gobiernos de turno, la Iglesia mantiene su silencio y sigue encubriendo a los apropiadores con el financiamiento del Estado, que se garantiza gobierno tras gobierno, y gran parte de los 400 hijos e hijas ilegalmente apropiados desconoce todavía cuál es su identidad. A tal punto se garantizó la impunidad que, bajo el gobierno anterior, el genocida Milani terminó al frente del Ejército, y luego con Cambiemos se llegó a negar incluso que los desaparecidos y desaparecidas hayan sido 30 mil, en un claro intento de relegitimar a las fuerzas represivas del Estado para imponer, como sea, los planes de ajuste, tarifazos y despidos que requiere su plan.

Sólo la lucha y la movilización en las calles permitieron que se condenara por genocidas a los que hoy están presos. Esa misma lucha fue la que mantuvo viva la pelea contra la impunidad que se continúa hoy. Así sucedió cuando la Corte Suprema de Justicia dictó el 2x1 a los genocidas; cuando se concedió la prisión domiciliaria para Miguel Etchecolatz; cuando fue el crimen de Estado que acabó con la vida de Santiago Maldonado; cuando se reivindicó el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura y se defendió efusivamente el gatillo fácil y la “doctrina Chocobar”; cuando en el Congreso Nacional votaron - represión mediante- el saqueo a los jubilados.

Las destacadas luchas contra los despidos que hoy tienen como protagonistas a valientes mujeres, como las enfermeras del Posadas, de los ingenios azucareros de Jujuy, de la educación, de Ferrobaires, y el multitudinario 8 de marzo, en el que decenas de miles salimos a las calles para exigir nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito, contra la violencia machista y por los derechos de las trabajadoras, tienen el desafío de continuar este 24 de marzo, a 42 años del golpe genocida, con una nueva y masiva manifestación de conciencia, con decenas de miles en las calles, para que en todas las plazas del país la tierra tiemble de nuevo.

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Se trata no solamente de una cita de honor, sino también del importante desafío de avanzar en la organización de un gran movimiento de mujeres que levante como propia la tradición de lucha por el juicio, el castigo y la cárcel común para todos los genocidas; la exigencia de apertura de los archivos de la dictadura cívico militar y de restitución inmediata de la identidad para los cientos de niños y niñas que fueron apropiadas; el reclamo de derogación de todas las leyes y decretos de la dictadura que garantizan el financiamiento directo del Estado para la Iglesia Católica y de su inmediata separación. Demandas que hacen a la pelea contra la impunidad de ayer y contra la impunidad de hoy, y por lo tanto también a los destinos y las formas que adquiera ese movimiento que comenzó a desarrollarse en junio de 2015, con el primer Ni Una Menos.

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