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21D: Que la CUP impulse una candidatura para defender el resultado del 1O con un programa anticapitalista

Ante las cada vez mayores muestras de recule y aceptación de los límites constitucionales impuestos por el 155 y la Judicatura de parte del PDeCAT y ERC, la CUP tiene la responsabilidad de dar voz a quienes quieren seguir luchando por la República con un programa anticapitalista.

Miércoles 15 de noviembre | 19:37

Edició català

El Supremo busca forzar una rendición incondicional de la dirección del procés

Las medidas impuestas por el Tribunal Supremo contra los miembros independentistas de la Mesa del Parlament se han querido presentar como una desescalada por parte del Régimen del 78. El no haberlos enviado a prisión es vendido como un paso de la Judicatura en favor de la distensión, que podría hacerse extensivo al resto de los detenidos si el Alto Tribunal se hace con todas las causas.

Sin embargo, la “doctrina del Supremo”, aunque diferente a la de la jueza Lamela de la Audiencia Nacional, es parte del golpe institucional del 155. Como si se tratara de un tribunal inquisitorial, la condición para excarcelar es que haya “arrepentimiento” y “propósito de enmienda”. Esto decir, que se reconozca que no se debería haber cruzado la línea de proclamar la república y que se debe abandonar toda nueva tentativa de ejercer el derecho a decidir por fuera del marco constitucional.

El Estado español ha puesto en marcha una ofensiva autoritaria sin precedentes. Ha intervenido, disuelto y encarcelado a las instituciones catalanas y ha abierto centenares de causas judiciales. Todo para garantizar que las elecciones impuestas del 21D se lleven adelante en su terreno: que los agentes que participen se ciñan a la Constitución del 78 y las sentencias del Tribunal Constitucional.

Catalunya es el laboratorio de una restauración reaccionaria del Régimen del 78, en clave recentralizadora y basada en una forma de gobernar apoyada en los jueces, fiscales y policías. Una restauración que, como ya ha anunciado el PP, se quiere plasmar en una reforma constitucional regresiva que ya empieza a ejecutarse en otras zonas del Estado, como con la intervención de Montoro sobre el Ayuntamiento de Madrid.

PDeCAT y ERC acatan los marcos constitucionales para la siguiente legislatura

Las direcciones del PdeCAT y ERC están mandando cada vez más señales de que “captan el mensaje”. “Autocríticas” hablando de la imposibilidad de llevar adelante la república, por parte de Marta Pascal, o el mal manejo de los “tiempos políticos”, por Artur Mas, vienen a justificar que el objetivo de hacer efectiva la voluntad mayoritaria del pueblo catalán expresada el 1-O debe abandonarse por un tiempo. Algunos, como Ana Simón de ERC, ya han dejado claro que en la próxima legislatura queda descartada la vía unilateral. El diputado Joan Tardà ha negado incluso que haya una mayoría de catalanes partidarios de la república y Oriol Junqueras, en una carta a la militancia, se suma a ese mutismo sobre el día después y anima a buscar alianzas con los “comunes”, quienes equiparan la república con el 155

La dirección del “procesisme” abandona el barco con excusas poco creíbles. Que el Estado español iba a reaccionar represivamente no podía pillar de sorpresa a nadie, y que la UE se iba a poner de su lado solo podía sorprender a aquellos que niegan el carácter reaccionario de esta institución que no dudó en aplastar al pueblo griego y deja morir a miles de refugiados en el mediterráneo.

Los Puigdemont y Junqueras dicen haberse dado de todo esto cuenta ahora, cuando han sentido el golpe represivo en sus propias carnes, pero lo cierto es que no tomaron medida alguna para enfrentar lo previsible. ¿Por “ingenuidad”? No. Como ha manifestado abiertamente Puigdemont, porque para enfrentarlo era necesaria llamar a una movilización que trascendía con creces el modelo de manifestaciones pacíficas que han impuesto desde 2012 (que en las últimas semanas fueron cuestionadas en jornadas de lucha como el 1-O, el 3-O o el 8N).

Los representantes políticos de la burguesía y pequeñoburguesía catalana temían más a una gran movilización social que defendiera la república catalana recién proclamada -con huelgas, ocupaciones de edificios públicos y puntos estratégicos, control territorial- que a la represión del Estado español. Por eso prefirieron entregar la Generalitat y las Consellerias, aceptar las elecciones del 21D y hasta acatar los juicios políticos, unos desde prisión y otros desde Bélgica.

El recule de estos días de la dirección soberanista es parte de todo esto. Algo que ayuda directamente al bloque monárquico, para intentar desmoralizar al electorado y a la base social del movimiento independentista. Se busca domesticar por arriba y desactivar por abajo, para seguir con la ofensiva represiva en forma de multas, juicios y nuevos encarcelamientos contra el activismo y las formaciones que no asuman el nuevo orden de cosas, como ya anunció Zoido contra quienes participaron de los cortes de carretera el 8N.

Por una candidatura anticapitalista con representantes de quienes sí se proponen luchar y defender una república de los trabajadores y el pueblo

El movimiento soberanista de conjunto ha asumido las elecciones del 21D como una oportunidad para mostrar el rechazo al 155. Es muy posible que así sea, sin embargo, la nueva “hoja de ruta” del PDeCAT y ERC, a la que se suman también las direcciones de la ANC y Omnium, puede conducir a una victoria del soberanismo en las urnas pero para recuperar una Generalitat encadenada por la amenaza de un nuevo 155, los juicios políticos pendientes y el siempre vigilante TC.

La CUP decidió este domingo presentar una “candidatura independiente, anticapitalista y por la ruptura” a las elecciones del 21D, sin dejar de reconocer su carácter ilegítimo e impuesto. Según lo acordado en su asamblea esa candidatura pretendía estar abierta a quienes compartan esta perspectiva. Sin embargo, finalmente el Secretariado Nacional ha presentado unas listas cerradas para el refrendo telemático de su militancia.

Aún a pesar de que el plazo para presentar las candidaturas cierra en pocos días, desde la CRT considerábamos que se deberían hacer todos los esfuerzos necesarios para que en esas listas pudieran tener cabida representantes del activismo que ha puesto en pie los Comités de Defensa de la República, que ha sido parte de las ocupaciones de escuelas el 1-O, de los sectores de trabajadores que pararon el 3-O y el 8N, de los maestros y maestras que están enfrentando la represión en la educación, los trabajadores de TV3 que han promovido la desobediencia al 155.

El 21D es necesaria una lista que exprese desde su composición a quienes el 1-O, el 3-O y el 8N “pusieron el cuerpo” y “pararon el país” en defensa del referéndum, de su resultado y de la república. La lucha del pueblo catalán por su independencia ha estado muy por delante de su dirección, que hoy abandona el combate generando desconcierto y desbandada. La CUP tiene la responsabilidad y el desafío, como principal fuerza de la izquierda independentista, de dar expresión política a estos sectores.

Pero no puede hacerse reeditando la misma política que también el resultado del “procesisme” ha puesto en cuestión, la de la mano extendida hacia aquellos que vacilaron a la hora de efectivizar el resultado del 1-O, que después lo “proclamaron” y se negaron abiertamente a defenderlo y han dejado que la represión del Estado español avance sin resistencia. Una política que ha conducido a una subordinación a la dirección del “procés” y a su “hoja de ruta”, que desde el 3-O se centró en intentar frenar el desarrollo de una movilización independiente de los sectores populares.

El golpe institucional y sus consecuencias no podrá ser derrotado exclusivamente desde unas urnas impuestas por Rajoy y Felipe VI. Extender y profundizar la autoorganización, por medio de los CDR en barrios, pero también universidades y centros de trabajo, la resistencia de los trabajadores públicos contra el 155 y las injerencias que se preparan para más adelante y la movilización social, es una pieza fundamental para poder realmente derrotar esta ofensiva. Una candidatura como la que estamos hablando debería estar puesta al servicio de desarrollar este programa de acción y lucha.

Por una candidatura anticapitalista que defienda un programa que unifique las demandas democráticas y sociales

Cinco años de “procesisme” y casi dos meses de una movilización histórica han demostrado que los representantes políticos de la burguesía y pequeñoburguesía catalana no están dispuestos a impulsar las fuerzas sociales necesarias para poder conquistar una república independiente en ruptura con el Régimen del 78 y la Corona. Esta lección fundamental debe explicarse abiertamente al movimiento independentista, tanto para combatir la desmoralización que el recule va a generar en miles, como para abrir paso a la lucha porque la hegemonía de este movimiento pase a los sectores obreros y populares, desde los que poder articular una dirección alternativa.

Un fin de esta magnitud debe contar con los medios necesarios para su realización. Y no son otros que la movilización y la autoorganización de la clase trabajadora y los sectores populares. Para ello es necesario que la candidatura que presente la izquierda independentista plantee un programa que, además de recoger todas las demandas democráticas contra la represión y por la libertad y desprocesamiento de los presos políticos y la lucha por la república, incorpore y ligue medidas que resuelvan los grandes problemas sociales como el paro, la precariedad, la pobreza o el desmantelamiento de los servicios públicos.

Para sumar a los importantes sectores de la clase trabajadora que no han sido parte del movimiento independentista, y a los que Cs, el PP y el PSC quieren ganar para la causa monárquica, es imprescindible que la CUP abra el debate sobre qué república catalana es por la que se quiere pelear: si la de Puigdemont y Junqueras, los “padrinos” de los ajustes en Catalunya, o una de los trabajadores, la juventud y los sectores populares.

Para ello hay que recuperar la lucha por un proceso constituyente verdaderamente libre y soberano -y no el maniatado que proponía la Ley de Transitoriedad- ligado a un programa que incluya demandas como el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial, la prohibición de los despidos, la nacionalización bajo control obrero de la banca, las empresas estratégicas, las privatizadas y aquellas que quieran despedir o precarizar, la expropiación de las viviendas de los especuladores o impuestos a las grandes fortunas con los que financiar la educación y la sanidad, entre otras.

Una candidatura de este tipo podría servir para dar expresión política y reagrupar a una gran parte de los miles que han hecho su experiencia con la dirección del ’proces’ y buscan extraer las lecciones necesarias para proseguir la lucha por la república y por una transformación social más profunda. Desde la CRT estaríamos dispuestos a ser parte del mismo, de la misma manera que hemos sido parte de este profundo movimiento democrático, desde la defensa de lucha por una república catalana socialista y la pelea por la confluencia en una lucha común con los trabajadores del resto del Estado contra la Corona y el Régimen del 78, para nosotros la única política que puede garantizar la paz entre los pueblos y sentar las bases de una libre federación de repúblicas socialistas en la península ibérica.








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